CORREOS DILAPIDA MÁS DE 5,7 MILLONES DE EUROS EN GASTOS JURÍDICOS Y PAGO DE MULTAS

Imagen Ibrahim Boran - unsplash

Desde el sindicato afirman que “ante la enorme opacidad de Correos, el Portal de Transparencia se ha 
convertido en una de las herramientas más útiles para conseguir información objetiva sobre temas de 
gran relevancia”.  
En un comunicado reciente, revelan que la empresa habría abonado en cuatro años más de 4,2 millones 
de euros en concepto de asistencia y representación jurídica a la Abogacía General del Estado y más de 
medio millón a asistencia jurídica externa, sumando una partida total de cerca de 4,8 millones de euros.  
“Hablamos de más de un millón anual destinado a defenderse de quienes se atreven a judicializar los 
conflictos surgidos ante el despotismo y la falta de diálogo que caracteriza a una empresa cada vez más 
autoritaria”, critican desde la organización anarcosindicalista.  
En lo que respecta al pago de multas derivadas de sanciones e incumplimientos en materia de 
seguridad y salud, CGT denuncia que “entre los años 2022 y 2025, Correos ha optado por destinar cerca 
de 837.000 euros, en lugar de cumplir con su mandato legal de proteger la salud de toda la plantilla”.  
Desde el sindicato llevan años oponiéndose a una política de recorte de plantilla y precarización del 
empleo que definen como “estructural”, la cual afecta directamente a la calidad del servicio público. 
“Nos dicen que no hay dinero para contratar, para mejorar las condiciones laborales y salariales, para 
reconvertir las jornadas parciales en completas o dotarnos de materiales y vehículos en buen estado 
para desempeñar las labores diarias. Por el contrario,  los datos evidencian que se gastan millonadas 
no solo en sueldazos y bonus directivos, sino en la “batalla judicial” contra la plantilla, el mantenimiento 
del maltrato a nuestros derechos y la falta de seguridad en los centros de trabajo”, sentencia CGT. 
Finalmente, reclaman la dimisión de Pedro Saura como Presidente de Correos y el abandono de la 
aplicación de políticas neoliberales en la sociedad estatal y el resto del sector público, por considerar 
que van contra el carácter social y las necesidades de la mayoría trabajadora de todo el Estado.