La crisis ambiental como parte de la crisis del capital II

La destrucción de la vida y la lógica del capital
Para comenzar el debate, es importante destacar que el cambio climático constituye la parte más visible y urgente de la crisis ambiental. La contaminación química, la pérdida de cobertura vegetal, la acidificación de los océanos, la destrucción de biomas y la pérdida de biodiversidad también son aspectos fundamentales de esta crisis. Como bien señaló Vijay Prashad:

Un millón de los aproximadamente ocho millones de especies de plantas y animales del planeta están amenazados de extinción. La principal amenaza para la mayoría de las especies en peligro de extinción es la pérdida de biodiversidad provocada por el sistema capitalista de producción agroalimentaria. La producción agrícola, que actualmente ocupa más del 30 % de la superficie habitable del planeta, es responsable del 86 % de las pérdidas previstas de biodiversidad terrestre, debido a la conversión de tierras, la contaminación y la degradación del suelo. (FAO, 2019; UNEP, 2021a; UNEP, 2021b; IUCN, 2024; Instituto Tricontinental de Investigación Social, 2025).
La crisis ambiental se manifiesta de diversas formas, evidenciando que es inseparable de la lucha de clases. Esto se puede observar en las inundaciones que devastaron el sur de Brasil en 2024; en las que afectaron Pakistán en 2022 después de una ola de calor, donde millones fueron damnificados, mientras las elites permanecieron protegidas; en los desbordamientos que se dieron en Kerala, en la India, en 2018, que afectaron principalmente las clases populares; en las inundaciones y apagones en Cuba en 2022, causadas por el huracán Ian, fenómeno agravado por las altas temperaturas oceánicas; o en los ciclos cada vez más extremos de inundaciones y sequías en el Cuerno de África. En Etiopía, Kenia y Somalia, la región enfrentó lluvias severas en 2019-2020, seguidas por inundaciones devastadoras y, poco después, por una de las sequías más prolongadas en 70 años entre 2020 y 2023, además de nuevas inundaciones en 2023-2024, lo que pone de manifiesto el agravamiento de esta crisis (Instituto Tricontinental de Investigación Social, 2018, 2022, 2024a; BBC News, 2022; UNDRR, 2023).

El principal factor de cambio climático son los altos índices de emisión de gases de efecto invernadero procedentes de los combustibles fósiles. El consumo de energía producida a partir de estos combustibles sigue aumentando año tras año. Si tomamos una lupa y analizamos la cantidad de emisiones entre las poblaciones mundiales, una vez más los datos son reveladores: a nivel mundial, el 10% más rico es responsable de cerca de 20 veces más emisiones que el 50% más pobre, de acuerdo con el estudio Climate Change and the Global Inequality of Carbon Emissions [Cambio climático y la desigualdad global de las emisiones de carbono] (Chancel, 2022).

Además, la cantidad histórica y actual de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) está directamente relacionada con la desigualdad entre países del Norte y Sur Global, así como entre los estratos más ricos y más pobres de la población mundial. Por ejemplo, los 23 países más desarrollados del planeta, que representan el 12% de la población mundial, son responsables de la mitad de todas las emisiones de CO2 desde 1850, como demuestran los datos del Global Carbon Project. Sólo Estados Unidos emitió el 24,6% de todo el carbono que llegó a la atmósfera, seguido de Alemania (5,5%), Reino Unido (4,4%) y Japón (3,9%). La otra mitad se divide entre más de 150 países (WRI Brasil, 2024).

Si tomamos datos más actuales, podemos constatar que esta realidad básicamente no se ha alterado, ya que los 10 mayores emisores siguen siendo responsables del 76% de las emisiones globales de CO2. En 2022, según el Climate Watch, plataforma de datos del World Resources Institute (WRI Brasil, 2024), China aparecía como el mayor emisor de CO2, seguido de Estados Unidos, India, Rusia y Japón, lo que convertía a Asia en el mayor emisor del planeta.

Sin embargo, es fundamental tener en cuenta el nivel de emisión per cápita, ya que las poblaciones de China y la India, por ejemplo, son mucho mayores que la de Estados Unidos, los países europeos, Japón o Australia. En este sentido, entre los 10 mayores emisores de CO2 del mundo, Estados Unidos es el país con los niveles más altos de emisiones por habitante. La tasa de emisiones per cápita de EE. UU. es el doble que la de China y ocho veces mayor que la de India (WRI Brasil, 2024).

A nivel mundial, la industria de los combustibles fósiles es la que más CO2 emite, y apenas unas 100 empresas son responsables del 71% de las emisiones históricas globales de dióxido de carbono, según el informe Carbon Majors [Grandes empresas de carbón] (CDP, 2017). Entre las empresas están las gigantes Exxon Mobil, Shell, BHP Billiton y Gazprom. Otro estudio, publicado en 2019 por el instituto de investigación Climate Accountability Institute [Instituto de Responsabilidad Climática] (2019), reveló que solo 20 empresas fueron responsables por un tercio de todas las emisiones de CO2 del mundo desde 1965.

Otra causa estructural de las emisiones de gases de efecto invernadero es el agronegocio. Solamente en 2023 se deforestaron 3,7 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo, en gran parte para convertir estas áreas en ganadería y cultivos del agronegocio, cuya cadena productiva, desde fertilizantes hasta el procesamiento y transporte, aumentó sus emisiones en un 130% en los últimos 20 años (Weisse, Goldman y Carter, 2024). Si bien mundialmente alrededor de tres cuartas partes de las emisiones provienen del sistema eléctrico, es necesario un análisis caso por caso, especialmente en los países cuya principal partida de exportación son los productos primarios.

El caso de Brasil, por ejemplo, es emblemático: según el informe Plan para la transformación ecológica, del Ministerio de Hacienda, el agronegocio es el mayor responsable de las emisiones de GEI en el país, con un 29% de las emisiones totales. El problema se agrava aún más cuando analizamos el nivel de emisiones de GEI relacionadas con la deforestación, que se sitúa en torno al 38%. Si tenemos en cuenta que la agropecuaria responde por cerca del 96% del área deforestada en Brasil, según el Informe anual de deforestación 2022, podemos afirmar que el agronegocio es responsable de aproximadamente el 65% de las emisiones de GEI en Brasil, frente a un 23% de la generación de energía (Instituto Tricontinental de Investigación Social, 2024b).

Además, es necesario llamar la atención respecto a las prácticas extractivas depredadoras que se producen sobre todo en los países del Sur Global, como la minería y la compra de tierras de reservas naturales e indígenas por parte de extranjeros como reserva para el mercado de carbono.

A pesar de las especificidades de regiones y países, queda claro que el cambio climático y la muerte de la naturaleza son frutos directos de la lógica de acumulación capitalista impulsada por las clases dominantes.

Capitalismo verde: supuestas alternativas a la crisis ambiental
Aunque desde el surgimiento del capitalismo diferentes corrientes socialistas han tenido preocupaciones ecológicas —recordemos, por ejemplo, la contribución del artista plástico y escritor inglés William Morris—, y también movimientos ambientalistas y de contracultura a mediados del siglo XX, fue apenas en la década de 1970, más de 100 años después de la emergencia de las primeras industrias, cuando la cuestión ambiental se convirtió en un tema de preocupación para los Estados nacionales, ganando relevancia en la agenda política internacional. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente de 1972, celebrada en Estocolmo, Suecia, fue un hito en este debate, según Andrei Cornetta (2025: 109):

Además de discutir el crecimiento demográfico frente a la escasez de los recursos, también se discutió el control de diversas formas de contaminación (del agua, del aire y del suelo), en un momento en que la crisis energética global entraba en agenda, especialmente tras el impacto de la crisis del petróleo de 1973.
A pesar de la importancia de este tema en la agenda de debate de los organismos internacionales, no se debatió ni se propuso una nueva forma de organización social de la producción y de la relación con la naturaleza; todas las alternativas se plantearon dentro del marco del capitalismo.

Mientras tanto, la creciente desigualdad social y económica entre los países del centro imperialista y los de capitalismo dependiente agudizó los debates, sobre todo con relación al continuo desarrollo de las fuerzas productivas o a una reestructuración del modelo industrial que defendía el crecimiento cero (Cornetta, 2025).

En 1979 tuvo lugar en Ginebra la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima, en la cual se reconoció la gravedad de los cambios climáticos en curso. Sin embargo, no fue sino en 1992 que se celebró la II Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro. Este encuentro propuso una agenda de cooperación entre los países para abordar la cuestión climática que entró en vigor en 1994, y fue el precursor de las Conferencias de las Partes (COP) de los países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Entre los diversos acontecimientos derivados de este proceso de las COP destacan dos encuentros. La COP3, de 1997, en la que se adoptó el llamado Protocolo de Kioto, que establecía metas cuantitativas obligatorias de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para los países del Anexo I, que engloban las naciones industrializadas desde hace más tiempo; y la COP21, en 2015, en la que se estableció el llamado Acuerdo de París, en el que “cada país establece sus propias metas de reducción de emisiones, las llamadas “contribuciones determinadas a nivel nacional” (Cornetta, 2025: 121). A pesar de los acuerdos y resoluciones, las metas fijadas no se cumplieron, y tanto el Protocolo de Kioto como el Acuerdo de París terminaron siendo un fracaso.

La propuesta que se perfilaba en el ámbito de los Estados ante la urgencia del cambio climático era la de una transición hacia una economía de bajo carbono, en la que se buscara reducir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero nocivos para el medio ambiente, sin, por supuesto, afectar las ganancias de las grandes empresas y los países del centro del capital. A partir de ahí se construyeron las alternativas del llamado capitalismo verde, como el mercado de carbono y las políticas de transición energética.

Las metas de emisión de gases de efecto invernadero establecidas por el Protocolo de Kioto, que en principio iban a limitar la contaminación del aire, se convirtieron en el parámetro para la creación de una nueva forma de acumulación de capital relacionada con actividades compensatorias de la emisión de GEI, los llamados créditos de carbono negociados en las bolsas de valores, que funcionan como una especie de “licencia para contaminar” (Brasil de Fato, 2024).

Esto implica no solo el mecanismo del capital financiero, sino también un gran desarrollo tecnológico y científico que permite medir y calcular las tasas de emisión de carbono, así como las posibilidades de reducción y compensación a partir de la proyección de un escenario probable en caso de que no existieran las actividades compensatorias.

Estos proyectos de compensación de GEI incluyen, entre otros, la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal (REDD+), la conservación de bosques, el manejo sustentable y el aumento de las reservas de carbono forestal. En términos prácticos, una vez que las empresas superan el límite de emisión de GEI, pueden comprar en la bolsa de valores créditos de carbono que compensen su emisión. Así, el proceso biofísico de las plantas de captar el carbono del aire y transformarlo en oxígeno mediante la fotosíntesis, algo propio de la vida vegetal y parte de los bienes comunes de la naturaleza, pasa a ser mercantilizado.

Otro aspecto que llama la atención en esta dinámica del capitalismo verde es el hecho de que los mismos grupos empresariales transnacionales que influyen en la agenda ambiental en los organismos internacionales y los Estados, son también los que más intensifican las formas clásicas de explotación de los bienes comunes, como el agronegocio y la minería. El agronegocio, que promueve deforestación e incendios en los biomas del Cerrado1

 y la Amazonía para ampliar la frontera agrícola, es el mismo que habla de digitalización de las cadenas productivas y trazabilidad para comprobar que los productos están libres de deforestación y descarbonizados; las empresas petroleras están involucradas en políticas de transición energética y las mineras defienden la agenda de los mercados de carbono. 

El agronegocio en Brasil, principal responsable de las emisiones de GEI en el país (Instituto Tricontinental de Investigación Social, 2024b), ha adoptado como una de sus principales banderas la sostenibilidad, que es parte importante de su campaña ideológica. Sin embargo, más que la economía sostenible en sí misma, ven en ella una forma de expandir sus negocios a otras áreas y, con ello, ampliar su influencia política y obtener más ganancias. Es bien sabido que el modelo del agronegocio basado en grandes monocultivos con amplio uso de venenos es uno de los más dañinos para el medio ambiente. Sin embargo, a pesar de buscar nuevas formas de lucro con la financiarización de la naturaleza y el discurso de la sostenibilidad, no hay ningún cambio en su modelo de producción que, por el contrario, es responsable de la deforestación, las quemas, el envenenamiento del suelo, el agua y el aire.

Con un papel activo en la propuesta de falsas soluciones al problema ambiental, los sectores y grupos que más agreden el medio ambiente encontraron una nueva forma de obtener ganancias con la financiarización de la naturaleza. Están presentes en los ministerios de diversos países, pero sobre todo en los organismos y conferencias internacionales sobre el clima, como la COP, por ejemplo. La agenda ambiental de estos organismos fue capturada hace mucho tiempo por las grandes corporaciones transnacionales, y las alternativas que allí se proponen nunca cuestionan la tasa de ganancia de los grandes capitales. Los sectores del agronegocio brasileño, con su discurso de sostenibilidad, son los principales representantes e influyentes en estos organismos internacionales.

Empresas como Suzano Papel e Celulose, productora de papel en Brasil y responsable del desequilibrio ambiental por la creación de los llamados “desiertos verdes”, grandes plantaciones de eucalipto que son la materia prima para la celulosa; JBS, transnacional brasileña del ramo de la alimentación, minera Vale, entre otras, tienen una gran participación en proyectos de “sostenibilidad” y en el mercado de carbono. Los proyectos de compensación se convirtieron, para ellos, en una nueva forma de acumulación de capital.

El proyecto Maisa, por ejemplo, en el estado de Pará, de la empresa Verra, principal certificadora del mercado de carbono, sería responsable de preservar un territorio de la selva amazónica. La falacia y el fracaso de proyectos de este tipo son evidentes, porque involucran a gigantes transnacionales como iFood, Uber, Spotify, Audi y Google, que desembolsaron millones de dólares en este proyecto para compensar las emisiones de GEI de sus actividades.

El área por proteger abarcaba un total de 26 mil hectáreas, incluida la Hacienda Sipasa. A pesar de constituirse como un proyecto de conservación ambiental, en esta hacienda se rescataron, a comienzos de 2024, en pleno siglo XXI, 16 trabajadores en condiciones análogas a la esclavitud. Además de eso, el territorio que debía ser protegido se convirtió posteriormente en área de minería, lo que va en dirección opuesta a la propuesta de conservación ambiental (Repórter Brasil, 2024; Brasil de Fato, 2025).

Además de negociar un bien común de la naturaleza, es importante destacar que esto afecta a la biodiversidad y al modo de vida de diversas comunidades de pueblos originarios que viven en estos lugares y que han sido responsables, por medio del trabajo de generaciones y generaciones, de la constitución de los bosques y la biodiversidad allí presentes. Es decir, al buscar salidas sin cuestionar la lógica destructiva de acumulación capitalista, se destruyen modos de vida que han convivido en armonía con la naturaleza por milenios.

El informe de la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas de 2019 proporciona datos alarmantes sobre el nivel de destrucción de los ecosistemas:

De los estimados 8 millones de especies de plantas y animales existentes, un millón están en peligro de extinción. Las acciones humanas han llevado a la extinción de por lo menos 680 especies vertebradas desde 1500, y la población mundial de especies vertebradas ha disminuido un 68% en los últimos 50 años. La cantidad de insectos silvestres ha disminuido un 50%; más del 9% de las razas de mamíferos domesticados utilizados para la alimentación y la agricultura se habían extinguido en 2016, y otras 1.000 razas están actualmente en peligro de extinción (Instituto Tricontinental de Investigación Social, 2021).
Todos esos datos muestran claramente que no hay soluciones capitalistas para un problema capitalista. Las soluciones deben encontrarse fuera del capitalismo si queremos salvar la Tierra y a la humanidad.

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