Izquierda Unida presenta 183 enmiendas para transformar la Ley de Vivienda de Aragón en una herramienta de garantía del derecho a la vivienda

La portavoz parlamentaria de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón, Marta Abengochea, y el responsable de Modelo Productivo y Medio Ambiente de IU Aragón, Jesús García Usón, han presentado hoy en rueda de prensa las 183 enmiendas registradas por la formación al Proyecto de Ley de Vivienda de Aragón impulsado por el Gobierno de PP y Vox. Del total, 143 enmiendas son de elaboración propia y 40 incorporan propuestas de entidades sociales y sindicales como CCOO, la Red de Desarrollo Rural de Aragón (RDRA), la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) y la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ).

Durante su intervención, Abengochea ha defendido que el acceso a la vivienda es un derecho que "nunca ha estado realmente garantizado, ni por el PSOE, la socialdemocracia ni las derechas", y ha advertido de que la crisis habitacional se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad y precarización social.

La portavoz de Izquierda Unida ha señalado que la vivienda está provocando "un auténtico terremoto social" que explica la creciente movilización ciudadana y sindical que nos lleva a una huelga general. "No hablamos únicamente del derecho a un techo. Hablamos de que la clase trabajadora y la mayoría social puedan tener vidas dignas", ha afirmado. En este sentido, ha denunciado que mientras las derechas y las ultraderechas "alimentan discursos reaccionarios, de racismo y de confrontación", están impulsando políticas que, a su juicio, suponen un retroceso en derechos sociales, afectando también a servicios públicos, pensiones y al propio modelo de protección social.

Abengochea ha asegurado que la vivienda se ha convertido hoy en el principal problema de la clase trabajadora y de amplios sectores sociales, y ha advertido de que existe el riesgo de que nunca llegue a consolidarse como un derecho verdaderamente garantizado si las administraciones continúan dejando la cuestión en manos del mercado. La portavoz parlamentaria ha criticado que el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo de Jorge Azcón no responde a la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda y contradice las conclusiones del Justicia de Aragón, que ya advirtió de que el mercado, por sí solo, no está garantizando el acceso a una vivienda digna. También ha señalado que el texto se aleja del espíritu de la Ley Estatal de Vivienda y del futuro Plan Estatal de Vivienda.

Abengochea ha recordado además que Izquierda Unida votó en contra de la totalidad del proyecto por considerar que profundiza en la concepción de la vivienda como un negocio y no como un derecho. "La ley deja fuera la regulación de la especulación, no afronta el problema de los pisos turísticos, no garantiza una alternativa habitacional adecuada y abandona a miles de familias y personas vulnerables que, aun teniendo dificultades para acceder a una vivienda, quedan fuera de los mecanismos de protección", ha resumido.

Por su parte, Jesús García Usón ha explicado el contenido de las 183 enmiendas, cuyo objetivo es "dar la vuelta a una ley con una clara vocación mercantilista" y convertirla en una norma orientada a garantizar un derecho constitucional. García Usón ha destacado que las modificaciones comienzan desde la propia exposición de motivos, incorporando el reconocimiento expreso de la función social de la vivienda y del acceso a la misma como un derecho universal. Asimismo, las enmiendas reformulan el artículo primero para situar entre los objetivos fundamentales de la ley la garantía efectiva del derecho a la vivienda.

Uno de los aspectos que IU considera más preocupantes es que el proyecto deja fuera a una parte muy importante de la población aragonesa. Según ha explicado, entre 18.000 y 25.000 familias quedan atrapadas entre los criterios de acceso a la vivienda pública y los mecanismos de emergencia social, mientras que alrededor de 68.000 jóvenes no pueden emanciparse porque sus ingresos no les permiten acceder a una vivienda en condiciones asequibles.

El responsable de Modelo Productivo de IU Aragón también ha defendido la calificación permanente de la vivienda protegida, frente a los plazos de 10 o 15 años previstos actualmente. A su juicio, las viviendas construidas con recursos públicos deben mantener de forma indefinida su función social y permanecer dentro del parque protegido. En este sentido, ha recordado que el nuevo Plan Estatal de Vivienda condiciona buena parte de la financiación pública a que las viviendas mantengan una calificación permanente, por lo que considera imprescindible adaptar la ley aragonesa a ese criterio.

García Usón también ha criticado la insuficiencia de los recursos económicos previstos en el proyecto y ha reiterado la propuesta de IU de destinar al menos el 1% del presupuesto no financiero de la Comunidad Autónoma a políticas de vivienda.

Entre las principales enmiendas presentadas figuran además el impulso prioritario de la rehabilitación de viviendas, la limitación del uso de suelos dotacionales para evitar su conversión en operaciones inmobiliarias privadas, el reconocimiento de la vivienda colaborativa y cooperativa, y la inclusión de todos los trabajadores y trabajadoras temporales, independientemente del sector económico al que pertenezcan.

La formación política y social plantea asimismo la incorporación de capítulos completamente nuevos para regular programas públicos de mediación en el alquiler, con garantías para propietarios y el fomento de la puesta en uso de viviendas vacías; la regulación de las viviendas de uso turístico en municipios y zonas con problemas de acceso a la vivienda; la declaración de zonas de mercado residencial tensionado; la regulación de las viviendas vacías en manos de grandes tenedores; y la ampliación de los derechos de tanteo y retracto para evitar la pérdida de vivienda protegida.  Por último, propone reforzar el acceso a la vivienda pública para las personas con discapacidad mediante la reserva de viviendas adaptadas e impulsar la creación de un parque público de vivienda usada mediante la adquisición de inmuebles ya construidos, complementando así la promoción de nueva vivienda.