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Imagen Anna Magenta - unsplash
El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó por unanimidad en la jornada del jueves 9 de abril, la moción de Drago Verdes Canarias para realizar un análisis técnico y jurídico exhaustivo sobre el parque de viviendas y demás activos inmobiliarios de titularidad estatal gestionados por SAREB y por CASA 47 —antigua SEPES—.
El objetivo es que, a través de este análisis, y así se refleja en los acuerdos de la moción, se promuevan los instrumentos de colaboración interadministrativa con la Administración General del Estado y con las entidades gestoras para movilizar aquellos inmuebles que resulten jurídicamente viables y técnicamente aptos para su destino a vivienda protegida o alquiler asequible.
Asimismo, la propuesta plantea que se prioricen aquellos inmuebles que se encuentren en condiciones de uso inmediato o cuya rehabilitación presente viabilidad técnica y económica acreditada, favoreciendo su puesta a disposición en el menor plazo posible y evitando generar expectativas que no puedan materializarse a corto plazo.
Por otro lado, se propone que entidades públicas municipales competentes en materia de vivienda, como MUVISA, puedan asumir tareas de gestión, intermediación o puesta a disposición de viviendas conforme a criterios de interés social; además de instar a que la Administración General del Estado continúe impulsando medidas estructurales de ampliación del parque público de vivienda.
Esta propuesta presentada por Drago Verdes Canarias se enmarca en el compromiso y el trabajo que la Organización está llevando a cabo para generar herramientas útiles y efectivas que pongan freno a la emergencia habitacional en el Archipiélago. Tras esta aprobación, queda en manos del Ayuntamiento de La Laguna y del resto de instituciones competentes su puesta en marcha.
Alberto Rodríguez, concejal de Drago Verdes Canarias
Los acuerdos de la moción
El literal de los acuerdos de la moción presentada por Drago Verdes Canarias y aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna es el siguiente:
1. Instar al Gobierno de Canarias, en el marco de sus competencias en materia de vivienda, a realizar un análisis técnico y jurídico exhaustivo del parque de viviendas y demás activos inmobiliarios de titularidad estatal gestionados por SAREB y por la entidad pública empresarial CASA 47 (antigua SEPES) en la Comunidad Autónoma de Canarias, con especial atención a los ubicados en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, a fin de determinar su situación jurídica, estado de conservación y potencial aptitud para su incorporación a políticas públicas de vivienda.
2. Instar al Gobierno de Canarias a que, tras la realización del citado análisis y en base a sus conclusiones, promueva los instrumentos de colaboración interadministrativa oportunos con la Administración General del Estado y, en su caso, con las entidades gestoras correspondientes, orientados a la movilización efectiva de aquellos inmuebles que resulten jurídicamente viables y técnicamente aptos para su destino a vivienda protegida o alquiler asequible,
3. Instar al Gobierno de Canarias a que garantice la participación de los ayuntamientos afectados, y en particular del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, en el diseño y ejecución de dichos instrumentos de colaboración, facilitando que entidades públicas municipales competentes en materia de vivienda —como la Sociedad Municipal de Viviendas y de Servicios (MUVISA)— puedan asumir, cuando proceda, tareas de gestión, intermediación o puesta a disposición de viviendas conforme a criterios de interés social.
4. Instar al Gobierno de Canarias a que priorice, dentro de las actuaciones derivadas de estos instrumentos de colaboración, la incorporación al parque público de vivienda de aquellos inmuebles que se encuentren en condiciones de uso inmediato o cuya rehabilitación presente viabilidad técnica y económica acreditada, garantizando su efectiva puesta a disposición en el menor plazo posible, evitando generar expectativas que no puedan materializarse a corto plazo.
5. Instar al Gobierno de Canarias a que, en coordinación con la Administración General del Estado, continúe impulsando medidas estructurales de ampliación del parque público de vivienda, incluyendo la promoción de vivienda protegida, la movilización de vivienda vacía, la colaboración con entidades del tercer sector y el desarrollo de suelo público destinado a alquiler asequible.
