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Izquierda Unida Aragón ha registrado en las Cortes de Aragón una batería de preguntas para exigir al Gobierno PP-Vox explicaciones sobre las deficiencias detectadas en la Orden ECU/1254/2026, relativa a las actividades complementarias, extraescolares, viajes de estudio, intercambios escolares y movilidades educativas desarrolladas fuera de los centros educativos. Para su portavoz y Coordinadora general, Marta Abengochea, la Orden debería haber servido para proporcionar seguridad jurídica y confianza a los centros educativos, pero sostiene que su resultado es justamente el contrario, “aumenta la incertidumbre, traslada nuevas cargas a los docentes y genera dudas que están comprometiendo la realización de numerosas actividades educativas”.
“Susín parece no querer que se desarrollen las extraescolares. Su instrucción genera más inseguridad que soluciones y transmite la sensación de que su principal preocupación es salvar la papeleta administrativa del Gobierno de Aragón, dejando en manos del profesorado responsabilidades para las que ni dispone de formación específica ni cuenta con respaldo suficiente”, señala la diputada.
Uno de los aspectos que más preocupa a la formación política es la obligación impuesta al profesorado de realizar la evaluación de riesgos de las actividades, sin proporcionar formación suficiente, herramientas objetivas, criterios homogéneos ni un catálogo de referencia elaborado por la Administración y cuando, además, la falta de previsión de algún riesgo que derive en un daño grave, podría considerarse como argumento que justifique la calificación de “negligencia grave o profesional”.
“Siguiendo lo establecido en la Orden, no debería llevarse a cabo el esquí que tiene riesgos no eliminables mediante medidas preventivas, aunque dicha actividad es una actividad frecuente en los centros,” advierte Abengochea para alertar de que su redacción puede provocar la cancelación de actividades que forman parte habitual de la programación educativa. Para clarificar esta cuestión, Izquierda Unida pregunta al Ejecutivo autonómico qué actividades considera realmente de alto riesgo, qué criterios deben seguir los centros para evaluar los riesgos y qué apoyo técnico y jurídico van a recibir los docentes encargados de elaborar dichas evaluaciones.
Abengochea también critica la falta de claridad sobre seguros y responsabilidad civil. Según denuncia la portavoz, la normativa no define con precisión qué situaciones están cubiertas ni cuándo es necesario contratar seguros adicionales, lo que mantiene la incertidumbre del profesorado. “En lugar de aportar seguridad jurídica, se traslada a los docentes decisiones complejas sobre cobertura y responsabilidad que pueden tener importantes consecuencias en caso de accidente”, explica.
Falta de claridad sobre la responsabilidad penal
Si bien el texto recuerda que los docentes actúan bajo la cobertura de la Administración y que únicamente pueden exigirse responsabilidades personales en casos de dolo, culpa o negligencia grave, no concreta qué conductas podrían considerarse imprudencia grave ni ofrece orientaciones que ayuden a prevenir este tipo de situaciones. Para la diputada, este vacío es el que resulta especialmente relevante ya que puede conllevar responsabilidad penal e ingreso en prisión como en el caso de los docentes del IES Ítaca y es lo que genera mayor inseguridad.
“Aunque la consejera ha declarado que la Orden no puede eximir de la responsabilidad penal, sí que debe clarificar lo que puede definirse como negligencia grave que es lo que dará a los docentes la seguridad de que, si lo hacen bien, no habrá consecuencias graves para ellos, aunque ocurra un accidente” asegura Abengochea.
Por ello, pregunta al Departamento de Educación qué factores deben concurrir para que una negligencia sea considerada grave, con qué asesoramiento jurídico especializado cuenta para poder determinarlo, si se han estudiado mecanismos adicionales de exención de responsabilidad para el profesorado en caso de accidente y si van a desarrollar formación en esta cuestión con el fin de mejorar el marco de seguridad jurídica que se exige desde la comunidad educativa.
“Es evidente que la consejera ha desarrollado una Orden más formal que efectiva y que le importa poco si se cancelan las actividades complementarias de los centros públicos. Clarificar qué se considera negligencia grave y mejorar lo planteado para la evaluación de riesgos ayudaría a garantizar el desarrollo de las actividades complementarias con normalidad”, concluye.
