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Imagen Towfiqu barbhuiya - unsplash
Las reformas y compromisos acordados en el diálogo social entre 2021 y 2024 garantizan la suficiencia de las pensiones públicas y su sostenibilidad financiera a largo plazo, y dan continuidad de las reformas acordadas entre 1995 y 2011, en el marco del pacto de Toledo y el Diálogo Social y constituyen la mejor garantía para nuestras pensiones públicas y de continuidad y pervivencia de estas reformas.
Por el contrario, la única reforma que no subsiste es la que se aprobó, por el PP, sin acuerdo alguno en 2013 y que reducía sustancialmente la cobertura de las pensiones públicas, hasta que fue derogada en 2021
Los sucesivos informes técnicos elaborados por organismos oficiales como la AIReF, la Comisión Europea y el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, validan el cumplimiento de la senda de ingresos, gastos y sostenibilidad de las pensiones públicas, que se ha diseñado entre 2021 y 2024, que incluyen una revisión y evaluación trienal, desde el compromiso con el sistema de pensiones desde los marcos de representación política y de concertación social
Es profundamente irresponsable cuestionar la sostenibilidad del sistema ignorando las herramientas que nos hemos dado para garantizar un sistema de pensiones comparable para todas las generaciones presentes y futuras en materia de pensiones
CCOO lamenta que, una vez más, se estén utilizando argumentos falsos en la precampaña electoral para sembrar dudas respecto de la garantía de sostenibilidad de las pensiones públicas y amenazar así la revalorización de las pensiones y preparar un discurso con el que parece se quieren justificar futuros recortes.
Las medidas acordadas en el diálogo social entre 2021 y 2024 han reforzado de forma estructural los ingresos del sistema de Seguridad Social y, gracias a ello, ha conseguido garantizar al mismo tiempo la suficiencia de las prestaciones y la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema de pensiones.
Los efectos de estas medidas de ingresos se contraponen con los recortes impuestos en el año 2013, ahora felizmente derogados, como la casi-congelación de las pensiones con revalorizaciones del 0,25%, o la reducción de las pensiones de las generaciones más jóvenes mediante el llamado “factor de sostenibilidad” que reducía automáticamente la pensión inicial en función del crecimiento de la esperanza de vida.
La recuperación del marco de acuerdos político y social amplios, tanto en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, como en la mesa de diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales, han devuelto al sistema de Seguridad Social a la senda de la legitimación social y la estabilidad institucional y financiera.
La vuelta a la senda del diálogo y el acuerdo social y político marcada en el Pacto de Toledo ha permitido que el sistema de pensiones no sólo haya vuelto a poder revalorizar las pensiones para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los 10 millones de pensionistas o derogar el “factor de sostenibilidad” que reducía las pensiones iniciales de las generaciones más jóvenes de trabajadores, sino que también ha posibilitado el reforzamiento de medidas orientadas a la reducción de la brecha de género, la equiparación de los periodos cotizados a tiempo parcial y a jornada completa, la ampliación del derecho a cotización de los periodos de becas y formación, la garantía de suficiencia de las pensiones mínimas y pensiones no contributivas (ahora automáticamente ligadas al umbral de riesgo de pobreza), …
Las reformas acordadas en el marco del diálogo social contienen además un mecanismo participado de evaluación y seguimiento que mida periódicamente la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo. En dicho mecanismo de evaluación intervienen diferentes organismos oficiales, como la AIReF, la Comisión Europea, el gobierno y el parlamento, además de prever también la participación de los interlocutores sociales (sindicatos y empresarios). Los sucesivos informes técnicos de evaluación que se han producido hasta el momento han confirmado la solvencia de la reforma y el mantenimiento del conjunto del sistema de pensiones dentro de los marcos de evolución de ingresos y gastos que se han previsto y acordados como necesarios para garantizar un sistema de pensiones a las generaciones de actuales pensionistas y para las que accederán a esta situación en el futuro, tanto el inmediato como el más distante de las personas más jóvenes.
Quienes ahora en precampaña electoral ponen en duda la sostenibilidad del sistema de pensiones sobre argumentos falsos o medias verdades en realidad buscan volver a romper el marco de concertación del Pacto de Toledo y facilitar así la justificación para futuros recortes.
CCOO recuerda a estos partidos políticos que las únicas reformas que se han mantenido en vigor desde 1995 han sido las acordadas en el marco de la mesa de diálogo social y en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo; y que las reformas de recortes impuestas unilateralmente en 2013 han sido derogadas porque carecían de legitimación social. Conviene que nadie olvide que las reformas pactadas y con la doble legitimación política y social, perviven y no lo hacen las que carecen de ella.
