Más autogobierno, menos victimismo.

El Debate del Estado de la Nacionalidad 2026, desarrollado en el Parlamento esta semana, mostró a un presidente Clavijo muy complaciente con la realidad del Archipiélago, pese a los preocupantes parámetros sociales, y nada autocrítico con la gestión que desde hace casi tres años lleva a cabo su Gobierno. Desde la dependencia al acceso a la vivienda, desde la educación a la sanidad, desde el empleo al cuidado del territorio y del medioambiente todo, según el Gobierno, marcha perfectamente. El autobombo propagandístico es una de sus señas de identidad. Y si hay algún aspecto fallido, algún problema, alguna carencia, se responsabiliza de ella al Estado o a la Unión Europea: o incluso, ya puestos, a la oposición. Lo que no cuadra con la mala ejecución presupuestaria, la significativa pérdida de recursos europeos, la fiscalidad regresiva, las ineficientes políticas de vivienda o el maltrato al sector primario. Todos ellos made in Canarias bajo la marca CC-PP.

El Debate del Estado de la Nacionalidad posibilita llevar a cabo anualmente un análisis en profundidad de la situación política, económica y social de Canarias, de las acciones de su Gobierno, del ejercicio que este hace de los recursos y competencias de la Comunidad Canaria. Todo ello, situados en el marco de los contextos estatal e internacional, muy favorables en la etapa más reciente, aunque ahora se están complicando, y mucho, por el militarismo trumpista y la guerra ilegal e injusta que Estados Unidos e Israel han declarado a Irán. Con consecuencias en el ámbito de la seguridad global y, también, económicas.

Un conflicto muy grave en el que el Gobierno de Canarias y su presidente, al igual que ocurrió con la ilegal intervención militar de Estados Unidos en Venezuela o en el genocidio perpetrado por Israel contra los palestinos en Gaza, se pone de perfil, como si le importaran poco la paz, la soberanía de los pueblos o la intencional voladura de las organizaciones y el derecho internacional. Mientras Nc se posiciona claramente contra la guerra y exige parar los bombardeos y que prevalezca el derecho internacional.

Mala gestión y derechización

El Gobierno canario de las dos derechas combina mala gestión y conservadurismo. De lo primero son muestras su pésima ejecución presupuestaria, dejando de utilizar 3.352 millones de las cuentas públicas (1.090 en 2023, 1.289 en 2024 y 973,3 en 2025) en lo que va de legislatura; igual ocurre con los fondos europeos de recuperación (MRR), dirigidos a responder a los estragos económicos causados por la pandemia de la Covid 19. Canarias ya ha devuelto 53,8 millones. Y quedan por ejecutar, según la Consejería de Hacienda, 722,5 millones para 2026, el 41,8% de los 1.727,1 adjudicados a Canarias. Favoreciendo, asimismo, la especulación con la modificación del REF para aplicar la RIC en la construcción de viviendas para alquiler sin límite de renta; o aprobar un decreto ley canario que está favoreciendo la edificación de viviendas por encima de los 250.000 euros, inaccesibles para jóvenes y trabajadores y trabajadoras.

Su conservadurismo se plasma en múltiples aspectos. Entre ellos eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que grava la transmisión de la riqueza; favoreciendo a una minoría, el 0,3% de la población, que se ahorrará 180 millones de euros en la legislatura. Y otras regresivas decisiones fiscales, como eliminar la deducción por alza de precios en el IRPF que puso en marcha el Pacto de Progreso para rentas menores de 30.000 euros. 

También respecto al modelo económico y su sostenibilidad, apostando por un desarrollismo sin límites que favorece un crecimiento poblacional nada modulado, y que tiene importantes consecuencias negativas en los servicios públicos, en el consumo energético y de agua, en la producción de residuos, en la vivienda o en los atascos. Afectando al territorio y al medio natural. Y a la convivencia.

Y, asimismo, en su relación con la ultraderecha. Ya votaron la fallida investidura de Feijóo junto a Vox y los regionalistas más conservadores, ya tienen acuerdos con los ultras en algunos ayuntamientos canarios y, si les hace falta, pactarán también en el Gobierno de Canarias, no les quepa duda.

Otra Canarias es posible

Frente a la pasividad del Gobierno, que poco o nada hace para cambiar los hándicaps de la sociedad canaria y los problemas que afectan más a su ciudadanía, no vale la resignación. Otra Canarias es posible. Contamos con un instrumento, el autogobierno, con un elevado grado de capacidad de decisión y con recursos suficientes, aunque siempre mejorables, para superar esas dificultades y construir una comunidad más sostenible, más equilibrada socialmente, más justa.

Disponemos, asimismo, de hombres y mujeres muy cualificados, aunque muchos, especialmente jóvenes, se vean obligados a hacer la maleta por falta de oportunidades. Pero carecemos, y eso el que más nos limita y nos lastra, de políticas gubernamentales decididas, valientes, transformadoras y con visión de futuro que rompan con las inercias y nos saquen de la precariedad y la pobreza. 

Por eso, nuestras diputadas Carmen Hernández y Esther González defendieron en la última jornada del Debate del Estado de la Nacionalidad 2026 un conjunto de resoluciones de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) dirigidas, justamente, a plantear un cambio de orientación en las políticas para que estas beneficien a la mayoría social y no a las minorías con mayor poder y capacidad económica.

En esa línea, con esos objetivos, el nacionalismo progresista que representamos en la Cámara canaria presentó un total de 46 propuestas de resolución. De las que 13 fueron aprobadas, entre ellas, algunas relacionadas con el refuerzo del autogobierno, la defensa de los intereses de Canarias en el ámbito europeo -con referencias al nuevo Marco Financiero Plurianual (2028-2034) y los cambios en la Política Agraria Común- o la mejora de la conectividad y la movilidad entre las islas. 

También el apoyo a sectores productivos estratégicos (primario e industrial), el rechazo a las prospecciones de tierras raras en Fuerteventura y diversas iniciativas vinculadas a la juventud, las universidades públicas, la investigación, la innovación y la cooperación internacional. 

Sin embargo, la mayoría de las iniciativas de NC-bc destinadas a impulsar cambios más profundos respecto a la vivienda, la redistribución de la riqueza, el refuerzo de los servicios públicos o la transformación del modelo económico no obtuvieron el respaldo necesario por el rechazo de los grupos que apoyan al Gobierno.

Derecho a la vivienda y límites al crecimiento

En el caso de la vivienda, reclamando que sea considerada un derecho subjetivo, poniendo el foco en la vivienda protegida, construyendo nuevas viviendas y con acciones para que se pongan en alquiler parte de las más de 200.000 viviendas vacías, así como desarrollando un programa específico para jóvenes que facilite su emancipación. Y respecto al turismo sostenible, estableciendo límites al crecimiento, estableciendo moratorias en las islas con claros signos de saturación, o implantando una ecotasa finalista, que grave las estancias turísticas de nuestros visitantes. Rechazando, igualmente, nuestra propuesta destinada a “no volver a organizar, promover o participar en ningún tipo de viaje, o delegación de carácter comercial o de cualquier otra índole, en los territorios ocupados ilegalmente por Marruecos en el Sáhara Occidental”.

Nos movemos entre la ficción, la Canarias idílica que presenta Clavijo, y la realidad, mucho más dura, de las enormes dificultades para acceder a una vivienda, los bajos sueldos en relación con el conjunto del Estado, el aumento de la brecha social y la incapacidad de las dos derechas para ejecutar los presupuestos (3.352 millones de euros sin utilizar). Y, en consecuencia, pese a disponer de recursos, este Ejecutivo no invierte lo que se precisa para tratar de resolver los problemas estructurales que afectan a las canarias y canarios en vivienda, sanidad, dependencia o educación. 

El Debate del Estado de la Nacionalidad 2026 confirma que este Gobierno no va a rectificar sus políticas ineficaces y conservadoras, su constante priorización de los intereses de los más ricos, su permanente empeño en culpar a otros de sus errores. Y el mejor ejemplo es el decreto Clavijo, un compendio de reclamaciones para eludir responsabilidades y hacer propaganda. La oportunidad para cambiarlo la tienen los ciudadanos y ciudadanas en las urnas en mayo de 2027. Reclamando más autogobierno y menos victimismo.