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Miles de millones de personas en todo el mundo utilizan redes de comunicación que están en manos de un reducido grupo de personas, principalmente en Estados Unidos. Al alinearse la esa concentración con intereses geopolíticos, se compromete la integridad de la información y la salud de las democracias, advierte un nuevo informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Imagen: Anna Barclay / GI
“Los intereses geopolíticos y corporativos se están alineando de formas que ponen en peligro los derechos humanos, especialmente la libertad de opinión y de expresión”, afirmó la relatora especial de la ONU sobre esas libertades, la abogada británica-bangladesí Irene Khan, al presentar el informe en esta ciudad suiza.
Expuso que “miles de millones de personas en todo el mundo se comunican y acceden a información a través de plataformas digitales regidas por un pequeño grupo de oligarcas multimillonarios, radicados principalmente en Estados Unidos, pero con operaciones a escala mundial”.
“Ellos determinan quién puede hablar, qué se puede decir y dónde puede decirlo. Sin embargo, la cuestión ya no se limita a quién habla y quién no, sino que también abarca la integridad de la información y la salud y supervivencia de las democracias”, según Khan.
El documento menciona explícitamente a Elon Musk (el hombre más rico del mundo según revistas especializadas), propietario de la red X, quien se identifica públicamente como un “defensor absolutista” de la libertad de expresión y rechaza la moderación de contenidos por considerarla censura.
“Libertad de expresión es que un periodista pueda trabajar sin miedo, que un activista pueda alzar la voz sin ser etiquetado como terrorista y que las plataformas digitales rindan cuentas por el daño que causan”: Irene Khan.
El informe alerta sobre los riesgos de que una sola persona decida qué información es visible o considerada “verdadera”, especialmente cuando controla tanto la plataforma como herramientas de inteligencia artificial asociadas.
También se refiere a Mark Zuckerberg, de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads) y a los cambios abruptos anunciados en enero de 2025 para relajar las protecciones contra la incitación al odio y eliminar el programa de verificación de datos de su corporación en Estados Unidos.
Estas decisiones, tomadas sin consulta pública ni evaluación de impacto en derechos humanos, afectan a miles de millones de usuarios, según Khan.
En 2025, los ingresos anuales de Meta superaron el producto interno bruto (PIB) de 130 países, mientras que su base de usuarios mensual de 3000 millones es mayor que la población de cualquier nación.
De manera similar, la organización de inteligencia artificial OpenAI reportó ingresos que exceden el PIB de 80 países, y su herramienta ChatGPT es utilizada por casi 1000 millones de personas cada semana.
Estas cifras no son solo datos económicos, pues representan un desplazamiento del poder decisorio sobre el entorno informativo global, indica Khan.
El informe dedica un capítulo específico a la actuación del gobierno de Estados Unidos, al que acusa de promover una noción “absolutista” de la libertad de expresión que entra en conflicto con el derecho internacional de derechos humanos.
Según la relatora, Washington ha desalentado activamente a las plataformas con sede en su territorio a cumplir con requisitos de transparencia y moderación de contenidos establecidos por otros Estados o por la Unión Europea.
Más grave aún, el documento denuncia que Estados Unidos ha utilizado su poder político y comercial “a una escala que ningún otro Estado se ha atrevido antes” para castigar a otros países que intentan regular el sector digital.
Cita como ejemplos las sanciones contra un juez del Tribunal Supremo de Brasil por sus decisiones sobre plataformas digitales; presiones comerciales e interferencias políticas contra la Unión Europea en respuesta a su Ley de Servicios Digitales; y represalias contra Corea del Sur por regular los monopolios de redes sociales.
Khan advierte que algunos actores políticos están “armando la libertad de expresión” bajo el pretexto de promover un entorno abierto, retratando cualquier restricción al discurso de odio como censura.
“El discurso de odio que se permite florecer sin control no produce más libertad de expresión, sino menos”, afirma el informe, señalando que quienes son atacados por este discurso terminan siendo silenciados y excluidos de la vida pública.
Otra herramienta documentada es la criminalización de la disidencia mediante leyes antiterroristas. El informe menciona casos como normas de “financiación del terrorismo” contra periodistas en Filipinas.
También, designar como “terrorista” a todo el movimiento de protesta “Palestine Action” en el Reino Unido, y la equiparación del activismo climático no violento con el terrorismo en países de Europa occidental, América Central y el sudeste asiático.
El informe también alerta sobre el uso de nuevas tecnologías por parte de los Estados para restringir el acceso a la información: desde cortes de internet hasta el empleo de inteligencia artificial para identificar y bloquear herramientas contra la censura.
La vigilancia masiva, advierte Khan, “tiene un efecto paralizante sobre la libertad de expresión: la gente habla con menos libertad cuando sabe que está siendo vigilada”.
“Libertad de expresión es que un periodista pueda trabajar sin miedo, que un activista pueda alzar la voz sin ser etiquetado como terrorista y que las plataformas digitales rindan cuentas por el daño que causan”, sentenció Khan.
Al concluir su mandato, Khan hace un llamado a construir coaliciones multisectoriales para enfrentar intereses poderosos, crear contrapesos institucionales que resistan la captura corporativa de la libertad de expresión, y establecer regulaciones fundamentadas en derechos humanos.
