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El anuncio del Gobierno de España sobre el inicio de un proceso para la regularización extraordinaria de inmigrantes es una buena noticia para los derechos humanos, para la convivencia y para la economía. “Se reconoce así su dignidad”, afirmó el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, aunque los obispos ultraconservadores se oponen. Mientras, en el ámbito de la política, era mayoritario el apoyo, con excepciones en el PP y Vox. El PP se pronunció negativamente, olvidando las regulaciones masivas realizadas por el gobierno de Aznar en los años 2000 (264.000 personas migrantes) y 2001 (239.000) y rechazando esta, a la que apoyaba hace apenas año y medio. Mostrando, una vez más, su enorme capacidad para plegarse a las presiones de Vox y caer en sus trumpistas discursos antimigratorios. De momento no disponen del brutal ICE estadounidense, aunque la extrema derecha española aplaude la cacería de personas, incluido niños, que se está haciendo en Estados Unidos, que recuerda a las de la Gestapo.
Se trata de un acuerdo alcanzado entre el PSOE y Podemos -sí, son posibles los acuerdos en política, aunque últimamente estén poco de moda- que, a través de un decreto da cumplimiento a una iniciativa legislativa popular (ILP) respaldada por la firma de 700.000 ciudadanos y ciudadanas; y que planteaba modificar la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, para facilitar la regularización de los extranjeros que se encuentran en España sin respaldo legal. En abril de 2024 su toma en consideración obtuvo el apoyo de una inmensa mayoría en el Congreso: solo 33 de los 350 diputados y diputadas, integrantes de la bancada de la extrema derecha, la rechazó.
El partido de Feijóo votó a favor, pero ahora, apenas un año después, se opone radicalmente a una medida que viene a ser su desarrollo y aplicación práctica. Lo que confirma su deriva ultraconservadora y su situación cada vez más evidente de rehén de Vox, a quien teme y no quiere dejar solo en su discurso contra los inmigrantes. Y, para ello, no les queda otra que falsear la realidad.
Efecto llamada y elecciones.
Recurriendo, por ejemplo, al “efecto llamada”, que por algún extraño motivo no debe funcionar cuando las regularizaciones las hace el PP. O, en un giro mayor de tuerca, a sus consecuencias electorales. Cuando lo que logran con la regularización es una residencia legal, pero no la obtención de la nacionalidad española (que, además, tarda casi diez años en obtenerse), que es lo que permite votar, salvo el caso de los extranjeros de origen comunitario, que pueden hacerlo en las municipales, así como de los ciudadanos y ciudadanas de una docena de estados - entre ellos Reino Unido, Ecuador, Colombia, Chile, Perú o Nueva Zelanda- con los que hay un tratado de reciprocidad, que permite votar a los españoles en sus comicios locales y a sus nacionales en las locales españolas. Además de ser muy aventurado pensar que, si pudieran ejercer el derecho al voto, lo harían mayoritariamente a favor de opciones políticas de carácter progresista. Soy de los que creen que, por el contrario, hoy tienen mucho más peso las posiciones conservadoras.
Hay unos 9 millones de inmigrantes en el Estado español, el 18% de la población total. De ellos, 2,8 millones cuenta con nacionalidad española.
En el Estado español la mayor procedencia de migrantes regularizados está en Marruecos, Colombia y Venezuela, seguidas por Rumanía, Ecuador, Argentina, Perú, Reino Unido, Cuba, Francia y Ucrania. Los nacidos en Latinoamérica suponen el 47%, muy por encima de los que vienen de estados de la Unión Europea (18%), África (17%), Europa no comunitaria (9%) y Asia (6%).
En Canarias, según datos del ISTAC, se supera ya el medio millón, con un porcentaje más elevado que la media estatal, en torno al 23%; aunque por debajo de Baleares (por encima del 28%), Comunidad de Valencia, Cataluña, Madrid y Murcia. Las comunidades autónomas menos receptoras son Extremadura, Asturias y Castilla-León.
Por países de origen destacan Venezuela (cerca de 90.000, la mayoría establecidos en la isla de Tenerife; de ellos unos 55.000 tendrían también la nacionalidad española), Cuba, Colombia e Italia. Más de la mitad de los inmigrantes en Canarias procede de América (261.422). De Europa son 172.717 residentes, de los cuales casi 45.000 son italianos, una comunidad que ha aumentado mucho en los últimos años. Otros 47.077 (menos del 10% del total) son africanos, con unos 30.000 marroquíes. De Asia provienen 23.490 personas, de las cuales 9.213 son chinas. Fuerteventura es la isla con mayor porcentaje de población nacida fuera de España (39,3% de sus habitantes), seguida de Lanzarote (33,2%), El Hierro (31,9%), La Gomera (25,4%), Tenerife (24,7%), La Palma (22,6%) y Gran Canaria (15,6%).
700.000 inmigrantes sin regularizar.
Por otra parte, se estima en torno a 700.000 los que se encuentran residiendo irregularmente, de los que siete de cada diez son latinoamericanos. Hombres y mujeres que trabajan en distintos sectores económicos, desde la hostelería a los cuidados a las personas, pasando por la construcción o las tareas agrícolas, imprescindibles para el funcionamiento de la sociedad. Y, pese a sostener sectores claves de la economía, son criminalizados en los discursos de odio de la extrema derecha que tienen una enorme difusión en las redes sociales y en algunos medios de comunicación.
Lo que se pretende con esta regularización extraordinaria es acabar con esa situación de marginalidad y ausencia de derechos. La medida es apoyada por la cúpula de la Iglesia Católica, por centenares de ONGs, por la inmensa mayoría de los partidos y sindicatos, e incluso por la Patronal Andaluza y otros sectores empresariales. Radicalmente en contra se posicionan Vox y PP.
La fórmula adoptada en el Real Decreto aprobado por el Ejecutivo supone, a los solicitantes que se les responda favorablemente, la regularización de su situación y la obtención de un permiso de trabajo. Con una validez de un año, tras lo cual podrán incorporarse a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería para completar definitivamente su regularización. Se excluye a las personas que tengan antecedentes penales.
La regularización extraordinaria beneficiaría, en primer lugar, a las personas afectadas, hoy en la marginalidad y proclives a caer en situaciones de explotación; posibilitando su plena inserción cívica, laboral y fiscal. Pero también es positiva para el conjunto de la sociedad española y canaria. Una sociedad democrática no se sostiene cuando una parte significativa de ella se encuentra invisibilizada y marginada. Y, además, como confirman otras regularizaciones anteriores, junto a posibilitar una más armónica convivencia, tiene efectos positivos sobre los ingresos públicos.
Son personas que hoy son usuarias de los servicios públicos y que pagan impuestos cuando consumen. Pero al regularizarse van a ser, además contribuyentes por medio de las cotizaciones a la Seguridad Social y del IRPF. Estudios realizados por las universidades Carlos III y Pompeu Fabra coinciden en señalar que el impacto neto positivo de la medida en las arcas públicas se encuentra entre 3.300 y 4.000 euros por persona y año. Destacan, asimismo, que las regularizaciones anteriores no produjeron efectos negativos sobre el mercado de trabajo.
Por todas esas razones, desde Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) apoyamos la regularización impulsada por el Gobierno central. Por ser una medida absolutamente humana, valiente, justa y realista, frente a las injustas y violentas expulsiones masivas que se producen otros lugares. Como he señalado en otras ocasiones, entre todos y todas, nacidos en Canarias y personas migrantes de los más diversos orígenes, podemos construir una sociedad mejor. Con mayor equidad, avanzados y sólidos servicios públicos e infraestructuras y mayor solidaridad y cohesión social.
Y para los apocalípticos y sus voceros: el fenómeno migratorio continuará creciendo en las próximas décadas, por razones demográficas o económicas (necesidad de mano de obra en los estados receptores; pobreza, conflictos bélicos y consecuencias de la crisis climática, en los emisores). Es una realidad tangible, que hay que afrontar desde políticas públicas que apunten a la plena integración, con deberes y derechos, de los que hoy carecen quienes se encuentran en un auténtico limbo administrativo, circunstancia completamente intolerable. Potenciando, asimismo, una inmigración segura, ordenada y regular. La regularización, a la que en Canarias se calcula podrían acogerse unas 40.000 personas, va en la buena línea para contribuir a conseguir esos objetivos.
