España necesita una reforma normativa para proteger los edificios de los incendios: así lo hacen ya en Australia y Grecia

El 24 de julio de 2026, el Gobierno de España declaró la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila ante varios incendios forestales simultáneos impulsados por una intensa ola de calor. La evacuación de numerosos municipios y la activación de la Unidad Militar de Emergencias confirmaron lo que la investigación científica lleva años advirtiendo: los incendios que alcanzan zonas edificadas exigen respuestas radicalmente distintas a las que hasta ahora han gobernado la extinción forestal en España.

La zona en la que el territorio natural entra en contacto con edificaciones recibe el nombre técnico de interfaz o conexión urbano-forestal. Globalmente, esta superficie creció un 35,6 % entre 2000 y 2020, y concentra los peores escenarios de riesgo: evacuaciones difíciles, propagación de estructura en estructura y distracción de medios que podrían dedicarse a fuegos de mayor extensión. El problema no es nuevo, pero la respuesta normativa sigue siendo fragmentada e insuficiente.

Lo que otros países ya han aprendido.

Grecia alberga uno de los paisajes de conexión más vulnerables de Europa. Por eso, ha reorientado su marco legal tras las tragedias de Mati (2018, con 104 fallecidos) y Alejandrópolis (2023, mayor fuego en superficie de la UE desde que existen registros satelitales, con más de 90 000 ha calcinadas).

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En mayo de 2023, una decisión conjunta de tres ministerios estableció un reglamento de protección para todos los edificios dentro de zonas forestales o a menos de 300 m de ellas, clasificándolos según cuatro niveles de riesgo. Obliga a estas construcciones a combinar medidas pasivas (cubierta no combustible, fachada de material incombustible, mallas metálicas en huecos, vallado sólido) y activas (aspersores, tomas de agua, detección de fuego) con una franja perimetral obligatoria de 10 metros dividida en tres niveles de vegetación decreciente.

La investigación académica que respalda estas medidas evidencia que la gestión de combustibles en la conexión urbano-forestal, combinada con la resistencia estructural de los edificios, reduce significativamente las pérdidas. Además, revela que los daños por los incendios en Grecia empezaron mucho antes de que llegara el frente, por brasas que entraron por ventanas abiertas y pérgolas y cubiertas de madera.

Australia representa el modelo normativo de referencia mundial en este ámbito. Su Código Nacional de Construcción incorpora una norma relativa a los edificios en zonas proclives a los incendios que clasifica las parcelas según seis categorías de riesgo –en base al índice de peligro de incendio de la región, tipo de vegetación, distancia a esa vegetación y pendiente del terreno– y prescribe materiales, distancias y sistemas de protección proporcionales a cada nivel.

En uno de los niveles más altos se exigen paredes incombustibles, ventanas de vidrio templado protegidas con malla metálica o contraventanas cortafuegos. En otro, un retranqueo mínimo de 10 m respecto a la vegetación o elementos ensayados a fuego directo.

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Ambos marcos, el griego y el australiano, operan sobre dos palancas complementarias: fortalecer el edificio, con materiales y detalles constructivos que impiden que las brasas y el calor lo enciendan, y crear un espacio defendible con una franja de vegetación gestionada que reduce la intensidad del fuego antes de que llegue.

La otra variable: el bosque
Construir mejor es necesario, pero insuficiente. Existe amplio consenso en señalar que la gestión forestal preventiva –desbroce selectivo, franjas cortafuegos, quemas prescritas, control de la biomasa acumulada– es la intervención que más reduce el riesgo en estas zonas de conexión urbano-forestal.

En España, décadas de abandono rural y cambios en los usos del suelo han generado masas forestales densas y continuas que actúan como aceleradores del fuego. Cuando el pastoreo y el aprovechamiento forestal desaparecen de un territorio, el monte deja de tener quien lo gestione. La vegetación acumulada alimenta hoy el fuego. Sin una gestión activa del monte, cualquier actualización del Código Técnico de la Edificación llega tarde.

Esa gestión, sin embargo, no se sostiene con subvenciones puntuales. Requiere que el monte genere valor económico continuado con ganadería extensiva, silvicultura, agricultura mixta, turismo rural, productos maderables y no maderables… Un monte que da renta es un monte que se gestiona. Como reza el dicho habitual en la gestión forestal mediterránea, los incendios no se apagan en verano, sino en invierno: la temporada de fuegos se decide meses antes, con la gestión –o el abandono– del territorio.

Quién debe liderar el cambio, y cómo.

La reforma normativa que España necesita no puede surgir de la urgencia de una emergencia declarada a medianoche. Requiere un proceso plural, técnico y sostenido en el tiempo.

Los actores implicados son múltiples y complementarios:

Los cuerpos de bomberos y protección civil, que conocen el comportamiento real del fuego en la conexión urbano-forestal.

Los colegios profesionales de arquitectura e ingeniería, encargados de traducir la ciencia en prescripciones constructivas.

Las comunidades de propietarios y las asociaciones de vecinos de urbanizaciones periurbanas, cuyos planes de autoprotección deben actualizarse.

Las organizaciones agrarias y silvícolas, sin cuya colaboración la gestión forestal preventiva es inviable (y cuyo sustento económico está ligado a la prevención).

Las comunidades autónomas, competentes en urbanismo y ordenación del territorio.

El legislador estatal, responsable de las bases del régimen forestal y del Código Técnico de la Edificación.

El sector asegurador, que puede articular incentivos económicos para la resiliencia estructural.

Las asociaciones medioambientales, necesarias para que la gestión forestal no devenga en extracción indiscriminada.

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El proceso debe comenzar por el diagnóstico: cartografía actualizada de las zonas de conexión, evaluación del parque edificado existente y revisión de los planes de emergencia municipales. Experiencias como el sistema de información geográfica de los servicios de emergencia de Navarra, que permite cartografiar riesgo y coordinar la respuesta en tiempo real, muestran que ese diagnóstico ya es técnicamente posible.

Sobre esa base, la reforma normativa puede avanzar con solidez técnica y consenso institucional, sin necesidad de improvisaciones ni decretos de urgencia.

España tiene ante sí una oportunidad real: convertir la tragedia en aprendizaje colectivo antes de que llegue el próximo verano.

César Martín-Gómez
Catedrático en instalaciones y sistemas energéticos en arquitectura y urbanismo, Universidad de Navarra

José Manuel Cabrero
Catedrático. Estructuras Arquitectónicas y Construcción con Madera. Cátedra Madera, Universidad de Navarra

Cláusula de Divulgación
César Martín-Gómez recibe fondos de la Cátedra Fundación Saltoki y de la Agencia Ejecutiva Europea de Investigación. Es miembro de la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración (ATECYR).

José Manuel Cabrero recibe financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para el desarrollo de proyectos de investigación. Es miembro de la Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de la Madera y el Corcho (AITIM) y representa a España en los Grupos de Trabajo de Uniones (CEN/TC250/SC5/WG5) y Diseño Basado en Elementos Finitos (CEN/TC250/SC5/WG11) del Eurocódigo 5, la norma europea para el diseño de estructuras de madera.