Mercenarios de Colombia participan de crímenes de guerra en Sudán

Una concentración de tropas de las Fuerzas de Apoyo Rápido, que buscan desplazar al gobierno central en Sudán en un conflicto que dura ya más de tres años. Según Human Rights Watch, mercenarios colombianos han sido contratados para unirse a ese ejército insurgente y han participado en la captura de ciudades donde se han cometido atrocidades que califican como crímenes de guerra. Imagen: FAR

Para la organización humanitaria se trata de “una prueba más que indica que los EAU están ayudando o contribuyendo de manera sustancial a la capacidad de las FAR para cometer crímenes de guerra”, en el conflicto que opone a esa fuerza rebelde con las gubernamentales Fuerzas Armadas de Sudán (FAS).

Mausi Segun, directora de la División de África en HRW, dijo que “el reclutamiento de contratistas militares privados colombianos se suma a un creciente conjunto de evidencias de que los EAU brindan apoyo militar a las FAR, que han cometido repetidamente crímenes atroces en Sudán”.

HRW volcó sus hallazgos en un informe de 83 páginas, “De Bogotá a El Fasher: El papel de los EAU en el despliegue de militares colombianos y otras formas de respaldo a las FAR”, el cual incluyó entrevistas a mercenarios que fueron desplegados en Sudán y a exoficiales militares colombianos.

La organización verificó y geolocalizó videos que muestran a contratistas militares privados extranjeros (mercenarios), aparentemente colombianos, combatiendo en El Fasher -capital de la occidental provincia Darfur del Norte- durante la toma de la ciudad por parte de las FAR en octubre de 2025.

Los residentes de la ciudad sufrieron abusos generalizados, entre ellos asesinatos, violaciones, hambruna, y ataques selectivos contra personas con discapacidad.

Seis testigos afirmaron haber visto a combatientes extranjeros “blancos” en el lugar de los asesinatos masivos perpetrados por las FAR, quienes vestían el mismo equipo de protección que se ve en esos videos: cascos, chalecos antibalas y rodilleras.

Un contratista colombiano dijo que entrenó a reclutas de las FAR en campamentos alrededor de Nyala—utilizados por esa fuerza como su base en Darfur del Sur, alrededor de abril de 2025, y que muchos reclutas eran “niños pequeños”.

El medio colombiano La Silla Vacía también reportó que algunos contratistas habían entrenado a niños soldados de las FAR.

El derecho internacional prohíbe el reclutamiento o la utilización de menores en conflictos armados, lo que constituye un crimen de guerra cuando los niños son menores de 15 años.

La Secretaría Gneral de la ONU, según HRW, verificó 16 casos de reclutamiento de niños por parte de las FAR en 2024, e incluyó al grupo armado en la “lista de la vergüenza” de la ONU por graves violaciones contra niños en los conflictos armados.

El informe de HRW presenta pruebas que demuestran que, desde 2024, la empresa de seguridad con sede en Abu Dabi, parte de EAU, Global Security Services Group (Gssg) contrató a cientos de mercenarios colombianos que fueron desplegados en Sudán.

En ese país africano de 50 millones de habitantes combaten desde abril de 2023 las fuerzas rivales FAS y FAR, encabezadas respectivamente por el general y presidente Abdel Fattah al Burham, y por el también general Mohamed Hamdam Dagalo.

Ambos ejércitos han recibido apoyos de potencias medianas de la región, como Arabia Saudí, Egipto, Irán y Turquía que han provisto de armas a Burham, o los EAU, Etiopía y Libia (el gobierno de su zona oriental) que han respaldado a las fuerzas de Dagalo.

Desde que comenzó la guerra han muerto más de 150 000 personas en combates y asaltos a ciudades y poblados, unos 13 millones de personas han debido huir de sus hogares, dentro de Sudán o hacia los países vecinos, y gran parte de la población sobrevive en medio del hambre, el miedo y las privaciones.

Los EAU han negado rotundamente que brinden apoyo militar a las RSF, alegando que la asistencia prestada es humanitaria.

Sin embargo, el informe de HRW expone que Gssg fue fundada en 2016 por Ahmed Mohammed al-Humairi, secretario general de la Corte Presidencial de los EAU, según un informe de 2025 de The Sentry, una organización no gubernamental dedicada a la investigación.

Al-Humairi responde al vicepresidente de los EAU, el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, hermano del presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan y presidente de la Corte Presidencial.

En 2017, Al-Humairi transfirió sus acciones en Gssg a Mohamed Hamdan al-Zaabi, un socio comercial de larga data, según informó The Sentry.

Gssg se presenta como “la primera empresa de seguridad privada de los EAU en obtener una licencia de seguridad armada”. Hasta hace poco anunció que ministerios clave de los EAU eran sus clientes y que era “el único proveedor de servicios de seguridad privada armada para el gobierno de los EAU”, recuerda HRW.

Según la legislación de los EAU, las empresas de seguridad privada están obligadas a coordinar sus actividades con las autoridades del país y a garantizar que estas no entren en conflicto con otras medidas de seguridad.

HRW sostiene que el Consejo de Seguridad de la ONU debería pedir a su Grupo de Expertos sobre el Sudán que investigue a Gssg, incluido Al-Zaabi, y a otras empresas privadas, por su aparente papel de apoyo a las FAR en violación de embargos de armas dispuestos por ese Consejo.

“Las víctimas civiles están pagando el precio de la falta de voluntad para denunciar el apoyo de los EAU a las FAR, dijo Segun, y agregó que “los gobiernos deben dejar de aceptar las negativas poco creíbles de los EAU respecto a su apoyo a las RSF, y poner fin a la impunidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad en Sudán”.