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Imagen Nathan Dumlao - unsplash
Durante demasiado tiempo, la respuesta dependía del dinero, del trabajo o de la suerte. La enfermedad no solo era una tragedia biológica: era también una condena económica.
Eso cambió en España gracias a una decisión profundamente política. Gracias a la izquierda.
Hace ahora cuarenta años, nuestro país dio un paso histórico con la aprobación de la Ley General de Sanidad. Fue el resultado de una convicción ideológica clara: que la salud debía dejar de ser un privilegio para convertirse en un derecho.
Detrás de ese avance estuvo el impulso de un socialista imprescindible, Ernest Lluch, que entendió algo que hoy sigue estando radicalmente vigente: que un país solo progresa de verdad cuando el progreso se comparte. Que la sanidad pública no es un gasto, sino una inversión en igualdad, en libertad y en dignidad.
La Ley de 1986 no solo creó un sistema sanitario. Construyó una idea de país: un país donde nadie tiene que elegir entre curarse o arruinarse; donde enfermar no te expulsa de la vida que has construido; donde la protección frente a la enfermedad es un derecho garantizado por lo público y no una mercancía al mejor postor.
Ese es el modelo que la izquierda ha defendido siempre. Y ese es el modelo que hoy está en disputa.
El presidente Pedro Sánchez ha sido claro: no hay Estado del Bienestar sin una sanidad pública fuerte, universal y de calidad.
Los datos lo avalan. Desde 1986 hemos ganado ocho años de esperanza de vida. Somos líderes mundiales en donación y trasplantes. Nada de eso es casualidad: es el resultado de apostar por lo público.
Y también lo avalan las políticas actuales. Desde 2018, el Gobierno de España ha incrementado el gasto sanitario en un 30% y ha transferido a las comunidades autónomas más de 300.000 millones de euros adicionales para reforzar el Estado del Bienestar.
Hoy estamos dando pasos importantes: más inversión en tecnología, impulso a la medicina personalizada, refuerzo de la investigación y una apuesta decidida en la lucha contra el cáncer. Hemos renovado y ampliado equipos de alta tecnología en hospitales de todo el país, impulsado terapias avanzadas como las CAR-T que ya están salvando vidas y situado a España como referente europeo en ensayos clínicos. Hemos ampliado derechos, como el acceso a la reproducción asistida, reforzado la salud bucodental y puesto en marcha programas como el Plan Veo para garantizar gafas y lentillas a niños y adolescentes.
Pero esos más de 300.000 millones de euros adicionales exigen resultados. Y la pregunta es inevitable: ¿qué está fallando en Canarias con el actual gobierno autonómico de CC y PP? La respuesta es evidente: una pésima gestión y una preocupante derivación hacia la sanidad privada que pone en riesgo una de las mayores conquistas sociales de nuestro país.
La realidad es inaceptable: listas de espera disparadas, urgencias saturadas, una atención primaria desbordada y profesionales sanitarios trabajando bajo una presión insostenible. Cuando la sanidad pública falla, se resiente la igualdad.
Y basta mirar fuera para entender lo que está en juego. En Estados Unidos, la principal causa de bancarrota de las familias está relacionada con los gastos sanitarios. Allí, enfermar puede significar perderlo todo.
¿Qué clase de país queremos ser?
¿Uno donde el lugar de residencia o la renta determinen tu derecho a la salud? ¿O uno donde, cuando te despiertas con fiebre a las tres de la mañana, sabes que habrá alguien para atenderte?
La izquierda lo tenemos claro. Este es el país que queremos. Y, cuarenta años después, nos corresponde cuidar, defender y proteger nuestro mayor tesoro: la sanidad pública.
(*) Marta Arocha Correa es senadora por la isla de Tenerife y secretaria de Sanidad, Dependencia y Discapacidad del PSOE Canarias
