Éramos plenamente conscientes de que para tomar decisiones sólidas y fundamentadas que tuvieran impacto real era preciso primero paralizar la concesión de licencias y los procesos urbanizadores para poder planificar; y abrir un periodo de amplia reflexión colectiva, con participación de universidades, ayuntamientos y cabildos, empresarios, sindicatos, colegios profesionales o colectivos ecologistas; así se hizo.