
Pero el núcleo de la indignación reside en las cifras. El Gobierno de Canarias alardea de un plan valorado en 29,8 millones de euros. La descomposición de esa cantidad es sencilla y demoledora: 15,3 millones de euros provienen del Estado, fruto de la compensación pactada tras el agravio inicial del decreto estatal. Es decir, dinero que no sale de las arcas autonómicas y cuya llegada era una obligación del Gobierno estatal, no una concesión generosa.












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