El CSIC elabora un proyecto de inclusión sociolaboral de población vulnerable del entorno de Doñana por encargo del Ministerio de Inclusión

La presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) -organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades-, Eloísa del Pino, y la Secretaria General de Inclusión, Elena Rodríguez, han firmado una encomienda para el diseño de las actuaciones de inclusión sociolaboral dirigidas a la población más vulnerable del entorno de Doñana.

Es el primer paso de la colaboración entre ambas instituciones. A este trabajo le seguirá un apoyo en el seguimiento y evaluación de los proyectos promovidos por la Secretaría General de Inclusión (SGI) en la línea 13.3 del Marco Socioeconómico de Actuaciones para Doñana, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El objetivo es mejorar, a través de distintas iniciativas, las condiciones de vida de la población local y temporera de los 14 municipios próximos a este enclave natural (Almonte, Aznalcázar, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Pilas, La Puebla del Río, Rociana del Condado, Sanlúcar de Barrameda y Villamanrique de la Condesa).

Innovación en política pública
La presidenta del Consejo, Eloísa del Pino, ha destacado que, “a través del conocimiento científico, el CSIC contribuye reforzar las políticas públicas de inclusión social y laboral en el territorio, con especial atención a las personas que enfrentan mayores barreras de acceso a los servicios sociales y al mercado de trabajo”.

Por su parte, la secretaria General de Inclusión, Elena Rodríguez, ha manifestado que “el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones apuesta una vez más por el apoyo científico para innovar en políticas públicas, como hicimos en el Laboratorio de Inclusión, y escalar las estrategias más efectivas contra la exclusión social”.

Dispositivos de triaje social en servicios sociales
La encomienda se articula a través del CSIC, en su condición de organismo público de investigación con experiencia acreditada en el análisis y evaluación de políticas públicas. Para su ejecución, el CSIC moviliza de manera coordinada a tres de sus institutos: el Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP-CSIC), que asume la coordinación general de los trabajos; el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC); y el Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD-CSIC).

La coordinación general del proyecto recae en Luis Miller (IPP-CSIC). Desde el propio IPP-CSIC participa también Roberta Perna, mientras que por parte del IEGD-CSIC interviene Héctor Cebolla Boado y por el IESA-CSIC, Esperanza Vera-Toscano. Además, se ha constituido una comisión de seguimiento paritaria, en la que participan Luis Miller y Esperanza Vera-Toscano, que sirve como espacio de coordinación de la encomienda.

Con la firma de esta encomienda, el CSIC asesorará a la SGI en la definición de la población vulnerable que participará en los programas (como mujeres víctimas de violencia de género, jóvenes en riesgo de exclusión y otros colectivos desfavorecidos), el diseño técnico del modelo de intervención, la propuesta de itinerarios de inclusión individualizados y las fases de actuación, en coordinación con las entidades locales participantes.

Las actividades que impulsará Inclusión en esta línea 13.3 comprenden:

Un dispositivo de triaje social como herramienta de primera acogida y atención integral a las personas en situación de vulnerabilidad en los servicios sociales comunitarios.
Una valoración multidimensional realizada por equipos interdisciplinares (trabajo social, salud mental, empleo, mediación, etc.) para el diseño de itinerarios de inclusión personalizados e integrales.
El impulso de la inserción laboral, formación lingüística, apoyo psicosocial y jurídico, promoción del acceso a servicios básicos, mediación intercultural, o apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
La Secretaría General de Inclusión realizará el seguimiento y evaluación de los itinerarios para contribuir a la generación de evidencias sólidas, como ya se hizo en el Laboratorio de Políticas de Inclusión, que impulsó más de 30 proyectos en todo el territorio nacional. 

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