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El Grupo Socialista del Parlamento Europeo, a través de su portavoz, el diputado alemán del SPD, Willi Birkelbach, expuso su posición ante la petición española de preparar las negociaciones que hicieran posible una asociación con la Comunidad Económica Europea, en un debate que se produjo el 29 de marzo de 1962. Este artículo versa sobre los argumentos socialistas. Birkelbach fue un destacado miembro del Parlamento europeo gracias al Informe que lleva su nombre, de enero de 1962, en el que se establecía el requisito imprescindible de ser un estado democrático para poder ingresar en la CEE.
El 9 de febrero de 1962 el ministro de Exteriores español dirigió una carta a su homólogo francés y presidente en ejercicio del Consejo de Ministros de los seis países miembros de la CEE, en la que solicitaba la apertura de negociaciones con objeto de examinar la posible vinculación de España con la CEE en la forma que resultase más conveniente para los “recíprocos intereses”. En la carta se aludía a la vocación europea de España, confirmada por la Historia, sin olvidar la importancia de la posición geográfica del país y sus relaciones con los países americanos.
El 29 de marzo, justo el mismo día que en Estrasburgo se conmemoraba el quinto aniversario del Tratado de Roma (25 de marzo de 1957), que creó el Mercado Común se produjo el debate sobre la petición española. Birkelbach, ante la petición española de entablar negociaciones que hicieran posible una asociación con la CEE y más tarde, llegado el caso, poder ser miembro de la misma, preguntó si el Consejo de Ministros y la Comisión iban a tomar en consideración dicha petición que procedía, según sus palabras, de un régimen cuya ideología política y cuyos métodos estaban en pugna con la concepción y con la estructura de la CEE. En nuestro artículo, insistimos, nos vamos a centrar exclusivamente en los argumentos del grupo socialista.
El diputado explicó que los sindicatos libres y los cristianos de las seis naciones de la CE se habían pronunciado inmediatamente y con gran energía en declaraciones públicas y en cartas al Consejo de Ministros contra la aceptación de semejantes negociaciones. Los partidos socialistas de dichos países, por su parte, habían adoptado la misma posición, así como el grupo socialista del Parlamento.
La postura socialista se basaba, siempre según su portavoz, en la letra y espíritu del Tratado de Roma, en cuyo preámbulo se decía que los firmantes estaban resueltos a reforzar cuanto preservase y consolidase la paz y la libertad, llamando a los demás pueblos de Europa que compartiesen su ideal a que se adhiriesen a su esfuerzo. El régimen imperante en España no profesaba esos ideales de preservar la libertad, y no hacía falta demostrarlo, recordando lo que habían dicho la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales libres en una declaración y en una carta los Sindicatos Cristianos.
El diputado alemán citaba también un artículo de Salvador Madariaga, relacionado con el régimen político español, donde afirmaba en relación a la libertad que en España no había prensa libre, ni parlamento en el verdadero sentido de la palabra, ni tampoco había sindicatos, era inexistente la libertad de asociación, y no existía derecho alguno de defensa contra las exacciones de la policía, de los militares o de cualquier otro organismo del régimen.
Por eso, a los socialistas europeos les parecía increíble que la CEE llegase a tomar en consideración la posibilidad de una estrecha unión con el régimen de Madrid, ya fuera en forma de asociación o permitiendo que fuera miembro de la misma.
Pero el portavoz quería evitar malas interpretaciones ante esta rotunda negativa socialista porque no tendría nada que ver con la posición que se tenía respecto al pueblo español. Europa necesitaba de España y del pueblo español. Los socialistas europeos estaban dispuestos a apoyar enérgicamente los esfuerzos materiales para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población española tan pronto como la solicitud no viniera de un régimen enemigo de la libertad con el fin de prolongar su dominio y para proteger los abusos del opresor. Pero mientras llegaba esa posibilidad los socialistas europeos reafirmaban su profunda negativa a toda clase de ayuda a un régimen enemigo de la libertad.
Es más, Birkelbach afirmaba que una relación económica más fluida con una dictadura no aportaba ninguna libertad. La admisión de España en varias organizaciones internacionales no había conducido a suavizar los mecanismos de la opresión en el país.
Pero a la negativa basada en la falta de libertades en España había que añadir otras dificultades para admitir al régimen franquista, y que tenían que ver con aspectos concretos del Tratado. Así pues, el artículo tercero del Tratado señalaba que la actividad de la Comunidad comprendía la creación de un sistema que, dentro del Mercado Común, pusiese a la competencia al abrigo de falsedades. No podía darse tal competencia, en igual condiciones, en una zona que comprendía varias naciones, si en una parte de la zona no estaba permitidos la libre expresión de opinión, la libre información y el libre acceso a las fuentes de documentación. Era imposible una igualdad de competencia si el derecho de coalición o de huelga no existía, si no había organizaciones libres, independientes del Estado.
Por su parte, en el artículo 118 se decía que sin perjuicio de las demás disposiciones del Tratado y según los objetivos generales del mismo, la Comisión tendría la misión de promover una colaboración estrecha entre los Estados miembros en lo social, muy en especial en relación con el derecho sindical y las negociaciones entre patronos y obreros. Parecía evidente que con España habría serias dificultades en este campo.
El portavoz socialista recordaba que según el artículo 238 del Tratado el acuerdo de asociación no podía establecerse sino después de haber oído la deliberación de la Asamblea del Consejo y haber tomado la decisión por unanimidad. Era evidente que eso era imposible para el caso español.
Los socialistas consideraban que parecía conveniente que la situación creada y sus consecuencias fueran explicadas con toda la publicidad posible para llamar la atención a todos los interesados porque quizás la discusión facilitase la introducción en España de modificaciones que devolviesen al pueblo español su libertad. Por fin, una actitud resuelta e inequívoca de la CEE se consideraba como la mejor ayuda que pudiera darse al pueblo español en su camino hacia Europa.
Hemos consultado el número 18 de Le Socialiste, de 19 de abril de 1962.
