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Un informe de IPES-Food advierte de que los trabajadores del sistema alimentario mundial sufren una gran explotación a la hora de alimentar al mundo. Imagen: Busani Bafana / IPS
Más de 1400 millones de personas trabajan en la industria alimentaria —el mayor empleador del mundo— y son las más maltratadas, según el informe «Food Work: Los trabajadores que hay detrás de nuestros alimentos y la explotación a la que se enfrentan«, publicado el lunes 5 por el Panel Internacional de Expertos sobre Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES-Food).
El sistema alimentario mundial explota a más trabajadores que cualquier otro sector económico, y el informe señala que esta explotación no es accidental, sino que está arraigada en un modelo de negocio que mantiene la mano de obra barata al tiempo que maximiza los beneficios.
En un sector que emplea a 1400 millones de personas, se concentra 30 % de las muertes laborales del mundo, 30 % de esos trabajadores —416 millones— no puede cubrir sus necesidades esenciales con su remuneración y 2,1 millones están sometidas a trabajo forzoso en la agricultura y la alimentación.
Y a profundizar sus calamidades, indica el informe, se suman ahora los impactos del cambio climático, que generan nuevas muertes y precariedades derivadas del estrés térmico para los trabajadores de los campos del mundo, tanto en el Sur global como en el Norte.
«A menudo ocultos a la vista, los trabajadores del sector alimentario se enfrentan a salarios bajos, robo de salarios, trabajo forzoso, trata de personas, discriminación, violencia sexual, condiciones de trabajo peligrosas y exclusión de las redes de seguridad social», señala el profundo informe sobre el trabajo en la alimentación, desde la tierra hasta las mesas.
«Desde los trabajadores agrícolas, los pescadores y el personal de los mataderos hasta los repartidores, los empleados de restaurantes y supermercados y los trabajadores domésticos, los abusos laborales abundan en todos los eslabones de la cadena alimentaria», agrega el panel internacional de expertos independientes sin ánimo de lucro, que impulsan la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles.
El informe destaca que los migrantes, las mujeres, los refugiados y los trabajadores racializados se ven abocados a las peores condiciones, donde alzar la voz conlleva el riesgo de perder el empleo, ser deportado o acabar en una lista negra.
El copresidente de IPES-Food, Olivier de Schutter, señaló que lo más sorprendente de las conclusiones del informe era la profunda hipocresía de los gobiernos en lo que respecta a los trabajadores agrícolas migrantes.
Dado que muchos países dependen en gran medida de la mano de obra migrante, especialmente para la producción de frutas y hortalizas —como se ha podido observar durante la pandemia de covid—, los gobiernos suelen conceder a los trabajadores migrantes permisos de estancia temporal y de carácter estacional.
«Estos trabajadores se ven sometidos habitualmente a formas de explotación y abuso que serían inimaginables si fueran autóctonos: se les aloja en condiciones precarias, se les pagan salarios de miseria y trabajan a menudo en condiciones peligrosas», afirmó r De Schutter, exrelator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación.
De Schutter argumentó que, dado que se considera que los trabajadores migrantes carecen de cualificación, se les trata como trabajadores de segunda clase y, al no tener vínculos —o tenerlos mínimos— con las comunidades de los países que los acogen, apenas se quejan en caso de abusos.
Esta práctica es una forma de trata de seres humanos, salvo que es legal y se fomenta oficialmente, dijo De Schutter a IPS.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el valor bruto de la producción agrícola mundial se estima en algo más de cinco billones (millones de millones) de dólares, mientras que el Banco Mundial calcula que el valor añadido agrícola ronda los 3,2 billones de dólares.
El sistema alimentario mundial está valorado en más de ocho billones de dólares, pero quienes producen y comercializan los alimentos sobreviven con salarios de miseria, lo que exige un cambio.
De Schutter identificó tres retos que se refuerzan mutuamente: las lagunas en la legislación actual, que no establece un salario mínimo ni regula la jornada laboral; la deficiente aplicación de la ley; y la dificultad para organizar a los trabajadores en un contexto en el que se desalienta o incluso se reprime la actividad sindical.
«Los gobiernos suelen adoptar la postura de que, cuando los trabajadores pertenecen al sector informal, la legislación laboral no se aplica y las inspecciones de trabajo no tienen ningún papel que desempeñar», afirmó, calificando esta situación de absurda.
«Es como decir que, si no tienes carnet de conducir, puedes ignorar las normas de tráfico», adujo.
De hecho, añadió, «el derecho internacional de los derechos humanos exige que la legislación laboral básica se extienda a los trabajadores del sector informal y que se ofrezcan incentivos a los empleadores para que den de alta a sus trabajadores, con el fin de garantizar que la informalidad no resulte rentable y que, por el contrario, se recompense la formalización».
Para el copresidente de IPES-Food, «las condiciones laborales injustas, el trabajo en negro y la falta de seguridad laboral básica se combinan para afianzar la vulnerabilidad de los trabajadores».
«Los gobiernos facilitan directamente estos abusos mediante excepciones legales que eximen explícitamente a los trabajadores agrícolas y del sector alimentario de las protecciones básicas en materia de salarios, seguridad en el lugar de trabajo y derechos sindicales», detalló.
El informe destacó que, incluso allí donde existen leyes protectoras, la débil aplicación por parte de las autoridades y el empleo informal generalizado dejan a millones de trabajadores desprotegidos.
Los trabajadores migrantes son esenciales para los sistemas alimentarios actuales, pero se enfrentan a algunas de las tasas más elevadas de abusos laborales, robo de salarios, trabajo forzoso, lesiones y muertes, según detalló el informe.
A estos abusos estructurales se suma una peligrosa convergencia de fuerzas emergentes que está haciendo que el trabajo en el sector alimentario sea cada vez más peligroso y explotador.
«El cambio climático se está convirtiendo en una crisis de los derechos de los trabajadores», afirmó Mamadou Goïta, experto del panel IPES-Food.
Los trabajadores agrícolas, agregó, «ya se enfrentan a salarios de miseria, pesticidas tóxicos y condiciones agotadoras».
Para peor, remarcó, «ahora, el cambio climático está aumentando la presión y haciendo que su trabajo sea aún más peligroso».
Goïta señaló que los gobiernos seguían sin garantizar a los trabajadores ni siquiera las protecciones básicas y vitales, como sombra, descanso y agua potable.
«Las personas que producen nuestros alimentos no deberían tener que arriesgar su salud ni sus vidas para ganarse el sustento», afirmó el experto.
Los efectos del calor extremo y la sequía suelen medirse en términos de pérdidas de cultivos y cosechas.
Sin embargo, el informe señala que el coste humano para los 928 millones de trabajadores agrícolas del mundo también iba en aumento, siendo el estrés térmico la amenaza para la salud más común a la que se enfrentan los trabajadores agrícolas.
Las consecuencias de estas amenazas para la salud incluyen mareos, vómitos y agotamiento debido a golpes de calor y enfermedades renales. En Estados Unidos, los trabajadores agrícolas tenían 35 veces más probabilidades de morir por estrés térmico que otros trabajadores.
Las regiones agrícolas de África, América y el sur de Europa experimentan ahora hasta 50 días más de calor peligroso al año que en la década de los años 70. En África, 93 % de los trabajadores estaba expuesto a un calor peligroso, la mayoría de los cuales trabaja en los sistemas alimentarios, según el informe.
El informe advertía de que, mientras el cambio climático exponía a los trabajadores al calor extremo, a fenómenos meteorológicos extremos y al humo tóxico de los incendios forestales, el poder corporativo estaba reduciendo los salarios, socavando la negociación colectiva y trasladando los riesgos a los trabajadores, lo que significaba dar prioridad a los beneficios de los accionistas por encima del trabajo digno.
«En la vanguardia, las tecnologías digitales están creando nuevas fronteras de explotación: el trabajo en plataformas de ‘gig‘ (trabajo temporal), la automatización, la gestión algorítmica y la vigilancia en el lugar de trabajo están aislando a los trabajadores, intensificando las presiones sobre la productividad, aumentando las tasas de lesiones y erosionando el poder de negociación de los trabajadores», indica el informe.
Pero los trabajadores están contraatacando. Están creando sindicatos y cooperativas, organizando huelgas, litigando por sus derechos y forjando alianzas para exigir normas laborales integrales que reconozcan su valor y dignidad.
El informe muestra que unas normas laborales integrales, unos salarios dignos y el derecho a la negociación colectiva pueden hacer que la mayor fuerza de trabajo del mundo pase de ser las víctimas más invisibles del sistema alimentario a convertirse en un motor de resiliencia.
El informe hace hincapié en que, para lograr una transformación duradera en el sector de los sistemas alimentarios, debe producirse un cambio sólido en las políticas y en el equilibrio de poder en torno a cinco prioridades clave.
Entre ellas se incluye el fortalecimiento del poder de los trabajadores mediante el refuerzo de los sindicatos y la ampliación de la negociación colectiva. Además, deben eliminarse las excepciones legales para los trabajadores del sector alimentario y agrícola y garantizarse la igualdad de derechos para los trabajadores migrantes.
Las políticas que criminalizan a los migrantes deben eliminarse, al tiempo que deben desmantelarse los sistemas de visados vinculados al empleador para garantizar la igualdad de derechos laborales y protecciones sociales independientemente de la situación migratoria, señala el informe.
También insta a limitar el poder corporativo para que las empresas rindan cuentas por los abusos laborales a lo largo de sus cadenas de suministro.
«Las personas que alimentan al mundo merecen un trabajo seguro, dignamente remunerado y digno», afirma el informe.
Y añade: «Los sistemas alimentarios nunca deben depender de salarios bajos, condiciones peligrosas o mano de obra invisible. Para lograrlo, es necesario cambiar quién detenta el poder, quién se beneficia y quién asume los costes».
