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Cuatro años son suficientes. El STEC-IC lleva años denunciando el estado de las infraestructuras
educativas de Canarias. Ya no hablamos de una incidencia aislada, de una ola de calor excepcional,
ni de un centro concreto.
Hablamos de goteras, humedades, aulas inutilizadas, instalaciones eléctricas obsoletas, paredes
agrietadas, amianto, barracones, sistemas contra incendios inoperativos, falta de espacios de sombra,
centros sin adaptar a las altas temperaturas y obras que interfieren con la actividad lectiva.
Y hablamos, sobre todo, de personas.
De alumnado que tiene derecho a acudir a clase sin que las deficiencias de su centro comprometan su
seguridad, su salud o su bienestar. De alumnado con mayores necesidades de apoyo que no puede ser
condenado a estudiar en instalaciones deficientes. Y de trabajadores y trabajadoras que tienen derecho
a desarrollar su actividad en condiciones seguras y saludables.
El STEC-IC ya denunció públicamente que determinadas infraestructuras educativas presentan
condiciones que ponen en riesgo la integridad física de docentes y alumnado. También denunció
situaciones de emergencia en varios Centros de Educación Especial, con barracones, tuberías con
amianto, paredes agrietadas y sistemas antiincendios inoperativos. Y, como si de una norma se tratara,
goteras, humedad, polvo, aulas inutilizadas y, recientemente, el calor.
Llevamos años escuchando hablar de protocolos, planes y futuras actuaciones mientras miles de
docentes y estudiantes continúan expuestos a temperaturas que pueden provocar mareos,
deshidratación y golpes de calor.
La respuesta vuelve a ser lo que tendría que ser una excepcionalidad: reducir actividad, suspender la
presencialidad y mandar a alumnado y profesorado a casa.
Cerrar un centro no climatiza un aula. Un protocolo no elimina el amianto. Un plan no repara una
gotera. Un anuncio no arregla una instalación eléctrica.
Y mandar al alumnado a casa no sustituye a la prevención.
Nuestro sindicato ha dado ya un paso más y ha acudido a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
para que investigue el cumplimiento de las obligaciones preventivas de la Administración ante las
altas temperaturas.
Será la autoridad competente quien determine las posibles responsabilidades legales. Pero las
responsabilidades políticas las exige STEC-IC.
Después de cuatro años, ya no vale responsabilizar permanentemente a lo heredado. Tampoco
presentar un nuevo protocolo cada vez que la realidad demuestra que el anterior no basta. Quien
asume la gestión de las infraestructuras educativas asume también la responsabilidad de planificar,
prevenir, ejecutar y rendir cuentas.
Cuatro años son tiempo más que suficiente para juzgar políticamente los resultados de esa gestión.
Por ello, desde el STEC-IC se ha acordado exigir la dimisión inmediata del director general de
Infraestructuras y Equipamientos, D. Iván González Carro.
Y las responsabilidades no pueden detenerse ahí.
STEC-IC exige también la dimisión del consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad
Física y Deportes, D. Hipólito Alejandro Suárez Nuez.
No pedimos estas dimisiones por un hecho aislado, las exigimos por la acumulación de problemas
que STEC-IC viene denunciando y por considerar agotado el tiempo concedido a quienes tienen la
responsabilidad política de solucionarlos.
No vamos a esperar a que ocurra algo grave para exigir lo que debería haberse garantizado antes:
prevención, seguridad y unas infraestructuras educativas dignas.
La educación pública canaria no necesita más excusas. Necesita centros seguros. Necesita inversión.
Necesita prevención. Necesita resultados.
SECRETARIADO NACIONAL DEL STEC-IC
