"A Canarias hay que defenderla, pero de ustedes"

·        La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Nayra Alemán reclama la devolución de la actualización de la Ley del Suelo que considera un retroceso ambiental, democrático y social, y exige un gran pacto canario que sitúe el interés general por encima de la especulación

·        Denuncia que el proyecto de ley contiene preceptos contrarios a la legislación básica estatal, cuestionados por el Consejo Consultivo

·        Los socialistas consideran que la reforma debilita la protección ambiental e invade competencias de Cabildos y Ayuntamientos y advierten que el proyecto desprotege el suelo rústico y renuncia a utilizar las plusvalías urbanísticas para generar vivienda pública

·        "Esta propuesta es desreguladora e insostenible, además de reincidente"

 La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Nayra Alemán defendió esta semana en el Pleno de la Cámara regional la enmienda a la totalidad presentada por los socialistas al Proyecto de Ley de actualización de la Ley del Suelo, al considerar que la iniciativa del Ejecutivo de CC y PP supone un retroceso en la ordenación territorial, debilita las garantías ambientales y pone el territorio al servicio de intereses especulativos.

Alemán advirtió que la Cámara regional no está debatiendo una simple modificación técnica ni una agilización de procedimientos administrativos, sino una vez más, en referencia a la Ley del Suelo de 2017, dos modelos antagónicos de entender el futuro de Canarias.

Frente a la propuesta del Gobierno, que calificó de "desreguladora e insostenible, además de reincidente", defendió el modelo socialista basado en la cohesión territorial, el desarrollo urbano sostenible, la protección de la biodiversidad, el respeto a la autonomía municipal e insular y la función social de la propiedad para garantizar vivienda protegida.

En este sentido, uno de los principales argumentos de la enmienda socialista es la existencia de graves tachas de inconstitucionalidad en el texto, advertidas por el Consejo Consultivo de Canarias. En concreto, este órgano cuestiona la adecuación a la legislación básica estatal de los artículos 123, 154.4 y 172 del proyecto.

La diputada socialista explicó que el Artículo 123 elimina los requisitos de carácter estratégico y de necesidad sobrevenida o urgente para los Proyectos de Interés Insular o Autonómico, convirtiendo una figura excepcional, avalada por el Tribunal Constitucional bajo condiciones muy concretas, en una vía ordinaria para impulsar actuaciones públicas o privadas al margen de la planificación insular y municipal.

También cuestionó el Artículo 154.4, que permitiría modificar la clasificación del suelo atendiendo a situaciones de hecho sin suficiente justificación de interés general, y el Artículo 172, que contempla exenciones indeterminadas de obligaciones urbanísticas relacionadas con las plusvalías que deben retornar a la comunidad. "Aprobar una ley con preceptos inconstitucionales no agiliza nada; condena a Canarias a la inseguridad jurídica y a la paralización judicial de licencias", advirtió.

Además, Alemán denunció el ataque a la autonomía de los siete cabildos y los 88 ayuntamientos, y recordó las objeciones trasladadas por los cabildos de Gran Canaria y Fuerteventura a la tramitación y al vaciamiento de competencias insulares, así como la oposición de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) a los Proyectos de Renovación Especial de Suelos Industriales, por reducir la capacidad municipal de decisión urbanística.

Por su parte, criticó también la tramitación urgente de este proyecto de ley, que ha reducido los plazos de participación, y la ausencia de informes fundamentales de organismos como la Agencia Tributaria Canaria, el Consejo de Espacios Naturales Protegidos y la Red Canaria de Reservas de la Biosfera.

A su juicio, no se puede aprobar una norma que condicionará el futuro territorial del Archipiélago sin escuchar a las instituciones y órganos responsables de protegerlo.

En materia ambiental, alertó que la reforma debilita la protección del suelo rústico, facilita la introducción de usos comerciales e industriales en terrenos protegidos y abre la puerta al silencio administrativo positivo en determinadas obras provisionales. Una orientación que, señaló, contradice el principio de no regresión ambiental y ha suscitado la preocupación de colectivos ecologistas como Ben Magec, Turcón y Attahay.

La diputada socialista también reprochó al Gobierno canario que desaproveche la reforma para afrontar la emergencia habitacional, y criticó que mantenga cesiones insuficientes de plusvalías urbanísticas y permita sustituir la entrega de suelo para vivienda protegida por compensaciones económicas o parcelas desvinculadas territorialmente. "La plusvalía la genera la comunidad y debe retornar a la ciudadanía en forma de suelo público para construir vivienda protegida", defendió.

Alemán insistió que la devolución del proyecto responde a cinco exigencias: seguridad jurídica, autonomía institucional, protección ambiental, derecho a una vivienda asequible y consenso social y territorial.

"No es un acto de obstrucción política, sino de responsabilidad institucional y de amor por Canarias. A Canarias hay que defenderla, pero de ustedes", afirmó.