HERAT, Afganistán – Qadoos Khatibi, profesor universitario, y Fayaz Ghori, activista de la sociedad civil, ambos afganos, fueron detenidos por el Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio de los talibanes. ¿Su delito? Defender públicamente el derecho de las niñas a la educación.
Su detención se produjo cuando Afganistán iniciaba un nuevo año académico en la última semana de marzo. Las escuelas reabrieron en todo el país, pero las niñas solo pueden acceder a las aulas en el nivel de primaria por quinto año consecutivo.
Khatibi había publicado un vídeo en el que instaba a los talibanes a reabrir las instituciones educativas para las niñas, haciendo hincapié en que un país no puede desarrollarse sin la educación de las niñas. Ghori, por su parte, había escrito: «Esperamos con ansias el día en que se abran las puertas de la educación para las niñas de este país».
En el Afganistán actual, incluso la defensa de causas cívicas y no políticas puede entrañar un riesgo extremo. Los críticos y activistas se exponen a ser detenidos, a sufrir desapariciones forzadas y, en ocasiones, a algo peor, simplemente por compartir un vídeo, escribir una publicación o alzar la voz.
Los espacios en línea son objeto de una estrecha vigilancia y las voces críticas son rápidamente silenciadas
Han pasado casi cinco años desde que en agosto de 2021 los talibanes volvieron al poder en Afganistán, tras haber gobernado el país entre 1996 y 2001. El quinquenio ha sido marcado por el cierre de las escuelas secundarias y las universidades a las niñas y las mujeres.
Durante este tiempo, la educación de las niñas se ha paralizado por completo, y cualquiera que se atreva a alzar la voz en señal de protesta suele enfrentarse a un castigo rápido y severo.
Sediq Yasinzada, activista de la sociedad civil en la noroccidental provincia de Herat y amigo de Khatibi y Ghori, afirmó que se habían pronunciado en contra del cierre de escuelas y universidades para las niñas. Habían compartido publicaciones en Facebook en las que pedían la reapertura de las escuelas más allá del sexto curso y que las universidades volvieran a admitir a alumnas.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), más de 2,2 millones de niñas en Afganistán se ven privadas actualmente del acceso a la educación debido a las restricciones, lo que pone de relieve la magnitud del problema.
En marzo de este año, ambos hombres fueron citados por el Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio de los talibanes en Herat, la capital provincial. Tras interrogarlos, fueron entregados a los servicios de inteligencia talibanes. Pasaron 24 horas detenidos, un destino que se ha vuelto demasiado familiar para los críticos del régimen talibán en Afganistán.
Esta vez, sin embargo, la respuesta fue diferente. Dado que Khatibi y Ghori son figuras muy conocidas en Herat, su detención desencadenó una ola de apoyo en las redes sociales. Ciudadanos comunes, activistas y personas influyentes locales exigieron su liberación inmediata, lo que llevó su caso a amplias esferas públicas.
Además de la indignación en las redes sociales, varios ancianos locales y figuras influyentes intervinieron directamente ante los talibanes y, tras unas 24 horas, ambos hombres fueron liberados.
Sarwar Khan, un destacado anciano de Herat, afirma que ha instado repetidamente a los talibanes en reuniones a reabrir las escuelas. Es padre de cuatro hijas, a todas ellas se les niega ahora el acceso a la educación. «Envía a tus hijos a estudiar», fue la respuesta burlona de los talibanes, plenamente conscientes de que Sarwar Khan no tiene hijos.
Cuando señaló que no tiene hijos y que la educación es un derecho tanto para las mujeres como para los hombres, fue amenazado con la expulsión o incluso con la cárcel si seguía hablando.
Tras su puesta en libertad, Khatibi compartió una declaración en Facebook que subrayaba el núcleo de su reivindicación:
«Lo que pedimos era una petición humana, nacional e islámica… El conocimiento es la base del desarrollo y no entra en conflicto con los valores religiosos. El conocimiento no tiene género. Nuestras mujeres y niñas tienen derecho a la educación», escribió.
Las detenciones de Khatibi y Ghori no fue un incidentes aislado.
Reflejan una tendencia más amplia en Afganistán, donde incluso la defensa pacífica de la educación de las niñas puede ser tratada como un delito. Familias como la de Sarwar Khan, así como activistas y ciudadanos comunes, se enfrentan a amenazas constantes simplemente por exigir un derecho humano básico.
En el Afganistán actual, incluso la defensa cívica y apolítica puede conllevar un riesgo extremo. Los críticos y activistas corren el riesgo de ser detenidos, de sufrir desapariciones forzadas y, a veces, algo peor, simplemente por compartir un vídeo, escribir una publicación o alzar la voz.
Los espacios en línea están estrechamente vigilados y las voces críticas son rápidamente silenciadas.
Muchos hombres evitan protestar no por indiferencia, sino por miedo. En una situación en la que los profesores universitarios y los activistas de la sociedad civil pueden ser investigados y, en última instancia, criminalizados simplemente por compartir un vídeo o un texto escrito, muchos optan por el silencio.
Sin embargo, a pesar de este entorno de represión, las mujeres, las niñas y algunos hombres siguen protestando.
Desde el regreso de los talibanes, decenas de mujeres han permanecido detenidas durante semanas o incluso meses sin acceso a abogados ni contacto con sus familias, simplemente por exigir el derecho fundamental a la educación.
Con el dominio talibán, Afganistán ha entrado en una nueva y dura era.
Los avances logrados a lo largo de las dos décadas en que el regimén teocrático y regresivo estuvo alejado del poder, millones de niñas accedieron a escuelas y universidades, en un proceso que se ha detenido bruscamente.
El cierre de las escuelas a partir del sexto curso, cuando culmina la primaria, y la suspensión de la educación superior han creado no solo una crisis educativa, sino también un profundo desafío social y humano.
En este clima, cualquier forma de protesta cívica se enfrenta a medidas de seguridad represivas, lo que reduce el espacio para la expresión pública.
Las autoridades talibanes han detenido repetidamente a críticos y activistas de la sociedad civil en los últimos años, en particular a aquellos que se han pronunciado en contra de sus políticas.
