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Creo que una sociedad que ve crecer y campar al neofascismo (trumpista) en múltiples esferas de la misma como los cuerpos policiales, organizaciones políticas, asociaciones lobbys, en la judicatura, en medios de difusión convertidos en instrumentos de desinformación e intoxicación y sembradores de odio que, además, se alimentan económicamente de fondos públicos vía publicidad institucional, entiendo que dice muy poco bueno de un gobierno presuntamente progresista y mucho menos del ministro del ramo que, a la sazón, es el de Interior. De entrada colocar a alguien como responsable de Interior con una hoja de servicio en la judicatura con más sombras que luces y que, asimismo, fue vocal en el CGPJ a propuesta del PP pues ya me dirán entonces cómo pintaba ya la cosa. Un ministerio en el que aún perviven elementos de la cloaca de la etapa del PP de M. Rajoy y al que jamás se le sometió a un cambio profundo en sus estructuras desde el golpe de Estado de Franco y secuaces, no es un ministerio de fiar. Tan es así que ejerce de cuello de botella a la hora de derogar (totalmente) la llamada Ley Mordaza porque es mejor tener sujeta a la gente, que introduce agentes infiltrados como si de una película de Scorsese se tratase en organizaciones no violentas pero, claro está, son de izquierdas.
Luego, eso de infiltrar a agentes en empresas para destapar tramas corruptas, en Vox para destapar sus vínculos con una financiación externa más que sospechosa, o simplemente que los uniformados no coqueteen con los nazis en una concentración o, por ejemplo, en la cacería humana de Torre Pacheco. O el episodio continuado de acoso en la puerta del domicilio de la familia de Irene Montero y Pablo Iglesias siendo ambos ¡ministros en activo del mismo gobierno que este tipo llamado Marlaska, como titular del ministerio de Interior!, donde la contundencia brilló totalmente por su ausencia. Expuesto esto, como aperitivo, voy a fijar el foco en cómo se están desarrollando determinadas circunstancias, en estos momentos, para criminalizar a las personas racializadas, personas que por su color de piel o procedencia son tratadas de una forma u otra por agentes uniformados o de paisano que debieran tener una formación intelectual y moral más alta de la que están desarrollando. Poner el foco en el racismo institucional no es un maximalismo, es que como ciudadano me indigna comprobar cómo se desplaza el foco (ventana de Overton) que desde determinadas posiciones supuestamente progresistas se adoptan discursos y acciones propias de la extrema derecha. Esto indica, cuanto menos, una falta de compromiso en derechos humanos, en combatir el racismo institucional instalado en discursos que se toleran por parte de organizaciones políticas o asociaciones de un marcado carácter neofascista o neonazi. Una falta de compromiso serio que, ciertamente, salpica a todo un gobierno cuando el máximo responsable de Interior por omisión o inacción posibilita que se lleven a cabo operativos con un marcado sesgo racista aunque, obviamente, los peones de las delegaciones de Gobierno digan que van a investigar y tal, y que -bueno- que la policía actúa conforme a protocolos de proporcionalidad. Cada vez que un responsable provincial de Interior suelta una historia de este tipo uno no sabe si vive en un mundo paralelo o en una distopía. Las actuaciones policiales racistas existen aunque quieran decir lo contrario, y existen porque hay instalado un discurso social, un marco mental, de racismo estructural, de racismo institucional. No es casualidad que el último caso de Serigne Mbaye, militante de Podemos y exdiputado de la Asamblea de Madrid, producido hace dos días (26), no sea nuevo y contra la misma persona. Algo tendrá que explicar Marlaska pero de este ministro, con el bagaje de las muertes de la valla de Melilla, espero poco y lo que espero (su cese o dimisión) no se va a llevar a cabo. Es un ejemplo significativo pero que, desgraciadamente, no es el único porque a diario lo viven cientos de personas en territorio español en donde las identificaciones o las actitudes de determinados agentes sea la que debiera corresponder a un servidor público que vela por la seguridad ciudadana cuando en sus filas hay sindicatos policiales cuyos discursos son abiertamente de extrema derecha. Solo hay que hacer un seguimiento de esos sindicatos, de la representación que ostentan, y no estoy mintiendo puesto que el dato está ahí. Esto no ocurre por casualidad sino por una inacción del máximo responsable que no ha velado, a día de hoy, de la calidad democrática de los CCFFSE. Probablemente porque en cuestión de calidad democrática este ministro deja mucho que desear, tanto que no pasaría un examen básico. Cuando mantienes a gente de una etapa oscura donde se espiaron a determinadas formaciones políticas, cuando el sindicalismo policial ha virado a la extrema derecha bajo tu mandato, cuando las quejas contra las actuaciones policiales se han multiplicado, cuando esas quejas están documentadas ya que tan sólo hay que ver el comportamiento de compadreo si la cuestión se relaciona con la extrema derecha o con los movimientos sociales, sindicatos de clase u organizaciones de izquierdas donde, entonces, puedes acabar maltrecho por un uso desmedido de la fuerza aunque luego te digan que no, que eso no es así. Hay mucho por hacer, ciertamente, pero cuando no se hace porque no se actúa adecuadamente entonces alguien tendría que dar paso para que otro alguien haga de verdad. Y sin perder el foco en lo que me trae en este artículo que es articular una praxis antirracista en todas las esferas sociales, que cale profundamente, porque ser antirracista es ser antifascista y una no va sin la otra.
Se trata de derechos humanos, se trata de dignidad, se trata de no establecer sesgos discriminatorios que, por otro lado, atentan contra el artículo 14 de la CE. Pero, repito, para que ello ocurra no se pueden entablar pactos con fuerzas como Junts donde, para traspasar competencias a Cataluña en materia migratoria, había que ceder con una exposición de motivos de tufo racista habida cuenta que esta organización, a su vez, se ve asaltada por el discurso -y creciente fuerza electoral- de Aliança Catalana, una fuerza abiertamente xenófoba y racista. Así es como vamos desplazando la ventana de Overton hasta normalizar las organizaciones -y sus discursos- abiertamente racistas y xenófobas, así es como terminamos por asumir que inmigración e inseguridad van de la mano, y así es como luego se organizan cacerías humanas como las de Torre Pacheco y así es como, también, se organizan redadas, detenciones o identificaciones con sesgo racista, así es como nos creemos los blancos mejores que los negros o los moros, así es como va calando que cualquier desgracia que le pase a un migrante la tiene bien merecida porque deshumanizamos a la gente hasta despojarla de derechos básicos aun teniendo DNI español y medios propios de subsistencia. Un Estado, a través de sus instituciones y responsables respectivos, que no afronta contundentemente el racismo como un problema estructural mediante acciones no punitivas, o sea sociales, educativas o formativas, está labrando el terreno para el ascenso de las posiciones neofascistas o neonazis y, con ello, la posibilidad de gobernar todo un país. Un Estado, gobierno mediante, que no actúa con rapidez en algo tan simple como lo expuesto está dando señales de debilidad, de cobardía, de un oportunismo cortoplacista que está dando alas al enemigo. Si crías buitres no puedes creer que serán palomas torcaces. Por eso es más que necesario un pacto de Estado contra el racismo, en lugar de marcos estratégicos de inclusión, donde la derecha quedaría excluída por sí misma. Esto no va a ocurrir en esta legislatura y lo tengo claro, pero trabajar en esa dirección es ya una urgencia. Sólo entonces podremos ir viendo un poco de luz al final del túnel como forma proactiva de prevenir y corregir el rumbo fascistizado que domina a una buena parte de la sociedad, pero para ello hace falta la valentía y determinación que hasta ahora no se ha tenido. Ya no vale cambiar algo para que todo siga igual, no vale cambiar nombres sino de política de seguridad ciudadana y de las estructuras que la compone. Sólo vale transformar una política represiva por una preventiva en el que la ciudadanía sienta que su seguridad está a salvo porque hay buenos servidores públicos, buenos profesionales y no matones con placa al servicio de ideologías de odio.
