Amnistía denuncia confiscación de tierras en Cisjordania

Asentamiento israelí en Halamish, en la Cisjordania ocupada. La expansión de los asentamientos y su interconexión con nuevas carreteras fracciona el terrotorio palestino y deja cada vez más aisladas e incomunicadas a sus comunidades, como parte de la política anexionista y de limpieza étnica que adelanta el gobierno de Tel Aviv, según denuncia Amnistía Internacional. Imagen: Mouhssine Ennaimi

La organización humanitaria afirmó en una declaración este jueves 3 que “este paso amplía la política ilegal israelí de asentamientos y erosiona aún más los derechos de la población palestina que vive bajo la ocupación”.

Tan solo en julio de 2026, el ejército de Israel firmó 15 órdenes de confiscación de tierras que afectaban 20 hectáreas de tierras en las zonas A y C, en la gobernación de Yenín, en el norte de la Cisjordania ocupada, con el objetivo aparente de conectar dos asentamientos israelíes previstos en la zona: Emek Dotan y Noa.

Los dos asentamientos son parte de 34 asentamientos nuevos cuyo establecimiento aprobó el actual gobierno israelí este año.

“Estas recientes órdenes de confiscación de la Zona A muestran que Israel amplía con absoluto descaro su agenda de anexión a zonas que están bajo el control de las autoridades palestinas desde los Acuerdos de Oslo”, apuntó el texto de AI.

Los Acuerdos de Oslo I y II, fueron pactados en 1993 y 1995 en la capital noruega por el gobierno de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, y dividieron en tres zonas a Cisjordania, un territorio de 5655 kilómetros cuadrados y 3,1 millones de habitantes.

La zona A quedó bajo control civil y de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina; la B, con control civil palestino y militar o de seguridad compartido con Israel, y la C con control administrativo y militar en manos de Israel.

AI denuncia que, por ejemplo, con la construcción de nuevas carreteras que unen asentamientos israelíes en sí (unos 500 000 colonos israelíes ocupan más de 120 asentamientos, que han crecido ilegalmente) Israel está dividendo la gobernación de Yenin (zona A) en cantones aislados.

“Está socavando la integridad geográfica y económica de la zona y separando comunidades palestinas al fragmentarlas aún más y restringir su libertad de circulación”, dice la declaración.

Junto con el traslado forzoso y la limpieza étnica de la población palestina en la zona C, “estas medidas son un ejemplo de la determinación israelí de intensificar su anexión formal de tierras palestinas en toda Cisjordania”, agrega el texto.

El documento mencionó que, según la organización israelí Paz Ahora, esta es la primera vez desde los Acuerdos de Oslo que se han dictado órdenes militares de confiscación en la Zona A para fines abiertamente civiles que benefician a los colonos en lugar de por supuestas razones de seguridad.

Familias palestinas atrapadas por colonos israelíes en Cisjordania

En mayo de 2026, el ejército israelí confiscó tierras de propiedad privada dentro de la ciudad de Yenín con el fin de establecer una base militar.

Recordó que, según el derecho internacional, las potencias ocupantes no deben confiscar tierras en un territorio ocupado salvo que sea absolutamente necesario por razones militares, lo que no incluye la expansión de asentamientos ilegales.

Según AI, en los últimos días “Israel también ha desatado una oleada de indignación en todo el mundo al promover su polémico plan E1 de asentamientos, en violación del derecho internacional, con el anuncio de que sacó a concurso la construcción de 1234 viviendas israelíes en la Cisjordania ocupada”.

“De implementarse, el plan aislaría Jerusalén Oriental del resto del territorio palestino y dividiría de hecho Cisjordania en dos, dificultando más la circulación de la población palestina por estas zonas del territorio ocupado y fragmentando aún más sus comunidades.

Heba Morayef, directora regional de AI para Oriente Medio y el Norte de África dijo que “los Estados con relaciones comerciales y políticas cercanas con el gobierno israelí deben actuar con urgencia para presionar a Israel a fin de que rescinda estas órdenes de confiscación de tierras”.

“Cualquier Estado que proporcione asistencia a la expansión israelí de los asentamientos ilegales u otros crímenes de guerra podría ser cómplice de crímenes internacionales contra la población palestina”, agregó Morayef.

IPS Noticias