Pueblos indígenas ‘La COP30 aún no ha terminado’: los pueblos indígenas de Brasil luchan por más poder

En la lluviosa tarde del 9 de abril, miles de indígenas marcharon por el Eixo Monumental de Brasilia, la larga avenida donde tienen su sede las principales instituciones de Brasil. A lo largo de unos cuatro kilómetros, muchos caminaron descalzos sobre el hormigón mojado de la capital brasileña, reafirmando una reivindicación histórica: la demarcación de sus tierras.

Llevaban un manifiesto en el que figuraban el resto de sus reivindicaciones: la creación de “zonas libres de petróleo” y la eliminación progresiva de la producción de combustibles fósiles en Brasil.

Los pueblos indígenas siguen presionando para tener mayor influencia en la orientación de la política climática, buscando formas cada vez más eficaces de impulsar su agenda. La COP30, que tuvo lugar en la Amazonía brasileña en noviembre de 2025, fue aclamada por el gobierno como la “conferencia climática de la ONU con mayor presencia indígena de la historia”. Sin embargo, muchos de los participantes indígenas afirman que siguieron quedando al margen del proceso de toma de decisiones.

El manifiesto que se está difundiendo por Brasilia es el resultado de un grupo de trabajo creado al término de la COP30. A diferencia del enfoque verticalista de esas conferencias, los aportes de partes ajenas a las salas de negociación fueron esenciales para la elaboración del manifiesto. Se ultimó en la 22ª edición anual del Acampamento Terra Livre (ATL), en Brasilia. Este encuentro del movimiento indígena crea una ciudad temporal de escenarios, mercados y alojamientos en el corazón político de Brasil. Marcó el punto de partida de la ruta de los manifestantes el 9 de abril.

El manifiesto aborda una contradicción en la política brasileña: mientras se presenta ante el mundo como líder climático, Brasil sigue adelante con la exploración petrolera en una región de la Amazonía sensible desde el punto de vista medioambiental. Los pueblos indígenas siguen viviendo allí y llevan años exigiendo el derecho a la consulta previa. Estas comunidades afirman que, hasta ahora, se las ha ignorado.

Presencia solo en los papeles

Los pueblos indígenas se encuentran entre quienes menos contribuyen al cambio climático y, sin embargo, son quienes más sufren sus efectos. Además, desempeñan un papel fundamental a la hora de hacer frente a la crisis.

Esta perspectiva ha comenzado recientemente a introducirse en los planes climáticos —conocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC)— de los países signatarios del Acuerdo de París. El Grupo de Trabajo Internacional para los Asuntos Indígenas (IWGIA), una ONG, llevó a cabo una encuesta sobre las NDC en noviembre. La encuesta reveló que casi la mitad de las NDC actualmente en vigor reconocen el papel de los pueblos indígenas en la acción climática, lo que supone un aumento con respecto a la década anterior.

Sin embargo, el estudio de IWGIA pone de relieve una “brecha de implementación”. Aunque cada vez se menciona más a los pueblos indígenas en las NDC, tienen poca influencia en su redacción. Además, están lejos de poder aplicar sus conocimientos, su gobernanza y su liderazgo a las soluciones climáticas a nivel gubernamental.

Rosario Carmona, consultora climática de IWGIA, explica a Dialogue Earth que la mayoría de las NDC de Sudamérica reconocen el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre proyectos que afecten a sus territorios. Aun así, las NDC de Brasil obtienen una puntuación superior a la media en este aspecto: incorporan el papel que desempeñan los pueblos indígenas en la lucha contra el cambio climático, reconocen sus derechos territoriales y destacan las causas de su exclusión histórica.

“Brasil va más allá que otros países que reconocen la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, al admitir que esta vulnerabilidad es consecuencia del colonialismo y la desigualdad estructural”, afirma. “Sin embargo, no se compromete a adoptar medidas para abordar estas cuestiones”.

Insatisfecho con el plan climático de Brasil, un grupo de organizaciones elaboró unas NDC indígenas alternativas, en un intento por situar sus demandas en el centro del debate.

Las propuestas se presentaron al Ministerio de Pueblos Indígenas del gobierno brasileño en julio de 2025 y tuvieron gran influencia en la COP30: Brasil puso en marcha en la cumbre un programa para proteger las tierras indígenas, así como una iniciativa global para formalizar, de aquí a 2030, la propiedad de 160 millones de hectáreas de tierras gestionadas por comunidades tradicionales de todo el mundo.

Que se los escuche en la escena internacional sigue siendo un reto para las comunidades indígenas brasileñas. En abril, una delegación indígena de Brasil viajó a Santa Marta, en Colombia, para asistir a la Primera Conferencia para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles. En la delegación se encontraba Luene Karipuna, una líder del territorio indígena de Uaçá, en Oiapoque, en el norte de Brasil. El territorio se encuentra cerca de la costa en la que el gobierno está centrando sus esfuerzos de exploración petrolera.

A pesar de verse excluida de muchos debates oficiales, Karipuna explica a Dialogue Earth que los temas de interés indígena circulaban por los pasillos de la conferencia de Santa Marta. Varios de ellos se incluyeron en el informe final de la conferencia. “Hemos demostrado que nosotros, como pueblos indígenas, no solo exigimos una transición energética justa; estamos mostrando el camino”, afirma.

Los movimientos indígenas de Brasil se están preparando ahora para la COP31, que tendrá lugar en Turquía este mes de noviembre. Y antes de eso, las conferencias equivalentes de la ONU dedicadas a la desertificación en agosto y a la biodiversidad en octubre. Los movimientos pretenden llegar mejor preparados y con alianzas internacionales más sólidas.

“Para nosotros, la COP30 no terminó en 2025”, afirma Alana Manchineri, asesora internacional de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB). “Forma parte de una movilización en curso”.

Los pueblos indígenas, en el centro de la acción climática

Los compromisos adquiridos en las conferencias de la ONU solo se hacen realidad cuando los gobiernos los plasman en políticas públicas. Es en esta etapa, advierte Manchineri, cuando la agenda indígena puede avanzar o estancarse: “El progreso depende de la aplicación”.

En Brasil, la aplicación se canaliza a través del Plan Climático, que establece objetivos en torno a dos pilares: la mitigación, para reducir las emisiones; y la adaptación, para hacer frente a los impactos que ya se están produciendo.

El primer pilar se elaboró “a puertas cerradas”, según Martha Fellows, doctoranda de la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp) de São Paulo y asesora del Ministerio de Pueblos Indígenas. Sin embargo, tras la presión del movimiento, el gobierno fue más allá y fijó un nuevo objetivo de demarcar 4,5 millones de hectáreas para 2027.

El pilar de adaptación incluía un capítulo completo dedicado a los pueblos indígenas, en el que se los definía como “expertos en clima” capaces de “aportar soluciones adecuadas y adaptadas a sus territorios”. También destaca la diversidad cultural de los pueblos indígenas, repartidos por todos los biomas de Brasil, y la heterogeneidad de sus circunstancias.

Sobre esta base, establece objetivos para preservar sus modos de vida tradicionales frente al cambio climático. Sin embargo, también reconoce que los pueblos indígenas siguen teniendo poca influencia en la toma de decisiones, lo que limita la capacidad de las comunidades para responder a la crisis.

El poder de la gente

El pueblo avá-guaraní, del oeste del estado de Paraná, vive en esa delgada línea entre la desaparición y el poder de decidir. Así lo afirma Ilson Soares, jefe y coordinador de la Comisión Guaraní Yvyrupa de la región.

En las décadas de 1970 y 1980, la construcción de la presa hidroeléctrica de Itaipú, en la frontera entre Brasil y Paraguay, expulsó a las familias avá-guaraníes de sus tierras. En palabras de Soares, esto “borró la historia” de este pueblo. Sin embargo, afirma que, en los últimos tres años, ha observado una “mayor fuerza política” en el movimiento indígena. 

El gobierno invitó a los avá-guaraníes a negociar con la central hidroeléctrica. En un acuerdo alcanzado en marzo de 2025, la empresa matriz de la represa, Itaipú Binacional, se comprometió a adquirir 3.000 hectáreas de tierras agrícolas para que fueran demarcadas como territorios indígenas. Los avá-guaraníes habían pedido 55.000.

“Lo consideramos una pequeña victoria, lograda a costa de sangre, lucha y sudor. Es muy poco, pero es todo lo que tenemos por ahora”, afirma Soares.

En agosto de 2025, un decreto del mismo gobierno abrió un proceso de licitación para que una empresa privada gestionara los ríos Madeira, Tapajós y Tocantins en la Amazonía. No se consultó a los pueblos indígenas ni a las comunidades tradicionales que viven a orillas de estos ríos.

Durante la COP30, el gobierno prometió que no se llevaría a cabo ningún proyecto en el río sin consulta previa. Pero tan solo dos meses después, en enero, comenzaron los dragados en el Tapajós, lo que provocó protestas. Los indígenas de las comunidades que viven a orillas del río ocuparon la carretera de acceso a la terminal de carga de la multinacional Cargill, en Santarém, en el estado de Pará.

En dos semanas, el campamento pasó de 150 a 700 personas. Cobró un nuevo impulso con la llegada de una delegación del pueblo indígena munduruku, encabezada por Alessandra Korap. A finales de mes, ya había más de 1.200 personas. El 23 de febrero, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva cedió a la presión y revocó el decreto.