La crisis ambiental como parte de la crisis del capital III

Perspectivas populares sobre la cuestión ambiental
En 1992, en la Conferencia por el Clima en Río de Janeiro, Fidel Castro llamaba la atención sobre la urgencia de la cuestión ambiental a partir de una perspectiva emancipatoria, denunciando el orden económico y social injusto entre los países dependientes y los del centro del capital:

Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las principales responsables de la atroz destrucción del medio ambiente. […] Con solo el 20% de la población mundial, ellas consumen dos terceras partes de los metales y tres cuartas partes de la energía que se producen en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmosfera de gases que alteran las condiciones climáticas con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. […] No es posible culpar de esto a los países del Tercer Mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto. […] Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción hay que distribuir mejor las riquezas y tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la Tierra. (Blog da Boitempo, 2019)
Lo que está en juego es la propia existencia de la vida humana en el planeta Tierra. Entonces, podemos afirmar que la crisis ambiental es realmente fruto de la crisis del capital, que, además de no resolver los problemas sociales como el hambre y la desigualdad, sigue buscando siempre nuevas formas de generar ganancias para las clases dominantes.

En este sentido, es preciso construir la lucha ambiental como enfrentamiento y superación del modo de producción capitalista. Sin cuestionar la lógica del capital, basada en el mantenimiento de las tasas de ganancia de las clases dominantes a partir de la explotación del trabajo y los territorios de los países del Sur Global, no es posible enfrentar la cuestión ambiental tal y como se nos plantea hoy.

Defender la justicia climática es un aspecto central a partir de la desigualdad establecida entre el Norte y el Sur Global, pero no es suficiente. Otro punto que combatir es el racismo ambiental, ya que las poblaciones más empobrecidas están más expuestas a los efectos de la crisis ambiental.

En Brasil, por ejemplo, una investigación científica encontró restos del veneno glifosato, uno de los más utilizados por el agronegocio, en la leche materna de mujeres de distintas regiones del país; los crímenes ambientales cometidos por las transnacionales mineras Samarco, Vale, BHP Billiton en las ciudades de Mariana, en 2015, y Brumadinho, en 2019, en el estado de Minas Gerais, además de matar casi 300 personas, destruyeron la biodiversidad del río Doce, que atraviesa los estados de Minas Gerais y Espírito Santo, afectando el modo de vida de diversas comunidades ribereñas (Brasil de Fato, 2019, 2023).

En las ciudades brasileñas, las poblaciones negras y las mujeres sufren aún más los impactos ambientales, ya que la mayoría de las personas que viven en las periferias de las ciudades, en lugares propensos a inundaciones y deslizamientos son negras; en el caso de las mujeres, a menudo en el campo, son ellas quienes tienen que aplicar los venenos que la lógica de producción del agronegocio impone a las familias campesinas.

Por lo tanto, es necesario establecer relaciones estrechas entre los movimientos por justicia ambiental y justicia climática y las luchas antirracistas y feministas. No es posible resolver la crisis ambiental sin enfrentar la desigualdad social, el racismo y el patriarcado.

Entre los diversos frentes de lucha, es importante resaltar la actuación de los movimientos campesinos vinculados a La Vía Campesina, cuya agenda propone:

Reforma agraria popular y defensa de los territorios campesinos e indígenas. La Reforma agraria popular representa una lucha por la democratización del acceso a la tierra, enfrentando directamente el latifundio y la concentración de la propiedad. Esta propuesta va más allá de la redistribución de la tierra, ya que cuestiona el modelo del agronegocio, que transforma la naturaleza en mercancía y agrava la crisis ambiental. Al defender los territorios campesinos e indígenas, se busca garantizar que la tierra cumpla su función social, siendo un espacio de vida, trabajo y reproducción cultural, y no solo un activo financiero. Esta lucha se alía a las demarcaciones de tierras indígenas y quilombolas, reconociendo que la concentración de la propiedad de la tierra es un legado colonial que debe ser superado.
Soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a decidir qué, cómo y para quién producir, garantizando el acceso a alimentos saludables y culturalmente adecuados. Se opone a la lógica del agronegocio, que prioriza commodities para exportación en detrimento de la alimentación popular. Para ello, es esencial valorizar las culturas alimentarias regionales, fortalecer circuitos cortos de comercialización y garantizar que las grandes corporaciones no controlen la producción de alimentos. La soberanía alimentaria exige políticas públicas que fortalezcan la agricultura campesina, como compras institucionales y el apoyo a ferias agroecológicas, asegurando que la comida sea un derecho y no un negocio.
Agroecología. La agroecología propone un cambio radical en la matriz tecnológica, sustituyendo el modelo depredador por sistemas productivos diversificados que ven a la naturaleza como aliada. Esto incluye el uso de bioinsumos, agroforestería y manejo sostenible del suelo, creando entornos más biodiversos y resilientes al cambio climático. Además de la dimensión técnica, la agroecología es una práctica política que construye nuevas relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, basadas en la cooperación, la autonomía campesina y el rescate de conocimientos tradicionales.
Cuidado de los bienes comunes. Agua, minerales, semillas, tierra, biodiversidad no son meros “recursos naturales” o “materias primas” a ser explotados, sino bienes comunes esenciales para la vida. Su gestión debe ser colectiva, garantizando que se cuiden para las generaciones presentes y futuras. El cuidado y la protección de los bienes comunes es un eje central en la construcción de un proyecto popular para el campo, en el que la naturaleza no sea mercantilizada, sino cuidada como patrimonio colectivo.
En Brasil, la línea política del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) es: plantar árboles, producir alimentos saludables. Esto es parte inherente a la construcción de la Reforma agraria popular, ya que la superación de la crisis ambiental sólo será posible con una nueva forma de producción en el campo, por medio de la agroecología, mediante la construcción de nuevas relaciones sociales que superen el machismo, el patriarcado, el racismo, la lgbtfobia y que incentiven la cooperación y la solidaridad.

Como bien sintetiza João Pedro Stedile, de la coordinación nacional del MST, con relación a los retos brasileños, pero que puede extenderse a otros países del Sur Global:

Necesitamos deforestación cero. No es necesario talar ningún árbol para satisfacer las necesidades del pueblo. Es preciso prohibir la exportación de madera y oro. Es urgente realizar un control riguroso de las actividades mineras y sus impactos ambientales. El país necesita establecer un plan nacional de reforestación, con recursos públicos, para recuperar millones de hectáreas en todo el territorio. También es fundamental reforestar las grandes ciudades, para hacer frente a la contaminación y mitigar el aumento de las temperaturas. Es necesario abordar el problema del transporte individual propulsado por combustibles fósiles, con un plan de transporte público masivo, gratuito y de calidad. Además, debemos ampliar el uso de energía solar en el mayor número posible de actividades productivas. En el campo, es necesario avanzar en la reforma agraria y crear un programa nacional de agroecología para producir alimentos saludables para todo el pueblo, sin usar agrotóxicos (MST, 2025).
Otra perspectiva popular que surge de las luchas sociales en América Latina, principalmente en Ecuador y en Bolivia, es el buen vivir, cuyas ideas están presentes en las nuevas Constituciones de estos dos países. Recuperando la tradición de los pueblos originarios, el buen vivir cuestiona las nociones de progreso y desarrollo tal y como las entiende el capitalismo y parte de los siguientes principios: 1) visión del todo o la Pacha; 2) vivir con multipolaridad; 3) búsqueda del equilibrio; 4) complementariedad de lo diverso; y 5) descolonización (Marques y Depieri, 2023: 115).

El ecosocialismo es una corriente política y teórica que combina socialismo y ecología radical, criticando tanto al capitalismo como al socialismo tradicional por ignorar los límites ecológicos del planeta. Su objetivo es construir una sociedad igualitaria y sostenible, donde la economía sea reorganizada para satisfacer las necesidades humanas sin destruir el medio ambiente. Para Michael Lowy, uno de los principales teóricos de esta corriente, el dilema central de las clases trabajadoras en el siglo XXI es la cuestión ambiental, que debe abordarse desde una perspectiva socialista y que conciba un nuevo modo de producción que tenga en cuenta los retos ecológicos.

La cuestión ambiental no será abordada de verdad por las clases dominantes; su solución es una tarea de las clases trabajadoras del campo y la ciudad, que necesitan construir otra forma de producción y reproducción de la vida con relaciones saludables entre los seres humanos y con el medio ambiente, mediante la organización popular, la denuncia de los verdaderos responsables de la crisis y el anuncio de propuestas que privilegian todas las formas de vida en detrimento del lucro.

Una agenda mínima para enfrentar la crisis ambiental
Los movimientos populares de Brasil comprenden la necesidad de trabar la lucha en varios frentes. A pesar de reconocer los límites de la COP y de las negociaciones allí realizadas, es de fundamental importancia una presión popular para garantizar una agenda mínima que responsabilice a las clases sociales y a los países más contaminadores por la crisis ambiental y que permita evitar la catástrofe climática a la que el capitalismo está llevando la humanidad. En este sentido, exigimos:

I – Cumplimiento y avances en los acuerdos internacionales
Con base en la formulación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, de “responsabilidades comunes, pero diferenciadas”, obligar a los países desarrollados que tienen la responsabilidad histórica de haber causado la catástrofe climática, a reducir rápidamente sus emisiones de carbono para impedir que las temperaturas globales aumenten por encima del límite crítico de 1,5 °C.

Garantizar que los países desarrollados del Norte Global proporcionen una compensación climática por las pérdidas y daños causados por sus emisiones de carbono y financien fuertemente la infraestructura pública para sustituir la dependencia de energía basada en el carbono.

Cumplir las promesas del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático de que los países desarrollados proporcionen 100.000 millones de dólares por año para satisfacer las necesidades de los países en desarrollo. Estas necesidades incluyen la adaptación y la resiliencia al impacto real y desastroso del cambio climático, que ya están soportando los países en desarrollo (en particular los países de baja altitud y pequeños Estados insulares). Estos recursos deben provenir de donaciones, es decir, de transferencias directas a proyectos, a nivel subnacional, de protección y restauración de los bosques. Los préstamos no son transferencias de recursos, y por lo tanto, no deben contabilizarse como parte del Acuerdo de París, tal como ha ocurrido. Estas transferencias de recursos a los países y pueblos más vulnerables deben ser un instrumento de justicia climática, en lugar de subterfugios para promover negocios en el sector financiero, por parte de los bancos privados o los bancos multilaterales de desarrollo.

Transferir tecnología y financiamiento a los países en desarrollo para la mitigación y la adaptación de los sistemas de energía basados en carbono, a partir de estrategias nacionales.

Exigir que los países desarrollados responsables de contaminar las aguas, el suelo y el aire con residuos tóxicos y peligrosos –incluidos los residuos nucleares– asuman los costos de la descontaminación y dejen de producir y utilizar residuos tóxicos.

II – Una transición energética planificada, justa y con participación social
Es necesario un programa de transición hacia un modelo que mitigue y adapte los sistemas energéticos basados en el carbono, con planificación, participación social, canales de financiamiento para los países del Sur Global según sus necesidades, que promuevan la diversificación de la matriz energética y la eficiencia energética y garanticen el suministro de materias primas para cualquier transición energética en el futuro próximo.

También debe incluir:

El fin de los subsidios gubernamentales directos e indirectos a la industria de combustibles fósiles.

Aumento agresivo de los impuestos sobre las emisiones de gases y productos contaminantes.

Prohibición de la participación del sector financiero en la industria de combustibles fósiles, impidiendo que este proceso sea gestionado por la especulación financiera.

Las inversiones de los Estados para impedir la catástrofe climática, proteger y atender a las poblaciones y recuperar el medio ambiente no pueden verse limitadas o incluidas en legislaciones locales o internacionales de austeridad fiscal. Es obligación del Estado salvaguardar los derechos de las poblaciones localizadas donde se implementan estos proyectos.

III – Protección y estímulo de la agricultura campesina y la soberanía alimentaria
Ampliar el campesinado por medio de reformas agrarias masivas que desconcentren y democraticen el acceso a la tierra, sustituyendo las prácticas perjudiciales del agronegocio por la producción agroecológica.

Construir mecanismos de difusión e implementación masiva de la agroecología, mediante asistencia técnica y financiamiento de las y los campesinos.

Eliminar los agrotóxicos sintéticos para 2035 y reducir a la mitad los fertilizantes sintéticos en el mismo período.

Apoyar la difusión de los bioinsumos para la producción agroecológica, garantizando la estructuración de biofábricas, la base genética y reproductiva de los bioinsumos, poniendo a disposición equipos adecuados para su aplicación y viabilizando la asistencia técnica gratuita específica para la producción y el uso de bioinsumos.

Proteger los derechos del campesinado sobre las semillas y la biodiversidad. Garantizar los derechos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas y tradicionales mediante la lucha contra la biopiratería y la apropiación de sus conocimientos y prácticas.

Reestructurar la ganadería para que los rebaños coincidan con la capacidad de la tierra y la demanda alimentaria y no con el mercado.

Prohibir todas las tecnologías no probadas y eliminar todo subsidio público a prácticas y productos nocivos.

Adoptar políticas públicas para regular y proteger los mercados agrícolas y el derecho a la alimentación.

Ampliar y garantizar la prioridad de los alimentos agroecológicos en los programas de compras públicas de alimentos de los gobiernos.

Construir una legislación que separe los perímetros/polos de producción agroecológica, creando zonas libres de venenos, transgénicos y fumigación aérea.

Los gobiernos deben desarrollar estudios que evalúen la necesidad de reposicionar las actividades agropecuarias en función del calentamiento global. Se trata de establecer nuevos mapas agroclimáticos y desarrollar políticas para su consolidación sobre bases biodiversas, protectoras de los servicios ecosistémicos naturales, asegurando la movilización del tejido social, aprovechando la cultura y experiencia de las comunidades y pueblos establecidos en los diferentes territorios

Garantizar la obligatoriedad de procesos de reevaluación periódica, cada cinco años, de productos y procesos de trabajo técnicos y científicos aplicados a los territorios rurales, garantizando la participación de representantes de la sociedad civil.

IV – Políticas efectivas de reforestación y combate a la deforestación
Se deben tomar todas las medidas necesarias para evitar el punto de no retorno de la Amazonía, protegiendo el 80% de su territorio hasta 2025.

Garantizar el fin de toda la deforestación ilegal para 2025.

Frenar la expansión de la frontera agrícola, con sanciones a las empresas y responsables de la apropiación de tierras y expulsión de los pueblos de los bosques, así como a los productos que contribuyen a la deforestación, la degradación y la contaminación.

Prohibir que los recursos consignados por el Acuerdo de París se destinen al agronegocio, la minería y las falsas soluciones de replantación de áreas de protección permanente.

Alcanzar la deforestación legal cero para 2027.

Derogar las leyes y disposiciones que promueven la destrucción de la Amazonía.

Rehabilitar, recuperar y restaurar las áreas deforestadas y degradadas.

Reconocer el 100% de las reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes, quilombolas y de las comunidades tradicionales en la Amazonía, garantizando la seguridad global (jurídica y física) de la propiedad colectiva de los territorios indígenas, el respeto y la protección territorial de los pueblos indígenas aislados y la garantía de una perspectiva de género en la distribución y titulación de las tierras.

Fortalecer alternativas para una transición agroecológica, de producción agroforestal y ecoturística comunitarias.

Garantizar la participación efectiva de los pueblos de los bosques en toda la cadena productiva de la energía, como parte de los procesos de planificación, gestión y gobernanza, para la construcción de una transición energética justa, popular e inclusiva.

Prohibir los subsidios, inversiones y créditos financieros en proyectos que destruyen los bosques.

Clasificar e incorporar el delito de ecocidio en la legislación de los países y castigar efectivamente todos los delitos ambientales.

Exigir que las corporaciones y empresas responsables de desastres ambientales sean procesadas en sus países de origen y obligadas a reparar los daños causados a la naturaleza y a los pueblos.

Promover un financiamiento para la Amazonía y los bosques del Sur Global, que garantice que todas las conversiones de deuda para la acción climática y/o conservación de la naturaleza sean: integrales, transparentes, directas y con la participación de los pueblos amazónicos autodeterminados, autoorganizados y autogestionados; que en los mecanismos actuales de financiamiento se garantice la participación, el control y la fiscalización social, para evitar abusos, despilfarros y corrupción; y que la naturaleza no sea mercantilizada.

Establecer un impuesto sobre el carbono emitido por las grandes industrias y agroindustrias contaminantes, con el fin de destinar esos recursos a salvar la Amazonía y los bosques del Sur Global.

Prohibir las compensaciones forestales y otros mecanismos de especulación financiera y falsas soluciones de mercado en los territorios.

Que los gobiernos inicien proyectos de reforestación masiva en los bosques, los campos y las ciudades, fomentando la producción y distribución de plantones y estimulando la plantación y la recuperación de áreas degradadas.

V – Gestión planificada y adecuada de los recursos hídricos
El agua debe ser utilizada de forma eficiente, garantizando la prioridad para el consumo humano y animal y para la producción agroecológica.

Promover una gestión de los sistemas acuáticos que incluya la creación de áreas acuáticas protegidas para conservar la salud de las cuencas hidrográficas.

Asegurar la previsión/disponibilidad de recursos para el financiamiento subsidiado de la implementación de agroforestería, con énfasis en los productos alimentarios en unidades familiares de producción, articuladas con sistemas de abastecimiento alimentario.

VI – Restricciones a la minería
Interrumpir inmediatamente y combatir la minería ilegal.

Reducir anualmente el uso del mercurio en la minería hasta su eliminación total.

Prohibir la minería en territorios indígenas, ancestrales y comunitarios.

Establecer planes de recuperación y mitigación de las zonas degradadas por la minería.

Implementar planes para la remediación de la salud de las personas y la restauración de los ecosistemas afectados por el mercurio y la minería.

Establecer sistemas de monitoreo y penalización de actividades que comprometan la calidad de las reservas de agua superficiales y subterráneas.

VII – Participación Popular
La población, especialmente los pueblos del bosque y los afectados por el cambio climático, debe tener asiento, voz, voto y poder de veto en las instancias de formulación, decisión y auditoría del empleo de los recursos y en los proyectos y cadenas productivas con impacto significativo en los territorios.

Las instancias/consejos/comisiones institucionales responsables de la evaluación/validación de productos de la ciencia y la tecnología aplicados en los territorios rurales deben prever espacios para la intervención de lxs representantes de las poblaciones afectadas por su uso, tanto antes como durante su autorización de uso a escala comercial.

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ArribaNota
1El Cerrado es un bioma que se encuentra en la meseta central de Brasil. Se trata de la sabana tropical más biodiversa del mundo, ocupa el 22-24% del territorio del país y es el segundo bioma más extenso después de la Amazonía.

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