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SANTIAGO – En diciembre de 2007, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, Chile dio un paso clave en el desarrollo de las energías renovables con la entrada en operación comercial del Parque Eólico Canela I, el primero del país en inyectar energía al sistema eléctrico nacional.
Ubicado en la región de Coquimbo, el proyecto contempló la instalación de 11 aerogeneradores tipo Vestas V-82, con una capacidad de 1,65 megavatios (MW) cada uno. Su ejecución fue posible tras la aprobación de su Declaración de Impacto Ambiental (DIA), en el marco de la Ley 19 300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
A comienzos de siglo, esta instalación —con modelos importados desde Dinamarca— generó altas expectativas en torno a una matriz energética más limpia. Con el paso de los años, los parques eólicos no solo se mantuvieron, sino que aumentaron de forma sostenida. Incluso, en marzo de 2025 se inauguró el Parque Eólico Horizonte, en Taltal, Región de Antofagasta, que corresponde al más grande del país.
Ese primer impulso en Canela, liderado por la empresa Endesa—hoy parte de Enel— en conjunto con el Estado, fue clave para posicionar a Chile como un referente regional en transición energética. Sin embargo, casi dos décadas después, esas mismas turbinas pioneras están llegando al final de su vida útil. Y con eso, aparece una pregunta que ha sido anteriormente subestimada: qué hacer con sus componentes una vez que dejen de operar.
En ese sentido, Álvaro Hoffer, investigador del Centro de Transición Energética de la Universidad San Sebastián, advierte que extender la vida útil de estos proyectos ha sido una solución más bien temporal. “No resuelve de fondo qué ocurrirá con la gestión de los residuos cuando se inicie el plan de cierre”, señala, y agrega que “el foco ha estado más en prolongar la operación que en planificar adecuadamente el cierre”.
Desde la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), su directora ejecutiva, Ana Lía Rojas, señala que, más que enfrentar un “vencimiento masivo”, lo que se proyecta es una transición gradual: la primera generación de parques comenzará progresivamente a enfrentar decisiones respecto a su ciclo de vida en los próximos cinco a 10 años.
Aun así, la interrogante sobre los desechos persiste. En particular, las aspas, elaboradas en más de 65 % por materiales compuestos — entre ellos resinas y fibra de vidrio o carbono, además de adhesivos como poliuretano, poliéster, epoxi y metacrilatos— representan uno de los mayores desafíos, debido a su difícil reciclaje.
Aunque este escenario ya comienza a asomarse en el país, la regulación no ha avanzado al mismo ritmo.
En Chile, todo parque eólico debe presentar un plan de cierre ante el Servicio de Evaluación Ambiental como parte del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia), donde se detallan acciones como la desconexión de los aerogeneradores, el desmontaje de estructuras —incluidas torres y aspas—, la demolición de fundaciones y la restitución del terreno, junto con medidas de recuperación del suelo y la vegetación.
Sin embargo, más allá de su retiro físico, estas exigencias no establecen con claridad el destino final de residuos complejos, dejando abierta una de las principales incógnitas del proceso.
Un ejemplo de esto es el proyecto Parque Eólico Trumao, que contempla una vida útil de 30 años y cuyo plan de cierre considera el desmontaje de aerogeneradores, el retiro de equipos, la demolición de obras civiles y la restauración de las geoformas del terreno intervenido, en una superficie total de 87,66 hectáreas.
El expediente ambiental detalla incluso medidas de monitoreo de ruido, además de planes de mitigación, compensación y reparación de impactos. Pese al nivel de detalle que alcanza en estos aspectos, no se especifica qué ocurrirá con sus componentes una vez retirados.
Esta falta de precisión no es un problema menor, puesto que; según explica Hoffer, si bien el marco normativo chileno exige la evaluación ambiental de estos proyectos, “las exigencias actuales son adecuadas en términos generales, pero poco específicas en la práctica”.
En particular, advierte que no existen lineamientos suficientemente detallados para abordar residuos complejos como las aspas, que pueden superar las 15 toneladas por unidad.
En ese contexto, añade que el país enfrenta un desafío que ha sido largamente postergado. “No se trata de un problema emergente, sino de uno que continúa siendo subestimado”, afirma.
Pese a que en Chile es un problema que no ha sido directamente abordado por las autoridades, la falta de regulaciones claras sobre cómo proceder cuando un parque eólico llega al fin de su vida útil ha tenido consecuencias palpables en otros países de América Latina. En varias ocasiones, los principales afectados han sido comunidades indígenas que habitan territorios atractivos para la instalación de estos productores de energía verde.
En la localidad de La Guajira, en Venezuela, hoy solo persisten vestigios de lo que alguna vez fue el Parque Eólico La Guajira, un proyecto que prometía transformar la vida de las comunidades indígenas wayuú y aliviar la profunda crisis eléctrica de la región.
Sin embargo, lejos de concretarse como una solución, la iniciativa quedó inconclusa, dejando a sus habitantes en condiciones de precariedad energética.
Las estructuras permanecieron paralizadas durante años sin explicaciones claras, lo que facilitó su desmantelamiento. Diversos testimonios recogidos señalan que las turbinas fueron desvalijadas.
Este paisaje de abandono persiste hasta hoy. Precisamente, la comunidad ha comenzado a reutilizar algunas de las piezas deterioradas que han caído al suelo, empleándolas como botes improvisados para llegar a sus viviendas cuando el humedal se desborda.
Tal como advierte un estudio reciente sobre el caso venezolano, “las infraestructuras del parque aún siguen en pie, cubiertas por óxido y restos de aceite: un paisaje de la desilusión y un testimonio material del abandono”.
Este tipo de conflictos no son ajenos al caso chileno.
En los últimos años, distintas comunidades indígenas han cuestionado la instalación de proyectos eólicos en sus territorios, acusando falta de participación efectiva, impactos ambientales y decisiones tomadas sin consulta adecuada. En octubre de 2025, comunidades mapuche de la Región de Los Ríos cuestionaron al Servicio de Evaluación Ambiental por aprobar un parque eólico sin considerar sus observaciones, reabriendo el debate sobre cómo se distribuyen los costos y beneficios de la transición energética en el país que, en 2015 implementó su primera política energética de largo plazo.
En este sentido, los paisajes de Chile y el continente han sido permanentemente modificados y existe un vacío regulatorio que deja en la incertidumbre no solo a las comunidades que habitan en los alrededores, sino que también nos pone frente a un problema a gran escala, del cual advierte el experto del Centro de Transición Energética.
“Desde el punto de vista ambiental, el principal desafío radica en la disposición final de las palas, cuya complejidad no está determinada únicamente por su tamaño, sino por su composición. Las resinas termoestables que conforman su matriz son de difícil reciclado, y la fibra de vidrio, carece actualmente de métodos de reciclaje económicamente viables. Si bien la fibra de carbono, utilizada en palas de mayor dimensión, ofrece más posibilidades en ese sentido, su costo elevado es una limitante”, sostiene Hoffer.
Bajo esta explicación, es categórico al señalar que, sin una planificación adecuada, estos residuos pueden terminar en vertederos, con impactos significativos sobre el suelo.
A esta dimensión ambiental se suma una arista social que comienza a cobrar relevancia. Iván Saavedra, director del IESD y exjefe del Departamento Eléctrico de la Comisión Nacional de Energía (CNE), agrega que un manejo inadecuado del cierre puede tener consecuencias profundas en la percepción de las comunidades.
“Un mal cierre puede erosionar la legitimidad de la transición energética. Si una comunidad percibe que el proyecto generó beneficios durante su operación pero que en su fase final deja pasivos visibles, como residuos voluminosos e infraestructura abandonada, se instala una sensación de asimetría entre los beneficios y las cargas del proyecto”, explica.
En Europa, el desmantelamiento de los parques eólicos ya enfrenta medidas concretas. Desde enero de 2026, la industria, a través de WindEurope, activó un compromiso para evitar el envío de aspas a vertederos, impulsando alternativas como el coprocesamiento en cementeras y nuevas tecnologías de reciclaje.
Sin embargo, las limitaciones persisten, pues a escala global podrían acumularse cerca de 43 millones de toneladas de residuos de palas hacia 2050, según un estudio publicado en Waste Management, citado por Saavedra.
Aun así, estas determinaciones no alcanzan para abordar completamente el problema y, en Latinoamérica, el escenario es aún más incipiente. “México ha dado algunos pasos, pero las soluciones disponibles no aprovechan el valor del material y las tecnologías más avanzadas requieren infraestructura que no existe en la región”, explica Hoffer.
Brasil comienza a modelar rutas de coprocesamiento en cementeras, mientras en México el reciclaje de palas sigue siendo un reto. De todos modos, la cadena de suministro eólica latinoamericana permanece fragmentada y concentrada, lo que deja a países como Chile prácticamente sin un ecosistema industrial para enfrentar el fin de vida, agrega Saavedra.
En este contexto, el caso europeo no entrega soluciones cerradas, pero sí una oportunidad de aprendizaje: anticiparse, avanzar en regulaciones, capacidades industriales y criterios de economía circular antes de que aumente significativamente el volumen de torres obsoletas, señala Ana Lía Rojas desde Acera.
El panorama indica que Chile deberá enfrentar pronto decisiones clave sobre la gestión de residuos, en un contexto de fuerte expansión. Conforme a estadísticas de Acera, a febrero de 2026 existen 73 parques eólicos en operación (5975 MW), además de 728 MW en construcción y 4618 MW en calificación ambiental, lo que evidencia que el foco del sector sigue puesto en el crecimiento.
Entonces, ¿qué pasa con la regulación? Según Iván Saavedra, director del IESD, una de las señales más reveladoras proviene del propio Estado.
En la consulta pública de la Hoja de Ruta de Economía Circular en Energía 2026–2030, se planteó expresamente que la capacidad de reciclaje de palas “no existe en Chile”, y el Ministerio de Energía reconoció que “efectivamente las palas eólicas serán un problema futuro cuando estas cumplan su vida útil”.
El problema, así, está identificado, pero aún se aborda más como un desafío en formación que como un sistema resuelto.
A esta expresa necesidad de abarcar el problema, se suma la interrogante sobre quién financia el cierre de estos proyectos. Si bien la inversión en parques eólicos ha sido impulsada principalmente por capitales privados, no existe claridad sobre cómo se costearán los procesos de desmantelamiento ni qué rol jugará el Estado en esta etapa.
Tanto el Ministerio de Energía como el de Medioambiente no respondieron a las solicitudes de información.
“Las empresas hoy incorporan el cierre dentro de sus permisos ambientales y en la gestión de sus activos. Sin embargo, Chile aún no enfrenta procesos masivos de desmantelamiento eólico, por lo que sigue siendo un ámbito en desarrollo más que una práctica consolidada”, comenta la directora ejecutiva de Acera en alusión a que aún no existe una cadena industrial desarrollada para la valorización o reciclaje a gran escala de las aspas.
Además, existe un vacío en economía circular, pues la Ley REP no contempla a las aspas eólicas como un flujo específico, lo que deja su gestión sin un marco regulatorio, señala Saavedra.
Frente a este escenario, los expertos coinciden en la urgencia de avanzar hacia una regulación más específica.
“Es necesario desarrollar una normativa para la gestión de residuos de aerogeneradores, incorporar el análisis de ciclo de vida en los proyectos y fomentar una industria local orientada a su valorización”, plantea Hoffer.
Mientras, Saavedra agrega que este desafío debe considerar a quienes habitan los territorios. “Chile debiera avanzar en estándares de cierre más claros, trazabilidad de materiales y mecanismos que aseguren el financiamiento del proceso, incorporando además el cierre como parte de una transición justa para las comunidades”, afirma.
Más que un problema futuro, el fin de vida de los parques eólicos se instala así como una decisión pendiente: una que definirá no solo el destino de estos residuos, sino también la coherencia de una transición energética que aún no ha resuelto cómo cerrar su propio ciclo.
Este artículo se elaboró con el apoyo de Climate Tracker América Latina.
