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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que su país no realizará más elecciones en las que participe la oposición que pueda disputar el poder que ejerce junto con su esposa Rosario Murillo como copresidenta. El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, se sumó a las críticas y demandó el restablecimiento del Estado de derecho en el país centroamericano. Imagen: Jairo Cajina / CCC
“Estos recientes acontecimientos acentúan aún más las graves restricciones a las libertades fundamentales, el desmantelamiento del espacio cívico y la erosión constante del Estado de derecho”, declaró Türk.
El 19 de julio, Ortega habló de nuevas leyes que impedirían a personas y grupos opositores participar en las elecciones, lo cual cancela de facto los comicios originalmente previstos para noviembre de 2027, luego de que en enero de 2025 el Congreso, oficialista, amplió por un año el mandato presidencial, de cinco.
“Aquí no volverá a haber elecciones. Aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas (seguidores de las dictaduras del siglo pasado), volverán a llegar al gobierno. Jamás, jamás, jamás”, dijo Ortega.
Türk replicó recordando que “todas las personas, de cualquier tendencia política, deben poder votar y postularse a cargos públicos, en consonancia con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos”.
Entre las reacciones generadas tras las palabras de Ortega figura la del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien dijo que “la declaración de Daniel Ortega de que bajo la dictadura de su familia Nicaragua jamás volverá a celebrar elecciones deja al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria”.
Observó que “Daniel Ortega y (su esposa y copresidenta) Rosario Murillo han abandonado incluso la pretensión de consentimiento popular”, y subrayó que “el pueblo nicaragüense tiene derecho a elegir a sus propios líderes mediante elecciones democráticas”.
Estados Unidos “insta a la comunidad internacional a aunar esfuerzos para demostrar a la dictadura de Murillo-Ortega que no puede pretender mantener relaciones normales con otras naciones cuando está socavando los principios fundamentales de nuestro hemisferio democrático”, dijo Rubio.
Türk, en la declaración divulgada por su oficina en esta ciudad suiza, también destacó la acentuación del poder en la presidencia dual que ejercen Ortega, quien gobierna desde 2007, y de su esposa Murillo.
Recordó que, a principios de este mes, el gobierno revocó abruptamente las credenciales de varios abogados, sin fundamento jurídico ni explicación oficial alguna, y destacó que al menos 46 personas continúan detenidas arbitrariamente por motivos políticos.
Subrayó que el partido gobernante (Frente Sandinista de Liberación Nacional) mantiene el control total del parlamento, de todos los municipios y de los consejos regionales establecidos en la costa.
Organizaciones de la sociedad civil le informaron que hasta una cuarta parte de los 18 territorios indígenas han sido afectados por concesiones mineras y extractivas, y que muchas de ellas han sido otorgadas sin una genuina consulta para obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.
Agregó que “preocupan las alegaciones sobre la represión contra la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas, incluida la ausencia de información oficial sobre el destino, el paradero y el estado del obispo Abelardo Mata Guevara, de 80 años, quien fue detenido el 29 de junio”.
“Insto a las autoridades a liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente y a garantizar que todos aquellos privados de libertad sean tratados con humanidad y dignidad, de conformidad con las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos”, expresó el responsable.
Insistió en que “el espacio cívico está prácticamente cerrado y la expresión independiente de ideas u opiniones se reprime de forma sistemática”, por lo que exhortó a quienes dirigen Nicaragua a restablecer el Estado de derecho.
