El rentismo inmobiliario se come los salarios y estrangula la economía productiva

El encarecimiento de la vivienda y los locales comerciales no solo neutraliza los incrementos salariales, sino que también perjudica a las pequeñas empresas y a las personas trabajadoras autónomas, limita el consumo, la inversión productiva y frena la creación de empleo.
Actualidad25 de octubre de 2026 CCOO

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Imagen IGOR LOLATTO - unsplash

El informe El coste del rentismo para los salarios y la economía productiva, elaborado por el Gabinete Económico de la Confederación Sindical de CCOO, pone de manifiesto las consecuencias económicas y sociales de un modelo inmobiliario que permite que los precios de la vivienda crezcan muy por encima de los salarios y de la capacidad de generación de riqueza de la economía productiva.

Dicho informe advierte de que el rentismo inmobiliario se ha convertido en un obstáculo para mejorar las condiciones de vida de buena parte de la clase trabajadora, pero también para impulsar un modelo económico basado en la actividad productiva, la inversión y la creación de empleo. Una parte creciente de los ingresos de las familias trabajadoras se destina a pagar la vivienda, mientras que el encarecimiento de los locales comerciales eleva los costes de las pequeñas empresas y de las personas autónomas.

Esta dinámica plantea una contradicción cada vez más evidente: mientras los salarios deben permitir una vida digna y las empresas necesitan invertir, innovar y desarrollar su actividad, las crecientes rentas inmobiliarias absorben recursos que podrían destinarse al consumo, al aumento de los salarios, a la inversión productiva y la creación de empleo.

La vivienda se come las subidas salariales

La evolución de los precios muestra la distancia cada vez mayor entre el coste de la vivienda y los salarios. Los datos señalan que entre el segundo trimestre de 2013 y el mismo periodo de 2026, el precio de comprar una vivienda aumentó un 108% mientras que el salario medio solo creció un 30%. Es decir, el precio de la vivienda ha aumentado 3,6 veces más que los salarios, alejando a millones de personas trabajadoras de la posibilidad de acceder a una vivienda en propiedad.

Además, cuando se puede acceder a una vivienda en propiedad el esfuerzo también ha aumentado de forma notable. Actualmente se necesitan, de media, 7,1 salarios anuales completos para comprar una vivienda de 90 metros cuadrados. En 1985 hacían falta 3,1 salarios. A esa cantidad hay que sumar el ahorro previo necesario para pagar la entrada, los impuestos y otros gastos, que representan aproximadamente el 30% del precio.

Quienes no pueden acceder a la compra tienen que optar por el alquiler. Pero la situación no es mejor en el mercado del alquiler. Entre 2015 y 2024, los precios de los nuevos contratos aumentaron un 37%, frente al 21% de incremento del salario medio.

El resultado es que las mejoras salariales conseguidas mediante la negociación colectiva y el incremento del salario mínimo se ven neutralizadas por el encarecimiento de la vivienda. No es posible garantizar una mejora sostenida del poder adquisitivo si una parte cada vez mayor de los salarios termina en manos de los propietarios inmobiliarios.

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El rentismo lastra la economía productiva

Las dificultades no solo afectan a la economía de las familias trabajadoras. El aumento del precio de los locales comerciales afecta de forma directa a los negocios, sobre todo a las pequeñas empresas y a las personas autónomas. Según los datos de la Agencia Tributaria recogidos en el estudio, los alquileres de locales comerciales aumentaron un 5,8% en 2021, un 8,3% en 2022 y un 4,5% en 2023.

Estos gastos drenan recursos de los negocios, elevan las barreras de entrada para quienes quieren emprender una actividad y dificultan la continuidad de los establecimientos existentes.

A ello se añade que las elevadas rentabilidades inmobiliarias generan una creciente competencia entre mantener una actividad económica y destinar los inmuebles a obtener rentas patrimoniales. En 2025 la rentabilidad bruta de invertir en vivienda fue del 16% mientras la rentabilidad ordinaria de los recursos propios empresariales fue del 7%, según datos del Banco de España.

El rentismo termina enfrentando la rentabilidad inmobiliaria con la rentabilidad de producir bienes y prestar servicios. Una economía en la que resulta más atractivo obtener rentas de los inmuebles que desarrollar actividades productivas es una economía que compromete su capacidad de crecimiento, innovación y creación de empleo.

Menos rentismo significa más consumo, actividad económica y empleo

El gasto en vivienda ocupa una parte importante del presupuesto familiar lo que deja menos dinero para gastar en otros bienes y servicios El informe recupera una estimación elaborada por el Gabinete Económico de la Confederación Sindical de CCOO1 que permite dimensionar este impacto. Una reducción del 30% en el coste de la vivienda podría generar entre 21.000 y 26.000 millones de euros adicionales de demanda agregada y favorecer la creación de entre 330.000 y 411.000 empleos acumulados en cinco años, bajo los supuestos de la simulación.

Una huelga general para que los salarios permitan vivir dignamente y la vivienda sea un derecho efectivo

Los resultados del informe refuerzan las razones de la huelga general convocada por CCOO y UGT para el próximo 11 de noviembre, que sitúa entre sus principales reivindicaciones el acceso a una vivienda digna y asequible, la mejora de los salarios, el control de los precios de los bienes y servicios esenciales y la defensa de unos servicios públicos de calidad.

La vivienda no puede seguir funcionando como un mecanismo de extracción de rentas que empobrece a las familias trabajadoras y perjudica al conjunto de la economía.

1 https://estudios.ccoo.es/noticia:730358--El_lastre_macroeconomico_del_rentismo_inmobiliario_nos_impide_crear_410_000_puestos_de_trabajo&opc_id=2822e5558151522375994d8e5960b30a

Para CCOO, es imprescindible actuar tanto sobre los salarios como sobre los precios de la vivienda. En el corto plazo, el sindicato plantea prorrogar los contratos de alquiler y avanzar hacia su conversión en indefinidos, así como regular los alquileres de temporada, de habitaciones y turísticos para impedir que sean utilizados como vías para eludir la regulación y elevar los precios.

A medio y largo plazo, propone movilizar anualmente recursos equivalentes al 1,5% del PIB para generar un parque permanente de 1,5 millones de viviendas asequibles en una década, mediante la construcción, adquisición y captación de viviendas.

La huelga general del 11N es también una reivindicación de otro modelo económico: uno en el que vivir de un salario permita acceder a una vivienda digna, en el que producir y trabajar resulte más atractivo que especular y en el que el crecimiento económico se traduzca en bienestar para la mayoría social.

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