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Un nuevo tendido en Asia de bombas de varilla (balancines o cigüeñas) para la extracción de petróleo. Organizaciones ambientalistas presentes en la Conferencia de Santa Marta (Colombia) para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles aboga por que la ciencia y los derechos de los pueblos del Sur tengan un papel protagónico en los cambios necesarios para una nueva realidad energética. Imagen : Zhengzaishuru
Se exige que la transición energética debe ser “justa y equitativa”, lo que implica “reconocer la responsabilidad histórica y actual del Norte global, exigiéndole que lidere la velocidad de la eliminación gradual y proporcione financiamiento climático adecuado y basado en subvenciones como reparación al Sur global”.
Tasneem Essop, directora ejecutiva de Climate Action Network (CAN) International, integrante de la coalición ambientalista, dijo que “estamos aquí para exigir que los gobiernos demuestren la voluntad política de romper las cadenas de la extracción colonial de una vez por todas”.
La primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, pionera de su tipo en el mundo, se realiza esta última semana de abril con el patrocinio de los gobiernos de Colombia y de los Países Bajos, y congrega a representantes de gobiernos, académicos y entidades de organizaciones de la sociedad civil.
La coalición presentó sus demandas en un documento con 15 principios para una transición justa, el primero de los cuales es que debe ser rápida, transformadora y guiada por una ciencia climática rigurosa, al tiempo que se recurre al conocimiento indígena, ancestral y popular.
Una guía es limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados (° C) sobre los niveles de la era preindust6rial (1850-1900) y alcanzar en 2050 el cero real de emisiones de gases de efecto invernadero (eliminar la misma cantidad que se emite).
La Conferencia de Santa Marta ya acordó, al término de su fase de debates académicos, la conformación de un Panel Científico para la Transición Energética Global, con el objetivo de asesorar a los países en la formulación de políticas públicas basadas en evidencia científica.
“Este panel no solo responde a una deuda histórica, sino que permitirá construir acciones concretas para superar los combustibles fósiles”, observó la ministra colombiana de Ambiente, Irene Vélez Torres.
Tendrá como sede la Universidad de Sao Paulo, Brasil, “pero será internacional e independiente, al servicio de la humanidad”, expresó Johan Rockström, director del alemán Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto del Clima.
Durante los próximos cinco años, el panel tendrá como objetivo organizar información clave que permita a ciudades, regiones y gobiernos avanzar de manera efectiva hacia la descarbonización, indicó Rockström.
El siguiente punto de la declaración de los ambientalistas plantea que se debe abordar la pobreza energética y garantizar el acceso universal a energía suficiente, sostenible, “justa en materia de género y no racista, tratando la energía como un bien público y priorizando los sistemas descentralizados y de propiedad comunitaria”.
En materia de eficiencia, suficiencia, soberanía y uso responsable, abogan por priorizar la reducción del consumo excesivo (especialmente por parte de las élites y las corporaciones) y la suficiencia material por encima de la acumulación de capital.
Plantean la movilización de financiamiento adecuado y justo, con eliminación de las barreras financieras, cancelación de las deudas ilegítimas y la provisión de financiamiento climático adecuado, público y que no genere deuda, por parte del Norte Global, como reparaciones, sin condiciones políticas.
“Estamos aquí para recordar a los gobiernos que una transición justa requiere una financiación pública masiva para el clima y reparaciones completas por la deuda climática contraída con el Sur Global”, dijo la filipina Lidy Nacpil, del Movimiento de los Pueblos Asiáticos sobre Deuda y Desarrollo, integrante de la coalición.
La coalición destaca los derechos de los trabajadores, las mujeres, los migrantes, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los jóvenes y los sectores marginados, frente a la discriminación basada en el género, la raza, la clase y la casta.
Pide que la transición garantice “una gobernanza equitativa del patrimonio natural, protegiendo la biodiversidad, la seguridad hídrica y los sistemas alimentarios, los derechos territoriales comunitarios e indígenas y promoviendo la agroecología”.
Exige normas estrictas de derechos humanos y medioambientales para la extracción de minerales de transición, rechaza el extractivismo, promueve una economía circular y prohíbe el uso de minerales con fines militaristas.
Por otra parte, rechaza “soluciones falsas”, como la captura de carbono (tecnologías para capturar y almacenar el dióxido de carbono de las emisiones industriales), los mercados de carbono, la energía nuclear y la incineración de residuos.
Vincula la descarbonización con la desmilitarización, afirmando que las guerras y el militarismo son principales impulsores de las emisiones y obstáculos para la justicia; exige el fin de la agresión y la ocupación, y la reorientación del gasto militar hacia sistemas que sostengan la vida.
Essop, máxima responsable de CAN International, consideró que “los países reunidos en Santa Marta deben establecer compromisos vinculantes y mecanismos globales concretos para una eliminación rápida, justa y totalmente financiada. Esto requiere enfrentar las causas fundamentales del capitalismo colonial y rechazar las soluciones falsas”.
