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En nuestras investigaciones sobre la preocupación socialista por la sanidad e higiene nos acercamos a las vinculaciones entre médicos, política y sindicalismo a través de la opinión del doctor Julio Ortega que, en un momento trascendental de la vida española, como fue el inicio de la Segunda República, teorizó sobre la relación de los médicos con estas cuestiones en su versión socialista. Para ello, empleó El Socialista a través de un trabajo que publicó en los inicios del mes de julio de 1931, justo después de celebradas las elecciones a Cortes Constituyentes.
Ortega quería dejar claro que cuando se hablaba de “clases sanitarias” la mayoría pensaba en las agrupaciones o colectividades médicas, cuando, en realidad, era una expresión que tenía que abarcar a otras profesiones que trabajaban por la salud pública.
La segunda equivocación, para nuestro protagonista, tenía que ver que con la suposición de que los intereses sanitarios del país eran los propios de la “clase médica”. Y, en relación con esta segunda cuestión, también criticaba que se pensase que solamente determinados profesionales de dicha “clase” debían ser abogados de sus intereses en el Parlamento, y a los que tendrían que supeditar su actuación política. Si este principio se siguiese con todas las profesiones se tendrían unas Cortes de representantes de las mismas, pero que no defenderían el interés público, al que deberían supeditarse, realmente, todos los demás.
Los médicos tenían que estar en los partidos y entre los parlamentarios, pero debían llevar a las formaciones políticas donde militasen los problemas sanitarios de interés general con soluciones que fueran consecuentes con las ideologías de cada partido. Curiosamente, consideraba, y aquí rompía con las disciplinas de los partidos, que si había consenso entre los médicos de distintos grupos políticos debían unirse por encima de los mismos.
Ortega consideraba que no había un partido político que más necesitase de los médicos que el PSOE para colaborar en su programa social. Las cuestiones eran las siguientes: socialización de servicios sanitarios, seguros sociales, orientación profesional, protección e higiene del trabajo, higiene industrial, política de viviendas, reglamentación del aborto, etc.., aspectos que se habían planteado por los grupos de médicos socialistas alemanes en congresos y asambleas, destacando que en junio se había constituido la Unión Internacional de Médicos socialistas en Carlsbad.
En relación con el ámbito sindical, el doctor Ortega planteaba que se producía una discrepancia entre los médicos porque unos consideraban que la defensa de las aspiraciones y derechos de los facultativos solamente se podía realizar en el seno de los Colegios oficiales, mientras que otros creían que, precisamente, por su carácter oficial se dificultaba la libertad de acción de dicha defensa. Ortega pertenecía a este segundo grupo. Por eso, abogaba por el ingreso en las organizaciones obreras, ya que, de ese modo con el resto de trabajadores aumentaba la fuerza sindical y se afianzaban la lucha de clases y los vínculos solidarios entre todas las clases productoras, ya fueran manuales, ya de trabajo intelectual.
Los Colegios médicos habían triunfado en la creación de la previsión médica nacional, pero no se podía esperar mucho más.
Por fin, Ortega distinguía el sindicalismo médico, señalando la existencia del sindicato médico de la UGT, con las señaladas agrupaciones médicas socialistas, o con el ingreso de los médicos en el Partido Socialista. No había que confundir los dos tipos de organización, ya que los sindicatos médicos estaban para la defensa de los intereses de clase y de los trabajadores. Lo que ocurría era que, dados los fines sociales del Partido Socialista, se daban evidentes puntos de contacto entre las dos organizaciones.
Al final de sus reflexiones, Ortega animaba a los médicos y sanitarios, en general, a acercarse a la UGT, y que aquellos que acepten los principios ideológicos del socialismo hicieran lo propio en relación con el PSOE.
Nos podemos acercar al número 6988 de El Socialista, de 3 de julio de 1931.
