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Dan Dennis - unsplash
En el abismo de hegemonía en que se ha hundido la sociedad costarricense, se ha producido la fuga de figuras políticas locales —alcaldes, regidores y representantes de microfeudos— desde los partidos tradicionales, cuyo poder territorial ha entrado en crisis, hacia las tiendas del oficialismo. No se trata simplemente del veletismo o el camaleonismo políticos, tan comunes en personajes que cambian de opinión, bandera o lealtad según la ocasión.
En el fondo, estamos ante una manifestación cada vez más elocuente de los niveles alcanzados por la crisis política y la depredación del poder. Ha habido, en otros momentos y bajo otra ética en la política, desertores de los partidos que han explicado racionalmente y con argumentos políticos las razones de su separación. Pero en esta coyuntura y en estos casos de fuga, en particular, estamos frente al vivo ejemplo del individualismo y del egoísmo político. Como dice Rafael Fraguas, estos son quienes “Prefieren los atajos y, como reza el dicho popular “no hay atajo sin trabajo”. Optan por lo fácil: corromperse. Mas nuevas tribulaciones aguardan al tránsfuga. Porque no se corrompen solo ante sus partidos, sino, sobre todo, lo hacen ante los que les entregaron los votos dentro de una formación distinta de la que adoptan en su fuga” (“Espejo de tránsfugas”, en El Obrero, 24 Marzo 2021).
Pero esto es, además, reflejo de la erosión continua de un viejo orden que se resiste a morir. De declinación de las formaciones del bipartidismo y los fracasados intentos de su reemplazo. En esa agonía surgen candidatos, movimientos, ideas y soluciones fáciles, movidos por los vientos de la oportunidad, capaces de capturar e incluso comprar puestos de poder y representación. Lejos de responder a la crisis, le añaden nuevas dimensiones que la agravan. No emerge nada nuevo, sino una continuidad todavía más perversa.
En la escala local, esa crisis también se manifiesta como fragilidad política territorial. Esto supone la debacle de las políticas de desarrollo y bienestar; la erosión y captura de las instituciones mediante nuevas formas de corrupción; la descomposición de la cultura cívica; la proliferación de arreglos espurios y, en muchos casos, la implantación de mecanismos antidemocráticos de concentración del poder en regiones y cantones del país.
Se fragmentan, así, las configuraciones que desde el siglo pasado conectaban el ejercicio de la hegemonía —es decir, la dirección y la dominación políticas— con la construcción de un orden territorial. Mediante distintas instituciones, organizaciones y redes sociales, ese orden articulaba al Estado y la cultura cívica con las dinámicas locales, la vida cotidiana y el sentido común de la población.
Casi una veintena de alcaldes tránsfugas, de los 84 que asumieron sus cargos en 2024, migraron desde sus respectivos partidos hacia el chavismo. Tampoco podemos reducir esta desbandada a simples maniobras personales para asegurar la continuidad en el puesto. Lo son, sin duda, pero expresan algo más profundo.
El grupo en el poder se ha propuesto reclutar las viejas redes clientelares locales y apropiarse de sus mecanismos de control de los aparatos políticos territoriales, sostenidos por palpables dispositivos de corrupción y encubrimiento. Aunque su narrativa moralizante ataca las estructuras del pasado y promete derribarlas, es sobre esas mismas bases territoriales donde el oficialismo está levantando su propio —y nada novedoso— sistema de dominación. No sabemos si logrará consolidarlo, pero, conforme pase el tiempo, el daño será cada vez mayor.
La proximidad de las elecciones municipales ofrecerá una oportunidad para medir el alcance de esa maniobra territorial del oficialismo. Sin embargo, quienes integran las fuerzas democráticas no deberían conformarse con contemplar ese desfile desde los balcones como si asistieran a un funeral.
Si la fragilidad territorial constituye una de las principales expresiones de la crisis de hegemonía, también es desde los territorios donde pueden comenzar a construirse respuestas capaces de alumbrar un nuevo orden social. No se trata, de ninguna manera, de retornar a lo viejo ni a lo viejo de los viejos partidos: eso sería otro retroceso.
El trabajo territorial tampoco debería reducirse al proselitismo político antichavista. Debe orientarse al fortalecimiento de redes, organizaciones y espacios democráticos y solidarios de encuentro y participación ciudadana. Hay que producir una nueva capilaridad territorial que conecte de nueva manera las vidas de las personas, sus expectativas y esperanzas desde sus universos cotidianos con un nuevo orden social, institucional y territorial.
Eso exige abandonar las maniobras clientelares y las respuestas tecnocráticas que han mutilado las capacidades colectivas para crear formas propias de organización, deliberación y acción.
También exige atender las heridas sociales acumuladas. En numerosos territorios, las desigualdades, la violencia, la pérdida de oportunidades y el debilitamiento institucional han producido miedo, desconfianza y traumas colectivos que condicionan la vida comunitaria. Recuperar las capacidades para el encuentro y reconstruir la esperanza son condiciones indispensables para restablecer la confianza y abrir caminos hacia proyectos colectivos de futuro.
En última instancia, la tarea consiste en recuperar la capacidad de la sociedad para imaginar un futuro compartido. No basta con fortalecer instituciones o ampliar oportunidades económicas: hay que crear las condiciones para que las personas vuelvan a reconocerse como integrantes de una comunidad política capaz de construir, desde sus territorios, una democracia más cercana, inclusiva y esperanzadora.
La reconstrucción de Costa Rica no comenzará solamente en las instituciones nacionales. Comenzará allí donde las personas recuperen la capacidad de organizarse, confiar unas en otras, levantar proyectos comunes y devolverles la esperanza a sus territorios.
