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Este domingo, 30 de agosto, Canarias vuelve la mirada hacia una de las páginas más dolorosas y, durante demasiado tiempo, silenciadas de nuestra historia reciente: la de los menores robados y sus familias. Una jornada establecida por la Ley 13/2019, de 25 de abril, sobre los menores robados en la Comunidad Autónoma de Canarias, que fija esta fecha como Día en Memoria de los Menores Robados y sus Familias, con el objetivo de mantener vivo el recuerdo de las víctimas y promover actos de reconocimiento y homenaje.
Pero hablar de los menores robados es también hablar de desapariciones forzadas, de pérdida de identidad, de familias separadas y de vidas marcadas por la ausencia y el silencio.
Durante décadas, madres y familias buscaron respuestas ante la desaparición de sus hijos e hijas. Personas que crecieron sin conocer sus verdaderos orígenes y familias que tuvieron que convivir con la incertidumbre de no saber qué había ocurrido con aquellos niños que les fueron arrebatados. La propia legislación canaria reconoce entre las víctimas tanto a los menores como a sus madres biológicas y establece la obligación de avanzar en la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Esta realidad no puede contemplarse como un episodio aislado. Forma parte de una historia más amplia de represión y vulneración de los derechos humanos que afectó a miles de personas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. En Canarias, muchas personas fueron asesinadas, encarceladas, torturadas, perseguidas, exiliadas o desaparecidas. Sus familias quedaron durante décadas sin información, sin reconocimiento y, en demasiados casos, sin un lugar donde llorar y recordar a sus seres queridos.
Las desapariciones forzadas constituyen una de las formas más extremas de violencia contra una persona y contra su entorno familiar. No solamente se hace desaparecer a alguien: se intenta borrar su identidad, su historia y las huellas de su existencia. Y cuando el silencio se prolonga durante generaciones, la desaparición continúa produciendo sus efectos.
Por eso, buscar a los desaparecidos no es abrir heridas; es intentar cerrarlas desde la verdad.
La memoria democrática tiene precisamente esa responsabilidad: recuperar los nombres, reconstruir las historias, localizar los restos cuando sea posible, abrir los archivos, facilitar la investigación y devolver a las familias aquello que durante décadas se les negó: el derecho a saber.
La legislación canaria sobre memoria histórica establece entre sus objetivos la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura, así como la localización y exhumación de sus restos y el reconocimiento de las víctimas.
En el caso de los menores robados, la Ley 13/2019 fue igualmente clara al establecer que los poderes públicos deben realizar las actuaciones necesarias para buscar a niñas y niños que pudieran haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada o sustitución de identidad, facilitando el acceso a los archivos y registros que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos.
Una memoria que pertenece a toda la sociedad
Desde el Centro para la Investigación y la Divulgación de la Memoria Histórica y Democrática de Canarias (CID) consideramos que recordar a los menores robados y a sus familias es también recordar a todas las víctimas de la represión y de las desapariciones forzadas.
La memoria no puede construirse seleccionando unas víctimas y olvidando a otras. Cada nombre, cada familia y cada historia forman parte de una misma exigencia democrática: que nadie sea borrado de nuestra historia por haber sido víctima de la violencia, la represión o el silencio.
El trabajo de las asociaciones, de las familias, de investigadores y de las instituciones ha permitido sacar a la luz historias que durante muchos años permanecieron ocultas. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer.
Quedan familias que buscan. Quedan archivos que consultar. Quedan historias que investigar. Quedan identidades que recuperar. Y quedan víctimas cuyos nombres deben ocupar el lugar que les corresponde en nuestra memoria colectiva.
Por eso, este 30 de agosto no debe ser únicamente una fecha señalada en el calendario.
Debe ser un día para recordar, escuchar y reivindicar.
Recordar a los menores que fueron separados de sus familias.
Escuchar a quienes llevan décadas buscando respuestas.
Y reivindicar el derecho de todas las víctimas de desapariciones forzadas a conocer la verdad sobre lo ocurrido.
Porque la democracia no se construye sobre el olvido.
Se construye cuando una sociedad es capaz de mirar de frente a su pasado, reconocer a quienes sufrieron y asumir la responsabilidad de preservar su memoria para las generaciones futuras.
Desde el CID queremos sumarnos, un año más, al recuerdo de los menores robados, de sus familias y de todas las personas que fueron víctimas de desapariciones forzadas y de la represión.
Que nadie vuelva a ser desaparecido de la memoria.
Que ningún nombre vuelva a quedar enterrado en el silencio.
Verdad, justicia, reparación y memoria.
Orlando Rodríguez
