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Salvador García Llanos
Estamos entre los más de nueve millones de pensionistas españoles que, por ahora, no verán revalorizadas sus pensiones. Oigan, que somos más de nueve millones, luego el interés general está más que probado. Pero el patriotismo de PP, Vox, Junts y UPN decidió en el Congreso que no, o lo que es igual, primero leña al Gobierno y después, lo que venga, da igual, cuanto peor mejor. Buena manera de exhibir el patriotismo, ese que se atribuyen mientras cuestionan el de los demás.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó en el último Consejo de Ministros de 2025 la subida de las pensiones contributivas y de clases pasivas en un 2,7 % para este año, así como de las pensiones mínimas en más de un 7 %. No obstante, las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares también han aumentado un 11,4 % en 2026, al igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
La subida se hizo a través de un decreto-ley, una norma con rango de ley pero ya saben que necesita después ser convalidado por el Congreso en el plazo de treinta días para seguir vigente. Como la suma de votos de PP, Vox, Junts y UPN da mayoría absoluta, el decreto-ley no ha sido convalidado. (171 votos a favor y 178 en contra).
PP y Junts están a favor de revalorizar las pensiones, pero no quieren que esta medida se vote en conjunto con el resto de las incluidas en ese mismo decreto. Es que son muy perversas. Entre ellas, las del escudo social referidas a la limitación de desahucios por ocupación o impago de alquileres por parte de familias vulnerables. Algo que PP y Junts interpretan como una defensa de la ‘okupación’. Se repite, pues, la historia del año pasado: tras el alud de críticas que provocó que los populares votaran en contra de las pensiones, el líder PP se vio obligado el año pasado a rectificar y finalmente los pensionistas pudieron seguir disfrutando de su subida.
Veamos las consecuencias. Lo primero que debe tenerse en cuenta es que la votación de ayer no afecta de ningún modo al pago de las pensiones del mes de enero, puesto que ya se ha hecho el giro correspondiente y los pensionistas pueden disfrutar de su incremento.
Eso sí, salvo que se apruebe un nuevo decreto con esta subida, las cuantías a partir de febrero volverán a las de 2025. Lo mismo ocurre con las medidas del escudo social, que ahora quedarán sin efecto y dejarán sin alternativa habitacional a más de 60.000 personas.
Otro efecto: la norma que ayer no aprobó el Congreso ampliaba hasta el 31 de diciembre de 2026, la imposibilidad de desahuciar de su vivienda habitual a familias que sufran una vulnerabilidad económica que le impida obtener un piso alternativo. Una medida dirigida especialmente a personas dependientes, víctimas de violencia de género o que tengan menores a su cargo.
El decreto también incluye la prohibición de cortar los suministros básicos a estas familias durante el año 2026, así como la ampliación de los descuentos del bono socia. El decreto igualmente incorpora una de las peticiones que el nuevo presidente de la Generalitat valenciana hizo a Pedro Sánchez: que las ayudas concedidas a los afectados por la Dana, por parte de la Generalitat valenciana, estuvieran exentas del pago del IRPF y del impuesto de Sociedades. Una medida que también se ha visto frenada. Como la relativa a una reivindicación histórica de los agentes medioambientales y los bomberos forestales: la aplicación de los coeficientes que permitían su jubilación anticipada. El escudo social, que llaman, se hizo añicos. Lo quiso el patriotismo.
De momento, el Gobierno no ha dado pistas sobre qué hará a partir de ahora para intentar salvar la subida de las pensiones. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, descargaba este martes la responsabilidad en los partidos. "No se puede ir a votar pensando en que el Gobierno solucionará la irresponsabilidad de una votación", ha señalado Saiz en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de Ministros.
El Ejecutivo podría aprobar en el próximo consejo de ministros un nuevo decreto sólo con la subida de las pensiones u otro similar al rechazado hoy, confiando en que ocurra como el año pasado y PP o Junts cambien de posición. Ambas formaciones también tienen registradas sendas proposiciones de ley para su revalorización.
Eso sí, en el caso de que no se llegara a aprobar a tiempo la subida para que tuviera efectos en la próxima nómina, al Gobierno siempre le queda la posibilidad de aprobarlo más adelante con carácter retroactivo, con lo que los jubilados no dejarían de percibir el aumento pese a cobrarlo a posteriori.
