Por fin, regulación legal de los grupos de interés.

Un grupo de interés es un conjunto de personas organizadas en torno a un interés común, con el fin de actuar conjuntamente en defensa del mismo. Se denomina grupo de presión cuando ese grupo busca la manera de influir a la opinión pública. Su actividad política es distintiva de otras categorías porque procuran intervenir en la temática política desde el exterior, desde fuera, es decir indirectamente. A menudo los grupos de interés son de conocimiento público, como los sindicatos, las organizaciones patronales, las grandes empresas, las asociaciones de profesionales, las ONG… La mayoría de las sociedades modernas reconocen legitimidad a los grupos de interés y regulan las modalidades de su capacidad de obrar, de modo que no afecten la forma en que se encuentra regulada en cada país la toma de decisiones políticas. Una modalidad característica de la canalización institucional de los grupos de interés son los consejos económicos y sociales, que existen en varios países. Es habitual que los grupos de interés realicen sobre los poderes públicos una actividad particular denominada ‘lobby’, con el fin de tratar de incidir a su favor en el proceso de toma de decisiones públicas.

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Quede claro que un grupo de interés no es una tertulia, aunque muchos grupos de interés y de presión nacen en ellas. Se diferencia conceptualmente del grupo de poder o del grupo de presión en que el grupo de interés busca la realización de sus necesidades mediante sus actividades profesionales, es decir que una ONG protectora del medio ambiente buscaría afiliar más socios y buscar más animales, plantas, bosques… para proteger, a fin de que las autoridades vean su necesidad de colaboración y una empresa se esforzaría en crecer en producción para ser objeto de medidas de política económica. En cambio, un grupo de poder busca forzar el proceso de decisiones del Estado en su favor e intereses, utilizando mecanismos de poder. Un grupo de presión acudiría directamente al parlamento a dialogar para satisfacer de ese modo sus necesidades. No obstante, a pesar de las disimilitudes, el grupo de interés, según el contexto histórico, social, cultural y político, podría mutar en grupo de presión y a posterior en grupo de poder.

Lo que los diferencia de los partidos políticos, insistimos, es que no pretenden ejercer el poder político sino influir en el proceso de la toma de decisiones políticas para conseguir los fines que en cada caso se proponen.

En España, con un  vacío evidente en la materia, se están dando los primeros pasos para la regulación legal y estricta del trabajo de representación ante los funcionarios y personal público. En efecto, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha aprobado un Real Decreto-ley en el que se define qué colectivos tienen la consideración de ‘lobby’. Asimismo, el texto fija con claridad quiénes pueden recibir dichas presiones profesionales. La medida cumple con compromisos clave en materia de integridad democrática. Además, la iniciativa responde a las exigencias de los organismos internacionales.  De esta manera, el Gobierno crea un Registro estatal de grupos de interés.

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Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, departamento encargado de proponer la ley, ha destacado la importancia del cambio. "El Gobierno de España cumple así su compromiso con la transparencia, la regeneración institucional y la calidad democrática. Tres piezas indispensables en el puzle de la confianza ciudadana", afirmó López.

Por primera vez, las normas éticas afectan al personal eventual y a los asesores de confianza. Por consiguiente, los cargos públicos deberán publicar todas sus reuniones en un plazo máximo de un mes. La inscripción en esta plataforma oficial será gratuita, electrónica y obligatoria para las entidades. El denominado Consejo de Transparencia y Buen Gobierno asumirá la supervisión de la herramienta digital. Asimismo, la institución podrá tramitar expedientes y aplicar sanciones ante los incumplimientos.

Las empresas y las organizaciones deberán aportar información sobre sus fuentes de financiación. De igual modo, los datos estarán accesibles para toda la ciudadanía a través del Portal de la Transparencia. Esta plataforma se conectará con los registros de las comunidades autónomas. Al mismo tiempo, el sistema compartirá datos con la Unión Europea.

En definitiva, las autoridades registrarán la huella normativa de cada proyecto legislativo. Con este mecanismo, el público podrá comprobar qué grupos de presión han participado en las leyes. El Registro estatal de grupos de interés refuerza de esta manera los estándares de control público.