Del colapso bancario a la caída presidencial: el entramado detrás de la crisis en Paraguay

La destitución de Santiago Peña y la investigación penal abierta por el colapso de Ueno Bank exponen una crisis que trasciende el sistema bancario. Los préstamos entre empresas vinculadas, el uso de fondos públicos y previsionales, y las relaciones entre el poder económico y el político revelan los riesgos de un modelo en el que recursos de millones de paraguayos quedaron comprometidos.
Por Claudia Colman para La tinta
Mundo20 de noviembre de 2026 La Tinta

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Paraguay atraviesa una de las crisis políticas y económicas más profundas de su historia reciente. En medio de jornadas de movilizaciones, el viernes 6 de noviembre de 2026, Santiago Peña (Asociación Nacional Republicana) fue destituido de la Presidencia de la República mediante un juicio político por mal desempeño de sus funciones, luego del cierre de Ueno Bank. La decisión unánime del Congreso llevó a la inmediata asunción del, hasta entonces, vicepresidente, Pedro Alliana (ANR), quien deberá completar el periodo presidencial hasta agosto de 2028, acompañado de Antonio Barrios como vicepresidente.

Tras su destitución, Peña fue posteriormente imputado por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor. El expresidente cumple prisión preventiva desde el sábado último en el Regimiento Escolta Presidencial, en el marco del proceso judicial.

El pasado 3 de noviembre, cerca de tres millones de trabajadores amanecieron sin poder acceder a sus depósitos ni a sus salarios. En plena madrugada, el Banco Central del Paraguay (BCP) declaró la resolución del mayor banco digital de Paraguay, Ueno Bank, dejando a miles de familias sin la posibilidad de acceder a sus salarios y ahorros.

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La medida a la entidad bancaria se dio tras detectar que su índice de solvencia había caído a menos de la mitad del mínimo regulatorio del 12%. El expresidente había sido accionista de la entidad financiera y había mantenido vínculos económicos hasta marzo del 2025.

Las filas frente a las sucursales de Ueno Bank eran el retrato de la desesperación. En las calles, miles de trabajadores y trabajadoras aguardaban respuestas mientras veían tambalearse los ahorros de toda una vida. Entre la incertidumbre y la angustia, una certeza comenzaba a abrirse paso: no era solo un banco el que se derrumbaba. Con él, se desplomaba el esfuerzo y el trabajo de miles de familias.

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Más que la caída de un banco

Reducir esta crisis a la caída de un presidente o al cierre de una entidad bancaria significa pasar por alto las condiciones económicas y políticas que hicieron posible su desarrollo. Durante las últimas décadas y, particularmente, desde el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018), Paraguay profundizó un modelo económico marcado por el crecimiento del endeudamiento público, el protagonismo del capital financiero y el uso de recursos estatales por parte del sector privado.

Este proceso no puede comprenderse al margen de las estrechas relaciones entre el poder político y los grandes grupos económicos, cuya influencia sobre la orientación de las políticas públicas y la distribución de los recursos ha estado acompañada de reiteradas denuncias de corrupción. 

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La llegada de Santiago Peña a la Presidencia representó una continuidad de ese proyecto. Su trayectoria estuvo sostenida y apoyada por Horacio Cartes, expresidente paraguayo declarado “persona significativamente corrupto” en junio de 2022 por el Gobierno de Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. Peña formó parte del entorno vinculado a Cartes, incluida la incorporación a su gobierno como ministro de Hacienda (2015-2017) y su participación en el directorio del entonces Banco Basa, vinculado al grupo Cartes. Su ascenso a la Presidencia representó la continuidad de una estructura de poder (ANR) que, desde 1947, ha gobernado el país bajo gobiernos civiles como militares, además de sostener durante 35 años la dictadura de Stroessner (1954-1989) y conservar el poder durante el periodo de “transición democrática”.

Durante el gobierno de Horacio Cartes, diversas denuncias ante la Fiscalía señalaron la existencia de presuntos esquemas de lavado de dinero. Entre 2013 y 2018, Tabacalera del Este S. A., entonces de su propiedad, declaró ventas locales por 1,1 billones de dólares, el triple de sus exportaciones. Según las denuncias, estas operaciones habrían encubierto el contrabando de cigarrillos hacia Brasil y el posterior retorno irregular del dinero a Paraguay mediante casas de cambio y una entidad financiera vinculada al expresidente, cuyas operaciones crecieron un 45% durante ese período.

La acelerada expansión de Ueno Bank debe analizarse en este contexto de estrechas relaciones entre el poder político y económico. El crecimiento de la entidad bancaria se sustentó en la captación de depósitos de trabajadores, emprendimientos, empresas e instituciones públicas, mientras desarrollaba un circuito de préstamos y transferencias entre sociedades vinculadas al mismo grupo económico. Desde la obtención de su licencia bancaria en 2023, año que Santiago Peña llegó a la Presidencia de la República, la entidad logró consolidarse como el banco con la mayor cantidad de clientes del país.

Sin embargo, detrás de este liderazgo en el mercado bancario, las operaciones crediticias con empresas vinculadas constituyen uno de los principales ejes de la investigación del Ministerio Público. Según los antecedentes de supervisión del Banco Central del Paraguay (BCP), al 30 de abril de 2026, Ueno Bank registraba créditos concedidos a tres sociedades relacionadas con su grupo económico por aproximadamente USD 123 millones. Esta cifra supera ampliamente el límite regulatorio. El exceso alcanzaba aproximadamente USD 41,5 millones, lo que evidencia la magnitud de la exposición crediticia del banco frente a empresas de su propio entorno económico.

El problema no se limitaba al incumplimiento de los límites regulatorios. Según la investigación, Ueno Bank habría desarrollado un circuito de circulación de recursos entre empresas vinculadas, mediante el cual los préstamos otorgados por el banco eran transferidos entre sociedades del mismo grupo económico y, en algunos casos, utilizados para cubrir obligaciones financieras anteriores. Este mecanismo habría permitido sostener el financiamiento interno del conglomerado, en medio de irregularidades en las garantías, la documentación crediticia y la evaluación de riesgos.

Los vínculos entre Santiago Peña Palacios y el conglomerado empresarial se evidencian, además, durante los dos primeros años de su mandato, tiempo en el que mantuvo inversiones en certificados de depósito de ahorro (CDA) en Ueno Bank por aproximadamente USD 370.000, además de un bono de ITTI SAECA por USD 50.000. A ello, se sumaba una vinculación societaria con Ueno Holding SAECA por aproximadamente USD 950.000, empresa perteneciente al mismo grupo económico que la entidad bancaria.

La relación de su entorno familiar con el conglomerado empresarial también se extendía al ámbito internacional. En octubre de 2023, el Grupo Vázquez, principal accionista de Ueno Bank y encabezado por Miguel Vázquez, socio comercial de Peña, constituyó en Luxemburgo la sociedad U Holding SARL. En 2024, parte de sus participaciones fueron transferidas a nuevos socios, entre ellos, Francisco Peña Palacios, hermano del entonces presidente de la República, quien adquirió 58 acciones.


En el marco de esta investigación, el Ministerio Público sostiene que Santiago Peña, en su condición de presidente de la República y en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, habría utilizado su posición institucional para influir en decisiones relacionadas con la colocación de recursos públicos en una entidad bancaria con la que mantenía intereses económicos y vínculos societarios.

Esta relación también se habría materializado mediante la designación de Carlos Carvallo Spalding, imputado en la causa y exdirectivo de Ueno Bank, al frente del Banco Central del Paraguay. Esta designación, que obtuvo aprobación y el visto bueno del Congreso Nacional con mayoría colorada, habría favorecido una inacción de las autoridades de supervisión, impidiendo la intervención cautelar oportuna de Ueno Bank, desvelando además un entramado de complicidad entre diversas instituciones públicas.

Tras el cierre de la entidad bancaria, las estimaciones preliminares de la Fiscalía sitúan el perjuicio patrimonial al Estado paraguayo en más de USD 815 millones, correspondientes a recursos públicos de instituciones y cajas de jubilación depositados en la entidad. 

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A esta crisis, se suma el impacto sobre los ahorros depositados en casi tres millones de cuentas bancarias, en un país de 6.460.159 habitantes. La protección de estos recursos está garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), establecido por la Ley n.º 2334/03 tras la crisis financiera de 1995, que contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos por depositante y por entidad bancaria. Para los depósitos que excedan ese límite, el Banco Central del Paraguay (BCP) dispone de un plazo de 15 días para elaborar el balance de exclusión, un procedimiento mediante el cual se separan los activos considerados sanos y determinados depósitos para su eventual transferencia a otras entidades financieras. Los fondos que no puedan ser transferidos pasarán al balance residual y quedarán sujetos al proceso de quiebra judicial. En esta instancia, la recuperación del dinero dependerá de la disponibilidad de activos y del orden de prelación de los acreedores establecido por la Ley n.º 154/69.

Hasta el momento, los fiscales Nancy Salomón, Silvia González, Manuel Doldán y Francisco Cabrera han identificado alrededor de 37 personas jurídicas y 35 personas físicas presuntamente vinculadas al esquema investigado. Entre los hechos punibles atribuidos, figuran la conducta indebida en situaciones de crisis, la lesión de confianza, la tentativa de estafa y la violación de la obligación de llevar libros de comercio, entre otros. Asimismo, en el marco de la investigación, se dispuso la prisión preventiva de quienes se desempeñaban como directivos de Ueno Bank.

El costo de la crisis: jubilaciones en riesgo y miles de trabajadores sin empleo 

La intervención de Ueno Bank dejó atrapados cientos de millones de dólares de instituciones públicas y cajas de jubilación. Y es aquí donde se encuentra uno de los aspectos socialmente más graves de la crisis. Entre los fondos comprometidos, se encuentran USD 345 millones del Instituto de Previsión Social (IPS) durante el primer semestre de 2026, institución encargada de administrar recursos destinados a la protección social y las jubilaciones de trabajadoras y trabajadores paraguayos.

Para comprender cómo se llegó a esta situación, es necesario remontarse a diciembre de 2023, cuando, bajo el gobierno de Santiago Peña, se promulgó la Ley n.º 7235, que creó la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, y reguló la supervisión estatal de las entidades previsionales. La normativa, impulsada y aprobada por la mayoría del Partido Colorado en el Congreso Nacional, provocó un fuerte rechazo por sectores sindicales y políticos. Su aprobación desató cuestionamientos sobre las garantías de protección de los fondos de seguridad social de los trabajadores. Diversos sectores advirtieron que la legislación podía abrir las puertas a la utilización de los fondos jubilatorios en beneficio de intereses financieros privados, al tiempo que cuestionaron su constitucionalidad. Tres años después, en medio de la crisis de Ueno Bank y con millones de dólares de recursos previsionales comprometidos, aquellas advertencias hoy aparecen como una de las cuestiones centrales de la crisis. La ley tenía tenía un objetivo y lo cumplió: usar los fondos de millones de trabajadores y trabajadores.

A más de una semana del estallido de la crisis, cerca de 7000 trabajadores vinculados, directa e indirectamente, a las empresas afectadas continúan sumergidos en la incertidumbre. Según informó el Ministerio de Trabajo, aunque los establecimientos permanecen cerrados, los afectados continúan figurando legalmente en las planillas laborales. Ante este escenario, las autoridades señalaron que los bienes de las empresas podrían ser vendidos para cubrir las indemnizaciones pendientes. Mientras tanto, se dispuso el levantamiento de las cláusulas de exclusividad establecidas en los contratos, que impedían a los trabajadores buscar otras fuentes de empleo.

Frente a las consecuencias de una crisis financiera que golpea directamente a quienes dependen de su trabajo para subsistir, los periodistas afectados de VMedia decidieron organizarse colectivamente y recuperar la iniciativa ante un escenario marcado por la incertidumbre. Desde el viernes 6 de noviembre, retomaron las publicaciones en los sitios web y las redes sociales de los medios del grupo, mediante una acción colectiva que convirtió la organización de los trabajadores en una respuesta firme frente a la crisis.

En las calles, la crisis no termina

“Alliana, delincuente, no sos mi presidente”, “No hablamos de números, hablamos de vidas”, “Que devuelvan todo lo robado” son algunas de las consignas que resonaron en las movilizaciones populares tras la destitución de Santiago Peña. Las protestas expresan un descontento que trasciende el cierre de Ueno Bank y pone en cuestión las responsabilidades políticas detrás de una crisis que golpeó a la mayor parte del país.

La magnitud de la crisis y la presión ejercida por las movilizaciones populares fueron factores decisivos en el desenlace político, en un contexto marcado por crecientes disputas internas dentro del Partido Colorado. En este escenario, el juicio político contra Santiago Peña no puede comprenderse únicamente como una respuesta a las irregularidades financieras investigadas, sino también como la expresión de una profunda crisis política del país.

Estas tensiones ya se habían manifestado en el terreno electoral. En las elecciones municipales de octubre, el Partido Colorado perdió el control de dos importantes ciudades del país, a pesar de mantener la hegemonía en el resto del país. Paralelamente, Santiago Peña había comenzado a tomar distancia del movimiento Honor Colorado, facción liderada por Cartes, e impulsaba la construcción de una plataforma política propia, con el respaldo de congresistas, intendentes y gobernadores. Así, quien había llegado a la Presidencia de la mano del cartismo comenzó a disputar espacios de poder dentro de la misma estructura política que había sostenido su ascenso.

Sin embargo, la destitución de Peña no significó una ruptura con el proyecto político que lo llevó al Gobierno. La asunción de Pedro Alliana representa la continuidad del cartismo en el gobierno. Exdiputado y propietario de más de mil hectáreas destinadas a actividades agroganaderas en Ñeembucú, mantuvo en puestos estratégicos del Gobierno a dirigentes vinculados a Honor Colorado. Entre ellos, se encuentra Eduardo Ariel González Báez, secretario general de la Junta de Gobierno de la ANR y director de Gabinete de la Presidencia partidaria desde 2023, bajo la conducción de Horacio Cartes, quien pasó a desempeñarse como asesor jurídico de la Presidencia de la República.

Asimismo, se oficializó la incorporación del cartista Juan Carlos Baruja al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), una de las carteras con mayor capacidad de ejecución presupuestaria y adjudicación de contratos públicos.

Mientras la sucesión presidencial garantiza la permanencia en el poder de sectores del mismo bloque político bajo cuyo gobierno se produjo la expansión y posterior colapso de Ueno Bank, en las calles, las movilizaciones populares mantienen viva la exigencia de recuperar los fondos comprometidos, defender los puestos de trabajo y exigir justicia para las miles de familias afectadas. Porque, más allá de los cambios en el gabinete, las consecuencias de la crisis siguen recayendo sobre quienes viven de su trabajo, aquellos que históricamente han terminado pagando el costo de las crisis que no provocaron.

*Por Claudia Colman para La tinta / Imágenes: Elisa Marecos y Sandino Flecha para El Surtidor.

LA TINTA

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