EL ALISIO NO VOTA - "Crónicas desde un archipiélago donde todo lo demás ya está comprado"

Son las seis y cuarto de la mañana en una de las playas de callao de Pozo Izquierdo y estoy tomando un carajillo con ron blanco en el único bar que sigue abriendo en horario de pescadores, y que todavía no ha descubierto que el café puede venderse a cuatro euros y medio si le pones un nombre en inglés y una pajita de cartón. Café de máquina, chorrillo de ron blanco de botella abierta hace meses: un euro. La Seat Trans descansa en el aparcamiento, y la política canaria, que no descansa nunca, deja noticias que merecen contarse antes de que el sol, o el ron del carajillo, suba.

EL PLÁTANO Y LAS SEIS EMPRESAS

Asprocan aprobó esta semana la primera pica oficial del año en el conjunto de Canarias: seiscientos treinta mil kilos en la semana 34, ochocientos mil más en la semana 35. Un millón cuatrocientos treinta mil kilos en dos semanas. Fruta apta para el consumo que no irá a ningún mercado. Parte al Banco de Alimentos. Parte a Marruecos a precio de saldo. El resto, al ganado o directamente a la basura, porque ya no hay tanta cabra pa´tanto plátano. En abril, la pica en La Palma, no oficial supongo; ya había superado el millón y medio de kilos. El verano canario del plátano lleva el mismo guion desde hace años y nadie ha encontrado todavía el momento de cambiar el final.

El platanero canario cobra esta semana 0,37 euros por kilo. Producirlo le cuesta entre 0,70 y 0,80. La diferencia la pone en parte el Posei, la ayuda europea de compensación de renta: 0,32 euros por kilo, hasta 141 millones anuales para el sector. Con esa ayuda el platanero llega, casi, a cubrir gastos. A veces sí. A veces no. Lo que sí ocurre siempre, con una regularidad que las leyes de la física envidiarían, es que las seis grandes organizaciones de productores que controlan el sector, reciben esa ayuda europea independientemente de si el plátano se vende o se destruye. El kilo picado computa en el histórico de producción del titular y genera derecho a cobrar la ayuda del Posei, igual que el kilo que llega al supermercado de Valdemorrillos de Abajo. Es un sistema que tiene la elegancia de quien cobra por trabajar y también por no trabajar, siempre que seas suficientemente grande para estar dentro.

Lo más extraordinario del sistema, el detalle que tiene esa perfección circular que solo da la realidad canaria, es lo siguiente: Coplaca, la organización más poderosa del sector con el treinta por ciento del comercio platanero canario, participa a su vez en Eurobanan, empresa que importa y vende banana en España y Portugal. La misma organización que lidera el sector platanero canario, también comercializa la banana que le quita cuota de mercado al plátano. Los agricultores palmeros llevan años denunciándolo: hay quien destruye plátano canario por la mañana y vende banana importada por la tarde, en el mismo mercado, con la misma red comercial. Y cobra la ayuda europea haciendo las dos cosas. Ni el mejor agente doble de la Guerra Fría trabajó con tanta elegancia para los dos bandos a la vez, sin que nadie lo hubiera fusilado.

La banana importada ya tiene el 53% del mercado peninsular frente al 47% del plátano canario. Algunas fuentes del sector atribuyen la pérdida de cuota al precio. Asprocan lo atribuye al descenso productivo. Ese mismo descenso productivo que te hace tirar o regalar más de un millón y medio de kilos en La Palma en abril, y otro millón cuatrocientos mil en las dos últimas semanas de agosto, y lo que falta de año.

El pequeño agricultor que tiene cuatro o cinco celemines en el Buenavista del Norte, en el valle de Aridane o en la subida de Manos de Oro,  lleva décadas en el mismo sitio: produciendo más de lo que el mercado aguanta, viendo cómo sus piñas acaban destruidas, cobrando una ayuda europea que no cubre los gastos y escuchando que la solución está en mejorar la comercialización. Mientras, la organización que gestiona esa comercialización vende banana con la otra mano.

La banana no recibe ayuda europea. El plátano canario recibe 141 millones al año. Y aun así pierde cuota de mercado. Llevo veintiséis años cubriendo política canaria y todavía no he encontrado a nadie que explique eso con cara tranquila más de dos minutos seguidos.

El camarero me trae otro carajillo sin que se lo pida. Es un gesto que en otro contexto llamaría solidaridad. Aquí lo llamo un euro más en la cuenta y un motivo para quedarme sentado un rato más.

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EL VICECONSEJERO, EL CHOCOLATE Y LOS HOTELES

Gabriel Andrés Megías Martínez, del PP, es el viceconsejero de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias. El 3 de agosto firmó una resolución vinculante obligando a los hoteles de toda Canarias a pagar el AIEM, el arbitrio canario sobre importaciones, por los bombones y chocolatinas de bienvenida que no sean de producción canaria. El objetivo del AIEM, en teoría, es proteger la industria local frente a las importaciones. Una medida razonable, en principio.

El problema es lo que figura en el Registro Mercantil. El 27 de mayo de 2026, Megías fue nombrado nuevamente consejero de Andrés Megías Mendoza S.A., propietaria de La Isleña y La Candelaria, dos de las principales chocolateras de Canarias. El mismo día que firmó la resolución que obliga a los hoteles a pagar más por el chocolate importado, era consejero de la empresa familiar que fabrica el chocolate canario que se beneficia de ese impuesto.

En su ficha del portal de transparencia del Gobierno de Canarias, donde los altos cargos están legalmente obligados a declarar sus actividades privadas, Megías tiene escrito que no existe actividad privada. El Registro Mercantil tiene escrito otra cosa, concretamente su nombre y apellidos en el consejo de administración de la chocolatera, con firma incluida en las cuentas anuales de 2024.

Pero hay más. Ese mismo Registro Mercantil también lo sitúa como consejero de Inversiones y Gestiones Turísticas S.A., la empresa matriz de los hoteles Cordial en el sur de Gran Canaria, con mandato vigente hasta junio de 2028. La misma cadena hotelera a la que la resolución que él firmó obliga a pagar el impuesto por los bombones importados.

Para entendernos: el viceconsejero de Hacienda del PP firmó un impuesto que beneficia a la chocolatera de su familia, ocultó en el portal de transparencia que forma parte de su consejo de administración, y también ocultó que es consejero de una cadena hotelera a la que ese mismo impuesto afecta directamente. El verano en Canarias dura mucho más que la memoria colectiva, por eso dejarlo por escrito.

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LA CONSEJERA DE HACIENDA Y EL ARTE DE NO ESTAR

El Gobierno de Canarias lleva meses peleando con Madrid por la financiación autonómica. Clavijo ha hecho de ese pulso su argumento político central: el Estado no nos da lo que nos corresponde, Canarias merece más respeto, el REF es un derecho no una concesión. Lo ha dicho en el Parlamento, en el Alfredo Kraus, en ruedas de prensa, en entrevistas, en cualquier micrófono que se haya cruzado en su camino desde que tomó posesión, y probablemente en todos y cada una de sus pesadillas.

Esta semana, después de meses de negociación, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó un acuerdo que supone más de 1.300 millones adicionales para Canarias. El mayor acuerdo financiero que ha conseguido este archipiélago en décadas. Clavijo firmó. Los ministros firmaron. La consejera de Presidencia de CC, Nieves Lady Barreto, estuvo presente.

La consejera de Hacienda del PP, Matilde Asián, la titular directamente competente en la materia, no estuvo. Estaba de vacaciones. Cuarenta y ocho horas de descanso. El PP explicó que la decisión técnica era correcta y que su presencia no era imprescindible, que es la forma de decir que, la persona responsable de las finanzas autonómicas no hacía falta en la reunión más importante de finanzas autonómicas de la legislatura.

Hay una explicación que circula por los pasillos del Parlamento y que tiene más lógica que la oficial: Asián no fue porque el PP lleva meses intentando torpedear el acuerdo con Madrid, y aparecer en la foto del acuerdo que ella misma había intentado bloquear, habría requerido tragarse un sapo del tamaño del Teide, y para eso no hay días de vacaciones suficientes.

Lo tituló alguien "Vacaciones de la vergüenza". Es un titular que se escribe solo, que es la señal de que la realidad ha decidido prescindir del periodista y hacer el trabajo ella misma.

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EL TEIDE, LA COMPETENCIA Y EL VIGILANTE JURADO

El Parque Nacional del Teide es Patrimonio de la Humanidad desde 2007. Es el parque más visitado de España, con más de ocho millones de turistas al año. Tiene una extensión de casi dieciocho mil hectáreas repartidas entre trece municipios de Tenerife. Y hasta hace unos meses tenía tres agentes forestales para gestionarlo todo.

Tres agentes forestales. Ocho millones de turistas.

Siete mil trescientos nueve turistas por agente forestal, cada día.

El Cabildo de Tenerife llevaba años reclamando las competencias de gestión del Teide al Gobierno de Canarias, argumentando que desde la isla se gestionaría mejor, con más conocimiento del territorio y más eficiencia. En diciembre de 2025, el Gobierno de Canarias firmó el decreto de transferencia. Las competencias llegaron al Cabildo con la tinta todavía fresca. En enero de 2026, Rosa Dávila presentó el nuevo modelo de gestión del parque con la satisfacción de quien ha conseguido algo que llevaba mucho tiempo buscando. En febrero, el Cabildo sacó a licitación la seguridad del parque. En abril, adjudicó el contrato a Segurmáximo, empresa de seguridad privada, por tres millones trescientos sesenta y un mil euros hasta 2029. Veintisiete guardas rurales privados para vigilar el Patrimonio de la Humanidad.

La velocidad con la que el Cabildo pasó de reclamar la gestión pública del Teide a externalizar su seguridad a una empresa privada tiene ese mérito atlético de quien rompe su propio récord sin darse cuenta.

El problema, el que ahora ha llegado a los tribunales, es que esos vigilantes privados de Segurmáximo llevan meses haciendo cosas que la Ley de Seguridad Privada no les permite hacer. Regulan el tráfico dentro del parque. Emiten boletines de denuncia. Intervienen en accidentes e incendios. Funciones que la normativa vigente reserva en exclusiva a agentes de la autoridad, que son los funcionarios públicos con formación específica y habilitación legal para ejercerlas. Un guarda rural privado, por mucho chaleco que lleve, no tiene esa habilitación. Agentes forestales, sindicatos y policías locales de los trece municipios que atraviesa el parque se lo dijeron a Dávila por escrito, con detalle y con citas legales. Izquierda Unida lo elevó al Congreso. El PSOE pidió que se anulara la licitación.

Dávila respondió que el contrato era para proteger el Teide "a toda costa". La frase, en el contexto de una adjudicación millonaria a una empresa privada para hacer funciones que corresponden a funcionarios públicos, tiene más capas de las que ella probablemente pretendía.

Mientras tanto, en mayo hicieron una oposición y la plantilla de agentes forestales del parque pasó de tres a quince. Quince funcionarios con formación específica, con autoridad legal y con conocimiento del ecosistema. Quince personas que podrían haber sido treinta si el dinero del contrato de Segurmáximo se hubiera invertido en ampliar la plantilla pública. Pero eso habría requerido renunciar al contrato, y los contratos en Canarias no se renuncia a ellos, se licitan, se adjudican, se renuevan y se celebran en un brindis compartido en Los Limoneros o San Sebastián 57.

IU lo resumió con una frase que no necesita traducción: "El Teide no es una finca rústica ni un coto de caza. Es un ecosistema sensible que requiere autoridad pública, no seguridad privada." El Cabildo de CC y PP no respondió a esa observación. Tenía un contrato que defender.

El sol empieza a subir sobre Pozo Izquierdo. El camarero cierra la botella de ron blanco ,con ese gesto de quien sabe que no volverá a abrirla hasta que un pescador, o un personaje como yo, volvamos a pedir esa marca. La Seat Trans espera. Y Canarias sigue siendo ese lugar donde el plátano se destruye para que no baje el precio mientras quien lo comercializa vende banana con la otra mano, el viceconsejero de Hacienda se autoaprueba un impuesto que beneficia a su familia, la consejera de Hacienda se va de vacaciones el día que más falta hace, porque no quiere salir en la foto del acuerdo que intentó bloquear, y el Teide es vigilado por guardas privados sin autoridad legal, porque el Cabildo tardó menos de dos meses en externalizar las competencias que llevaba años reclamando.

El alisio sopla. Como siempre, a favor de los mismos.

Carmelo "Melo" D.H. es periodista. Fue periodista. Sigue siéndolo, esta mañana el carajillo de un euro del bar de Pozo Izquierdo le ha dejado más claro que nunca quién produce el valor y quién se lo apropia.