Los municipios turísticos ya tienen su ley.

El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por 63 votos a favor y tres abstenciones, de Vox, la ley de municipios turísticos, la primera norma tramitada en la comunidad autónoma a iniciativa legislativa municipal y que viene a regular la figura de este tipo de ayuntamientos. Pese a la importancia de la norma, la consejera del ramo, Jéssica de León, ha estado ausente en el Parlamento, al encontrarse de vacaciones.

La ley, impulsada inicialmente por trece ayuntamientos y asumida después por el conjunto de los municipios canarios a través de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), crea por primera vez un régimen jurídico específico para los municipios cuya actividad está marcada por el turismo y que prestan servicios públicos a una población muy superior a la empadronada.

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La norma establece dos categorías: municipio turístico de excelencia de Canarias y municipio turístico de singularidad de Canarias.

Para obtener la consideración de municipio turístico de excelencia, la ley establece que los ayuntamientos deberán acreditar dos de tres requisitos: que su población turística anual sea cinco veces superior a la empadronada, contar con al menos 4.000 plazas de alojamiento turístico o disponer de plazas alojativas de cinco estrellas iguales o superiores al 10% de la población empadronada.

Además, la actividad turística deberá representar más del 15% de la economía municipal, mediante informe del Consejo Económico y Social o de una de las dos universidades públicas canarias.

En el caso de las islas verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro) y de los municipios de reto demográfico, bastará con que la población turística triplique la empadronada, que cuenten con 2.000 plazas alojativas o que dispongan de establecimientos de cuatro estrellas, incluso en municipios limítrofes.

Para ser municipio turístico de singularidad, la ley exige acreditar al menos dos recursos de interés turístico singular y que la actividad turística suponga más del 5% de la economía local, aunque en las islas verdes y los municipios de reto demográfico bastará con un recurso singular.

La declaración corresponderá al Gobierno de Canarias por decreto, a solicitud del ayuntamiento interesado, previo acuerdo plenario por mayoría absoluta, y tendrá vigencia indefinida, salvo pérdida de los requisitos, incumplimientos reiterados o renuncia expresa.

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Qué implica para los ayuntamientos

Los municipios turísticos tendrán derecho a usar esa denominación, incorporarse a programas autonómicos e insulares de promoción, participar en órganos consultivos turísticos y ser tenidos en cuenta en políticas de infraestructuras y servicios que incidan en el turismo.

También asumirán obligaciones como adaptar sus ordenanzas, aprobar instrumentos de planificación turística municipal, mantener espacios públicos, proteger el patrimonio natural y cultural, reforzar servicios turísticos, impulsar la movilidad sostenible y favorecer la participación ciudadana.

Entre los servicios específicos que deberán prestar figuran la vigilancia ambiental, el refuerzo de la limpieza en zonas de uso turístico, el control de ruidos, la vigilancia y socorrismo en playas, la información turística accesible y la actualización de portales web con información para visitantes.

Votación de los grupos.

De los grupos de la oposición, la diputada del PSOE Lucía Fuentes ha dicho que respaldan la ley por considerar que reconoce una reivindicación histórica de los municipios turísticos y ha destacado que el texto se ha mejorado durante la tramitación para incluir a los municipios de reto demográfico y evitar que localidades con valor patrimonial o natural quedaran fuera del reconocimiento.

Esther González, de Nueva Canarias también ha apoyado la norma, aunque ha defendido una enmienda -rechazada por los grupos que apoyan al Gobierno- para suspender temporalmente expedientes sancionadores ligados al régimen de unidad de explotación hasta que el Gobierno tramite la reforma anunciada de la ley de renovación turística, al entender que es incoherente seguir aplicando una regulación que el propio Ejecutivo considera necesario modificar.

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Por Vox, Paula Jover ha justificado la abstención por la ausencia de ficha financiera, por rechazar referencias que considera ajenas al turismo en materia climática y de género, y por oponerse al régimen previsto para funcionarios de carrera que ocupen órganos directivos en municipios turísticos de excelencia.

De los grupos que apoyan al Gobierno, Mario Cabrera, de Coalición Canaria, ha apuntado que si bien la ley no resuelve por sí sola los retos de la vivienda, el territorio o la movilidad, ni crea un fondo económico específico, sí ofrece un punto de partida para reconocer una realidad que hasta ahora no tenía encaje jurídico, y puede ser la base para debatir el modelo turístico de las islas y cuestiones como el reparto de la riqueza o el número de camas.

Del PP, el diputado David Morales ha destacado que la norma va más allá de un sello distintivo, porque reconoce el sobreesfuerzo en servicios públicos que soportan los municipios turísticos y refuerza la idea de Canarias como una unidad de destino turístico.

Jesús Ramos, diputado de la Agrupación Socialista Gomera, ha celebrado que la ley tenga en cuenta a las islas verdes y a los municipios de reto demográfico, al entender que el turismo puede ser una oportunidad para fijar población y generar actividad económica en esos territorios.

El diputado de la Agrupación Herreña Independiente, Raúl Acosta, ha considerado que la aprobación de esta ley supone un hito para el municipalismo canario, porque los ayuntamientos dejan de ser “convidados de piedra” y se convierten en impulsores de soluciones legislativas para el conjunto del archipiélago.