
“Un protocolo no repara una cubierta ni sustituye una infraestructura segura”

El portavoz de Educación del Grupo Socialista, Marcos Hernández, reclama "soluciones urgentes" ante las deficiencias denunciadas por el sindicato STEC-IC y pide transparencia sobre las obras pendientes, los plazos y los recursos destinado a garantizar la seguridad de la comunidad educativa.
El portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Marcos Hernández, exigió esta semana en el Pleno de la Cámara regional al consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Hipólito Suárez, que asuma responsabilidades políticas ante las graves deficiencias que, según ha denunciado públicamente el sindicato STEC-IC, afectan a numerosos centros educativos del Archipiélago. La organización sindical ha llegado a reclamar la dimisión del consejero y del director general de Infraestructuras y Equipamientos, Iván González Carro.
Hernández Guillén consideró que estas denuncias requieren una respuesta inmediata por parte de la Consejería y "no pueden despacharse con excusas, anuncios o cuestionamientos de las motivaciones sindicales".
A su juicio, cuando una organización representativa del profesorado reclama responsabilidades de esta magnitud, la Administración debe ofrecer explicaciones, comprobar las deficiencias señaladas y poner en marcha soluciones concretas.
Entre los problemas denunciados figuran goteras, humedades, aulas inutilizadas, instalaciones eléctricas obsoletas, paredes agrietadas, posibles problemas relacionados con el amianto, barracones, deficiencias en los sistemas contra incendios y falta de espacios de sombra.
Además, el STEC-IC también ha acudido a la Inspección de Trabajo para que se investiguen las condiciones preventivas ante las altas temperaturas en los centros educativos.
El portavoz de Educación advirtió que la seguridad del alumnado y la salud del personal educativo no pueden depender de la improvisación ni de la falta de previsión de la Administración, y sostiene que activar protocolos ante episodios de calor o anunciar futuras actuaciones resulta insuficiente si no se acompaña de una planificación adecuada, inversión efectiva y ejecución de las obras necesarias.
"Un protocolo no repara una cubierta, un anuncio no elimina una situación de riesgo y una promesa no sustituye a una infraestructura segura", subrayó Hernández, quien considera que la Consejería debe pasar de los compromisos a los resultados y garantizar que los centros educativos dispongan de instalaciones adecuadas para desarrollar su actividad en condiciones de seguridad y dignidad.
El diputado socialista recordó que el actual equipo de la Consejería lleva tiempo al frente de sus responsabilidades y considera que ya no puede escudarse permanentemente en la herencia recibida. "Gobernar significa asumir responsabilidades, establecer prioridades y demostrar resultados. No podemos exigir al profesorado que garantice la calidad educativa mientras trabaja con deficiencias materiales, ni pedir al alumnado que aprenda en condiciones que pueden comprometer su bienestar", afirmó.
Para Hernández Guillén, esta situación también evidencia la necesidad de conocer qué prioridad ocupa realmente la educación pública en la agenda del Gobierno de Canarias. Por ello, reclama transparencia sobre los centros afectados, las actuaciones pendientes, los calendarios previstos y los recursos presupuestarios destinados a corregir las deficiencias.
Desde el Grupo Socialista se defiende que todas las denuncias deben investigarse con rigor y que deben depurarse las responsabilidades políticas o administrativas que correspondan.
En su opinión, el objetivo debe ser garantizar que ningún centro educativo mantenga deficiencias que comprometan la seguridad, la salud o el desarrollo normal de la actividad lectiva.
Hernández reclamó al consejero de Educación que explique qué valoración hace de la exigencia de dimisión planteada por el STEC-IC y, sobre todo, qué medidas concretas va a adoptar para resolver los problemas denunciados. "La comunidad educativa merece respuestas, planificación y soluciones. La educación pública de Canarias necesita inversiones y actuaciones reales, no más anuncios que después no se traducen en mejoras para los centros".


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