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Llevo tres días sin moverme del valle de Haría, en el norte de Lanzarote, a la sombra de unas palmeras en una gavia abandonada desde la que se ve el mundo con una claridad que no da ninguna redacción. La Seat Trans está aparcada en la pista de tierra con esa resignación que tiene lo que sabe que no va a ningún sitio pronto. La culpa, si hay que repartirla, es del queso de cabra que me vendió una Doña del valle, que sabe a ulaga y a cosa viva, y del malvasía seco que me cobró a precio de botella de agua con gas de Firgas en el chillout de Playa del Carmen, que es la única venganza justa que existe en esta isla contra el turismo que ella misma ha creado. El vino está fresco. El queso aguanta. Y la política canaria esta semana ha dado dos noticias que merecen quedarse aquí sentado a procesarlas con calma.
LA REGLA DE GASTO Y EL GOBIERNO QUE LLEVA SEIS AÑOS SIN CUMPLIRLA
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que se llama AIReF y que existe precisamente para decirle a los gobiernos lo que no quieren escuchar, publicó la semana pasada su último informe sobre las cuentas del Gobierno de Canarias. Dice que el Gobierno de Fernando Clavijo incumplirá la regla de gasto en 2026. También en 2027. También en 2028. También en 2029.
El incumplimiento de 2024 ya está confirmado. El de 2025 también. El gasto computable crece este año al 4,6% cuando el límite legal es el 3,5%. En 2027 se prevé que crezca al 7,2%, con un límite del 4%. Son seis años seguidos de incumplimiento previsto o confirmado, con la consejera de Hacienda del PP, Matilde Asián, al mando desde 2023.
Para corregir el incumplimiento de 2025, el Gobierno presentó un Plan Económico-Financiero 2026-2027. La AIReF analizó ese plan y concluyó que no contiene medidas suficientes para garantizar el cumplimiento de la regla. O sea: el plan para arreglar el problema no arregla el problema. El Gobierno presentó el plan. La AIReF dijo que el plan no sirve. El Gobierno sigue gobernando.
Lo que esto significa en términos prácticos es recortar cuatrocientos cuarenta y cinco millones de euros del presupuesto canario para cuadrar las cuentas del incumplimiento de 2024. Más los recortes que vendrán del incumplimiento de 2025, pendientes de confirmación del Ministerio. Y mientras tanto, el mismo Gobierno que genera esos recortes, lleva meses en Madrid exigiendo más competencias, más financiación y más respeto para Canarias.
El mismo día que la AIReF publicaba su informe, la Consejería de Sanidad publicaba que los pacientes de los hospitales públicos canarios puntúan la atención recibida con un 8,8 sobre 10. Dos notas de prensa el mismo martes: la fiscalidad dice que las cuentas van mal y el Gobierno dice que todo va muy bien. En ese intervalo vive la política canaria de esta legislatura, cómodamente instalada entre el comunicado institucional y la realidad que describe el organismo que nadie quiere leer.
EL JARDÍN MÁS CARO DE ESPAÑA
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, gobernado por Carolina Darias del PSOE, aprobó esta semana el contrato de mantenimiento de sus zonas verdes, áreas caninas y arbolado urbano. El contrato tiene una vigencia de cuatro años, con uno más opcional, y está dotado con noventa y seis millones ochocientos tres mil setecientos un euros con ochenta y tres céntimos, que es una cifra que la concejala Gemma Martínez Soliño presentó en rueda de prensa con la serenidad de quien lleva tiempo preparándose para decirla en voz alta.
El contrato anterior, el que caduca ahora, era de setenta y dos millones. El nuevo crece en veinte millones más. Abarca doscientas sesenta y cinco hectáreas de zonas ajardinadas, un ocho por ciento más que antes, con capacidad para crecer otro veinte por ciento si se amplían las zonas verdes, lo cual significa que el contrato puede encarecerse todavía más durante su vigencia sin que haga falta aprobarlo de nuevo. Son sesenta y un mil doscientos cinco árboles y palmeras. Son trescientas treinta y una personas contratadas como mínimo, de las cuales al menos un treinta por ciento deben ser personas en situación de vulnerabilidad, que es una cláusula social que suena bien en rueda de prensa, y que en la práctica significa que el Ayuntamiento externaliza la política de empleo vulnerable en la empresa de jardinería que se lleve el lote.
El Ayuntamiento destaca que Las Palmas de Gran Canaria invierte sesenta y tres euros por habitante y año en zonas verdes, frente a una media nacional de veintiséis con ocho. Casi el triple. La concejala lo presenta como un logro. Que la capital canaria gaste el triple que la media nacional en mantener el césped es, según el Ayuntamiento, una señal de ambición y compromiso con la ciudad.
Conviene recordar que el presupuesto total del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para 2026 es de trescientos ochenta y un millones de euros. El contrato de mantenimiento de zonas verdes equivale a algo más del veinticinco por ciento de ese presupuesto. Uno de cada cuatro euros del Ayuntamiento va a mantener los jardines durante los próximos cuatro años, en una ciudad donde el precio del alquiler ha subido un ochenta por ciento en la última década, donde hay barrios enteros sin asfaltar, y donde la lista de espera para una plaza en residencia de mayores se mide en años.
La concejala dijo que es un traje a medida de lo que la ciudad necesita. Puede que sí. Lo que no dijo es a quién le van a quedar las costuras.
Le doy otro trago al malvasía. El valle de Haría tiene esa quietud de los sitios que llevan mucho tiempo viendo pasar las cosas. Las palmeras no se mueven. La Seat Trans tampoco. Y en Las Palmas, en el Parlamento, en los despachos con moqueta y nota de prensa de turno, el Gobierno autonómico incumple la regla de gasto seis años seguidos y publica que los hospitales sacan un ocho con ocho, mientras el Ayuntamiento aprueba el contrato de jardinería más caro de España, y lo llama compromiso con la ciudad.
El alisio sopla. Como siempre, a favor de los mismos.
Carmelo "Melo" D.H. es periodista. Fue periodista. Sigue siéndolo, aunque esta semana el Don de Agua de Bueyes ha resumido el estado del archipiélago mejor que cualquier portavoz del Gobierno: con queso, sin micrófonos y sin pedir nada a cambio.
