el Sol noticias ahora también está en MastodonEn las últimas semanas, buena parte de la geografía española, desde Aragón a Andalucía, pasando por Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla y León, se ha visto asolada por incendios forestales.
Los incendios forestales no son un problema nuevo, pero sí creciente. En mayo de 2026, el Gobierno de España presentaba su campaña contra los incendios, donde ya señalaba que “los datos registrados entre el 1 de enero y el 15 de mayo de 2026 muestran una evolución desfavorable, con 127 incendios comunicados frente a los 40 del mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 218 %”.
En relación con los denominados “grandes incendios”, hasta el 19 de julio de 2026, España registró 21 fuegos que arrasaron un total de 65 753,71 hectáreas. Esta cifra supone más del doble de la superficie quemada en el mismo periodo de 2025, año en el que se habían contabilizado 11 grandes incendios y 29 817 hectáreas afectadas.
Además, España se sitúa a la cabeza de la Unión Europea en número de incendios forestales, con 300 eventos registrados, por delante de Francia, que reporta 275.
No es el objeto de este artículo valorar las causas y agravantes de estos incendios. Los últimos datos aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica, de 2016, señalan que ese año el 54,61 % de los incendios fueron intencionados, el 27,57 % se debieron a accidentes y negligencias y un 10,44 % tuvieron una causa desconocida.
Nos centraremos en las consecuencias de los incendios y, en particular, en los costes asociados.
¿Cuánto cuesta un incendio?
La mejor pista de cuánto cuesta un incendio no la dan las llamas, sino lo que ocurre después. En Estados Unidos, un estudio en relación con los incendios de California del año 2018 ponía de relieve que “los daños causados por los incendios forestales en 2018 ascendieron a 148 500 millones de dólares, aproximadamente el 1,5 % del producto interno bruto anual de California, con pérdidas de capital por valor de 27 700 millones de dólares (19 %), costes sanitarios por valor de 32 200 millones de dólares (22 %) y pérdidas indirectas por valor de 88 600 millones de dólares (59 %)”.
Una investigación similar estimó que “las regiones del sur de Europa golpeadas por grandes incendios pierden entre un 0,11 % y un 0,18 % de su crecimiento anual del PIB. El empleo en transporte, alojamiento y restauración –el turismo– cae entre un 0,09 % y un 0,15 %”.
No cabe duda de que es algo prematuro intentar realizar una valoración económica de los incendios forestales que han ocurrido este año en España, pero haremos un pequeño ejercicio basado en los costes de oportunidad.
Un coste de oportunidad se define como aquello a lo que se renuncia como consecuencia de una acción o decisión. Pensemos ahora en un pequeño pueblo de cualquiera de las regiones afectadas. Durante los meses de invierno la población es de 600 habitantes, pero durante el verano en algunos momentos se llega incluso a cuadriplicar esta cifra. Un paisaje ennegrecido y una evacuación en plena temporada alta golpean justo donde más duele. A ello se suma el campo: cosechas paradas y ganado muerto o incomunicado. Son ingresos que no vuelven cuando el humo se disipa. Por tanto, un incendio deja así dos huellas: una inmediata, la de apagarlo, y otra persistente, la de recuperar lo perdido.
Mientras el fuego arde.
En España, los efectos a corto plazo están vinculados con la extinción de las llamas. Aunque es difícil encontrar fuentes fiables, la Agenda Forestal de Navarra presentada en el año 2019 señalaba que el coste de extinción de un incendio forestal declarado es muy variable, pero puede rondar los 10 000 euros por hectárea cuando intervienen medios aéreos, a los que habría que sumar el importe de las tareas post-incendio.
No solamente son medios aéreos los que generan este coste. También brigadas, maquinaria, combustible y retardantes trabajando sin pausa durante días. Así, en un incendio de 16 000 hectáreas estos costes ascenderían a 160 millones de euros.
Después de apagar las llamas.
Sin embargo, la realidad no termina aquí. La factura que vemos en televisión, con hidroaviones y bomberos, es solo el primer recibo. Es necesario tener en cuenta los efectos a largo plazo y, especialmente, aquellos que tienen carácter indirecto.
Siguiendo con el ejemplo del pequeño pueblo, pensemos qué ocurre con un camping situado en el municipio que ve reducidas sus reservas en 50 plazas como consecuencia del incendio. A un coste de 14 euros/día por autocaravana y en la temporada de verano de 90 días, una simple multiplicación arroja una cifra de 63 000 euros perdidos. Ahora pongamos ocho campings en la zona afectada, estaríamos hablando de una cifra superior al medio millón de euros.
Y falta trasladar el golpe a panaderías, comercios y bares. Un incendio, además, cambia el paisaje, empeora la calidad y la cantidad de agua, se pierde biodiversidad y deja un suelo que tardará años en volver a sostener el ecosistema que tenía.
La moraleja económica es clara.
Este ejercicio es solo una ilustración didáctica. A la factura real habría que sumar los costes de gestión forestal, ganadería extensiva y limpieza del monte durante todo el año. Todos son costes económicos reales, aunque nadie emita una factura por ellos, y los soporta en primer lugar quien vive del territorio. Así, cada incendio encarece la decisión de quedarse: se pierden ingresos, se destruyen infraestructuras y se erosiona la confianza en el futuro del lugar. El fuego no causa la despoblación, pero la empuja.
Como repiten los expertos, “los incendios se apagan en invierno”. Invertir en el territorio antes del verano no es un capricho; es, sencillamente, la política económica más barata a largo plazo. Las estadísticas oficiales muestran, año tras año, que salimos más caros apagando que previniendo.
Por eso el verdadero coste de un incendio no se salda la semana en que arde el monte, sino durante los años que tardan en recuperarse el paisaje, la economía y la gente de cada pueblo. Lo que hoy no se invierte en prevención se paga mañana, con intereses, en extinción y en abandono. Ese es el auténtico coste de oportunidad del fuego.
Elena Ferrer Zubiate
Profesora Titular de Universidad. Departamento de Gestión de Empresas, Universidad Pública de Navarra, Universidad Pública de Navarra
Cristina del Río Solano
Profesora Titular de Economía Financiera, Universidad Pública de Navarra
Francisco J. López Arceiz
Senior Lecturer, Universidad Pública de Navarra
Cláusula de Divulgación.
Elena Ferrer Zubiate recibe fondos del proyecto de investigación de Fundación Ramón Areces (XXIII Concurso Nacional para la Adjudicación de Ayudas a la Investigación en Ciencias Sociales), es parte de la ayuda PID2025-175837NB-I00, financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por el FSE+ y del Grupo de Acción Iberus FinSoS.
Cristina del Río Solano recibe fondos del proyecto de investigación PID2025-175837NB-I00, financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por el FSE+ y del Grupo de Acción Iberus FinSoS. Además, cuenta con financiación proveniente del proyecto PJUPNA2025-11908 de la Universidad Pública de Navarra.
Francisco J. López Arceiz recibe fondos del proyecto de investigación de Fundación Ramón Areces (XXIII Concurso Nacional para la Adjudicación de Ayudas a la Investigación en Ciencias Sociales), es parte de la ayuda PID2025-175837NB-I00, financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por el FSE+ y del Grupo de Acción Iberus FinSoS. Además, cuenta con financiación proveniente del proyecto PJUPNA2025-11908 de la Universidad Pública de Navarra.
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