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Una calle de Ereván, la capital de Armenia, decorada con el logo de la 17 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad. La mayoría de los países avanza en la dirección correcta para proteger a la naturaleza, pero a un ritmo muy lento, y un cuello de botella está en el financiamiento requerido para restaurar ecosistemas y, a la vez, en reducir subsidios a sectores agrícolas y de combustibles. Imagen X / VCG
“Miles de millones de personas cuyas vidas se ven trastocadas por los impactos de la pérdida de biodiversidad dependen de los avances que se logren aquí en estas dos semanas”, advirtió la secretaria ejecutiva de ese convenio de las Naciones Unidas, Astrid Schomaker.
La COP17, que se celebra en Ereván desde el lunes 19 y hasta el 30 de octubre, tiene como propósito evaluar el plan para la protección conocido como Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, adoptado hace cuatro años en reuniones en esas ciudades de China y Canadá.
Schomaker recordó que “en 2022, 196 países asumieron compromisos. Todos somos responsables ante los demás, y ante las generaciones futuras”, y consideró que las partes “avanzan en la dirección correcta, pero demasiado lento”.
En el marco Kunming-Montreal los gobiernos se comprometieron para alcanzar, con 23 metas para 2030, cuatro objetivos, de los cuales los dos primeros son que 30 % de las tierras, las aguas marinas y las continentales estén eficazmente protegidas, y que 30 % de los ecosistemas degradados sean restaurados.
Un tercer objetivo es movilizar con esos fines 200 000 millones de dólares al año, incluidos 30 000 millones de financiamiento público internacional, pero el total reunido en cuatro años apenas llegó a 186 000 millones.
El cuarto objetivo es reorientar 500 000 millones de dólares en subsidios perjudiciales para la naturaleza, especialmente los dirigidos al consumo de combustibles y ciertas actividades agrícolas.
El diagnóstico con el que se llega a Erevan es agridulce: casi 90 % de los países ya establecieron metas nacionales para proteger la naturaleza, pero menos de la mitad avanza al ritmo necesario para cumplirlas antes de 2030, y la mayor parte de ellas permanecen apenas estampadas sobre papel.
Por ejemplo, solo 45 % de los países presentaron sus planes nacionales a 2030 para frenar la pérdida de especies (39 % en América Latina y el Caribe), mientras que 66 % entregaron informes acerca de cómo avanzan en su implementación (61 % en la región latinoamericana).
El principal cuello de botella está en la desconexión entre el papel y su aplicación en el territorio, con graves rezagos en la atención a los impulsores de la pérdida de biodiversidad y en la protección de ecosistemas marinos, costeros y de agua dulce.
En lo que concierne a América Latina y el Caribe, la falta de medios de implementación se impone como una barrera estructural: hay trabas en la transferencia tecnológica, vacíos en el intercambio de conocimiento, y la entrega de recursos es tardía e insuficiente.
De ese modo países megadiversos o cercanos a esa categoría, como Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú o Venezuela, asumen compromisos de conservación elevados mientras lidian con restricciones fiscales y una capacidad técnica limitada para aplicar y monitorear sus metas nacionales.
Un aspecto destacado es que, aunque países como Brasil, Colombia o Costa Rica lideran en la integración de pueblos indígenas y comunidades locales a las tareas conservacionistas, el enfoque de derechos humanos y conocimiento tradicional sigue atomizado y sin financiamiento adecuado.
A nivel mundial, por otra parte, la eliminación y reorientación de subsidios nocivos registra el peor desempeño a nivel global, con un avance prácticamente nulo.
Ese objetivo toca sectores sumamente sensibles en el campo de la economía, la vida social y la política dentro y fuera de las fronteras nacionales. “No quiero ser ingenua. Es evidente que la geopolítica también interviene en el debate sobre la biodiversidad”, reconoció Schomaker en conferencia de prensa.
Mientras se estrecha el margen financiero para la protección y promoción de la biodiversidad, el gasto en actividades que consideran nocivas para la naturaleza alcanzó los 7,3 billones (millones de millones) de dólares en 2023.
