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Apicultores revisan colmenas en el sudoriental estado mexicano de Campeche. El uso de agroquímicos mata a las abejas en México. Imagen: Colectivo Maya de los Chenes
La denuncia pertenece al calvario que los criaderos de enjambres han padecido en la última década, en un puñal contra un sector vital para la agricultura de este país latinoamericano de unos 130 millones de habitantes y que figura entre los 10 mayores productores mundiales de miel.
“Se conjunta la muerte por agrotóxicos, despoblamiento y alteración climática que hace que ya no tengamos floraciones que hacían que las abejas pudieran sobrevivir sin depender del humano. Ocurre en todo el país, pero no todos lo reportan”, señaló a IPS la apicultora Luz Saldaña, desde la ciudad de Querétaro, en el centro de México.
En una escala de uno a 10, la también directora de la no gubernamental Organización Nacional de Apicultores (Ona), que agrupa a 15 asociaciones en nueve estados, sitúa el problema en 10.
“No solo es el impacto en el medioambiente, sino también en la salud humana. El peso de los agrotóxicos es tan grande que ninguno puede decir que tenemos un lugar seguro” para las abejas (Apis mellifera), aseguró la apicultora, cuya célula mielera posee entre 200 y 300 panales en el estado de Querétaro y el vecino de San Luis Potosí.
En los últimos 10 años, la Ona ha recibido informes de pérdida total de colmenas de 19 de los 32 estados del país y de deceso de abejas pecoreadoras (obreras adultas) y abandono de colmenas en nueve territorios.
“No solo es el impacto en el medioambiente, sino también en la salud humana. El peso de los agrotóxicos es tan grande que ninguno puede decir que tenemos un lugar seguro para las abejas”: Luz Saldaña.
El proyecto Abejas y Plaguicidas del público El Colegio de la Frontera Sur enumera reportes superiores a 300 000 panales perdidos y unos 600 millones de abejas entre 2003 y 2024, pero la estadística real sería mucho mayor, dado que los afectados no reportan todos los casos.
El Registro Nacional de Muertes de Abejas por Plaguicidas expone al menos 41 sucesos desde 2022, que afectaron a 1974 panales, y cuya mayoría se refiere a muerte masiva y pérdida. El norteño estado de Chihuahua, el oriental de San Luis Potosí y Jalisco presentan la mayor cifra de colmenas perjudicadas.
A pesar de la magnitud de las denuncias, la Secretaría (ministerio) de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) solo enlista ocho casos que involucran 1131 colonias muertas.
El exterminio exhibe un patrón sistémico derivado de la falta de regulación de plaguicidas altamente peligrosos, el avance de los monocultivos industriales, como la soja transgénica, y las fumigaciones aéreas descontroladas.
Los protagonistas del ecocidio son el fipronil, neurotóxico que altera el sistema nervioso central del insecto haciendo que pierda la orientación y muera, y los neonicotinoides, insecticidas químicos derivados de la nicotina.
En este cóctel que caracteriza a la catástrofe química que azota a México, los insecticidas provocan la muerte masiva de abejas, los fungicidas son veneno para hongos y bacterias que alteran la microbiota de la colmena y de la floración; y los herbicidas reducen la floración y el alimento natural para las obreras.
Pero el problema es mayor, debido a lagunas legales y la pasividad gubernamental que impide sanciones a los responsables y la reparación de daños.
La muerte colectiva no es solo catastrófica para un sector en el que trabajan unos 48 000 productores en sus aproximadamente 2,3 millones de colmenas que cada año cosechan unas 60 000 toneladas del néctar.
“No me alcanzan los números. Les digo a los apicultores que documenten las muertes, que tomen muestras, videos, que registren qué y cuándo se fumigó, para reunir la información”: Leticia Yáñez.
La siembra de docenas de especies depende de insectos polinizadores y cuya desaparición arriesga los medios de vida de millones de personas y la seguridad alimentaria nacional.
México, una de las naciones de mayor biodiversidad mundial, alberga unas 2100 especies de abejas nativas, equivalente a 10 % de la variedad global. En 2022, científicos catalogaron 2405 especies polinizadoras.
Los insectos vuelan hasta dos kilómetros para recolectar polen y néctar. La aplicación aérea de plaguicidas origina una dispersión descontrolada, pues solo 40 % de los compuestos llega a su objetivo, mientras que el resto se extiende alrededor, lo que afecta a las abejas en un radio de hasta ocho kilómetros desde sus colmenas.
Leticia Yáñez, jefa del Laboratorio de Género, Salud y Ambiente de la Facultad de Medicina de la pública Universidad Autónoma de San Luis Potosí, recibe todos los días reportes de intoxicación de abejas en todo el país.
“No me alcanzan los números. Les digo a los apicultores que documenten las muertes, que tomen muestras, videos, que registren qué y cuándo se fumigó, para reunir la información”, explicó a IPS desde la ciudad de San Luis Potosí.
La experta describió “el harakiri” que los agricultores se infligen, pues arrojan sustancias que acaban con los polinizadores y luego no hay siembras por la falta de éstos. Así ha ocurrido con la naranja desde 2024 en el estado homónimo.
Ecosur y la no gubernamental Alianza Maya por las Abejas Kaabnalo’on delinearon un protocolo de acción ante la muerte masiva.
En los campos mexicanos, las abejas vuelan en una carrera de obstáculos químicos. En el gubernamental Registro Federal de Plaguicidas anidan las fórmulas de las pistas emponzoñadas.
El fipronil reporta 95 licencias vigentes de 28 empresas. El estado de los neonicotinoides es aún peor. El imidacloprid tiene 232 permisos correspondientes a 59 empresas, tiametoxam, 85 de 34 compañías; acetamiprid, 76 de 34 corporaciones y un particular; dinotefuran, 37 de 18 empresas; tiacloprid, cuatro de tres propietarios; y clotianidina, tres de dos dueños.
Este país latinoamericano mantiene la autorización para más de 3000 insecticidas, herbicidas y fungicidas para usos agrícola, forestal, pecuario, doméstico, jardinería, urbano e industrial, así como cerca de 610 ingredientes activos. Pero no hay cifras sobre las cantidades en uso ni dónde se aplican.
La gubernamental Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios evalúa las moléculas y autoriza su circulación, pero Sader está involucrada en el diseño de políticas agrícolas que influyen en el uso de agroquímicos.
En 2020, el gobierno mexicano decretó la proscripción del uso del glifosato, el herbicida más consumido en el mundo y considerado desde 2015 “probable cancerígeno en humanos” por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, la mayor autoridad sobre ese padecimiento, de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero en 2024 México perdió un panel ante Estados Unidos por la prohibición al maíz transgénico y al herbicida.
En noviembre de 2025 el gobierno vetó la producción y venta de 35 sustancias, las mismas cuya importación ya había bloqueado en 2020.
A pesar de las denuncias y demandas judiciales, las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura y Desarrollo Rural han mostrado un aletargamiento que contribuye al exterminio de las abejas.
Desde 2021, el gobierno aplica la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable de los Polinizadores, cuyo cumplimiento exhibe vacíos. El instrumento consta de ocho ejes temáticos, 16 líneas de acción y 86 medidas.
Pero partes fundamentales agonizan. Por ejemplo, del eje de normatividad y regulación, la actualización “continua” de las reglas sobre el uso de plaguicidas para evitar la aplicación de aquellos que tengan un impacto negativo sobre los polinizadores resulta tan invisible como las sustancias a controlar.
Las normas sobre agroquímicos no consideran específicamente la protección de los polinizadores en sus evaluaciones de riesgo y registros de sustancias tóxicas.
En el eje sobre fomento a la producción sostenible y amigable con la biodiversidad, no hay avances en la evasión del “uso masivo e indiscriminado” de agrotóxicos. El gobierno tampoco cuenta con una base de datos de enfermedades, inventario nacional de colmenas y sistematización de pérdidas de polinizadores.
Durante el Tercer foro “Abejas melíferas y apicultura”, celebrado de mayo de 2024, el entonces secretario de Agricultura, Julio Berdegué, anunció la preparación de un plan de atención de mortandad de abejas debido al uso indebido de plaguicidas. Pero sigue sin ver la luz.
La comunidad indígena maya en Hopelchén, municipio del sudoriental estado de Campeche, obtuvo en 2024 un amparo que prohíbe el uso de ciertos compuestos químicos en sus áreas de colmenas, la deforestación, las fumigaciones aéreas, y otorga derechos a las abejas.
La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) dejó lista la regulación de fumigaciones aéreas, pero el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió el cargo en octubre de 2024, la detuvo.
En julio último, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el más alto tribunal del país, anunció la revisión legal de la petición de los grupos mayas de considerar sujetos de derechos a las abejas, figura que permitiría a los apicultores presentar demandas.
El gobierno conoce bien la catástrofe, pero voltea la vista hacia el lado opuesto. En 2024, un estudio gubernamental halló en la región de Hopelchén que el proceso de aplicación de agroquímicos representa “un importante riesgo no controlado” para el ecosistema, con el uso generalizado entre los productores.
Su conclusión ha resultado una profecía autocumplida: la muerte masiva será recurrente mientras subsistan las mismas prácticas.
El legislativo Congreso mexicano tiene en su recinto al menos cuatro iniciativas para una ley apícola que no caminan hacia su aprobación.
En enero de 2025, la Ona dirigió una carta a Sheinbaum para alertar de la creciente mortandad apícola. Luego de seis meses de reuniones durante 2026, el gobierno y los cosechadores acordaron unas 100 medidas, de las cuales solo cumplieron la impartición de un taller sobre el protocolo de registro de muerte masiva, según indicó Saldaña.
Si bien la destrucción de panales está tipificada en algunos estados, la impunidad campea tanto como los baños venenosos que la ocasionan.
En mayo pasado, el Centro Nacional de Referencia de Inocuidad y Bioseguridad Agroalimentaria halló restos de plaguicidas en una muestra de abejas muertas en Jalisco. Mientras en las alturas resuena el “buzz buzz” de drones que riegan agrotóxicos, en tanto que abajo a los apicultores ya no les zumban los oídos.
