Drago La Palma se hace eco de las denuncias vecinales por una presunta actividad industrial en suelo rústico protegido

Imagen Boxicons unsplash

Drago La Palma mostró su preocupación por las reiteradas denuncias presentadas por vecinos y vecinas de la zona de Miranda, en Breña Alta, que desde hace varios años alertan de una presunta actividad industrial desarrollada en una parcela clasificada como suelo rústico de protección agraria.

Los escritos remitidos al Ayuntamiento de Breña Alta, al Cabildo Insular, a la Diputación del Común y a otros organismos describen un tránsito continuado de camiones y maquinaria pesada, movimientos de tierras, acopio de materiales, ruido y polvo, reclamando que las administraciones esclarezcan si la actividad desarrollada en la parcela se ajusta a la normativa vigente y actúen en consecuencia.

La portavoz de Drago La Palma, Sara Hernández, considera que estas denuncias, sostenidas durante años, merecen una respuesta clara por parte de las administraciones y afirma que "no podemos acostumbrarnos a que los vecinos y vecinas presenten denuncias una y otra vez sin saber qué actuaciones se han llevado a cabo" a lo que añadió que "la transparencia también consiste en explicar qué está ocurriendo y en qué punto se encuentran los procedimientos administrativos cuando afectan a un asunto de interés público".

En la respuesta remitida a la Diputación del Común, el propio Ayuntamiento de Breña Alta reconoce que la nave existente en la parcela carece de licencia urbanística, que el terreno está clasificado como suelo rústico de protección agraria y que procede adoptar las medidas necesarias para restablecer la legalidad urbanística. El mismo informe recuerda que la autorización concedida en agosto de 2021 correspondía a unas obras de abancalamiento con fines agrícolas, con un plazo de seis meses para iniciar los trabajos y de veinticuatro meses para su ejecución.

Asimismo, el Ayuntamiento indica que no ha podido acreditar que se estuviera desarrollando una actividad extractiva fuera del alcance de esa autorización, aunque advierte expresamente de que una actividad de esa naturaleza requeriría las autorizaciones correspondientes y no podría ampararse en la licencia agrícola concedida.

Para Hernández, precisamente esa cronología evidencia la necesidad de ofrecer explicaciones públicas y sostiene que "si una licencia para un abancalamiento tenía un plazo máximo de dos años, y cinco años después siguen presentándose denuncias por una intensa entrada y salida de camiones y maquinaria pesada en una actuación que nació como un abancalamiento agrícola temporal, lo mínimo que puede hacer el Ayuntamiento es explicar qué está ocurriendo" e hizo hincapié en que "eso es transparencia y eso es dar tranquilidad tanto a los vecinos y vecinas como a quien desarrolla la actividad".

Sara Hernández, portavoz Drago La Palma

La importancia del suelo agrícola de protección agraria

Por otro lado, desde Drago La Palma se recuerda que el suelo rústico de protección agraria constituye un recurso estratégico para La Palma y que su conservación resulta imprescindible para garantizar el futuro del sector primario y avanzar hacia una mayor soberanía alimentaria.

"El suelo agrícola es uno de los recursos más valiosos que tiene esta Isla —prosiguió Hernández— y precisamente por ello, cualquier actividad que genere dudas sobre su adecuación a la normativa debe aclararse con total transparencia y sin dejar pasar los años, porque proteger el territorio no consiste únicamente en aprobar leyes, sino también en hacerlas cumplir y en responder cuando la ciudadanía pide explicaciones".

Por todo ello, desde Drago La Palma se solicita al Ayuntamiento de Breña Alta que informe públicamente sobre el estado actual del procedimiento urbanístico, las actuaciones realizadas desde su inicio y la situación administrativa de la actividad que se desarrolla en la parcela.

Asimismo, se reclama el restablecimiento de la legalidad urbanística reconocida en su propio informe, incluida la retirada de la nave que carece de licencia urbanística, y la necesidad de dar una respuesta definitiva a unas quejas vecinales que se vienen repitiendo desde hace años.