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En este sentido, en estos días se ha dado a conocer un informe del Observatorio Social de la Caixa, titulado Reforzar el bienestar social. Del ingreso mínimo a la renta básica”, de un grupo de expertos que plantea la necesidad de hacer cambios profundos en el sistema de protección social porque hay nuevas necesidades sociales y económicas, como la pobreza infantil, además de comprobar que el sistema fiscal, al menos el español, no genera mucha redistribución de la renta. Y aquí aparecería la renta mínima.
Pues bien, por nuestra parte, hacemos un breve análisis de un precedente histórico al respecto de renta mínima, pero también de pensiones. Y para ello viajamos a la época final de la Ilustración y el inicio de las Revoluciones políticas de la mano de un personaje norteamericano de origen inglés harto interesante.
Efectivamente, estamos hablando de Thomas Paine (1737-1809), protagonista fundamental en la Historia de la democracia occidental. Publicista y agitador, luchó en la fascinante época de la Revolución americana y la Revolución francesa, pero también de la menos conocida, pero no menos importante, de los reformadores británicos, entre los que destacaron el radical Spence, el socialista agrario Ogilvie, o Godwin, a caballo entre el socialismo y el anarquismo. En realidad, no podemos calificar a Paine de socialista, pero sus intereses y reflexiones teóricas le llevaron a tratar la cuestión de la propiedad, estableciendo algunas ideas del socialismo reformista posterior.
Paine ha pasado a la Historia por su clara defensa de los derechos del hombre, pero para asegurar su respeto o garantía nuestro protagonista no se quedó solamente en la defensa de un profundo cambio del concepto de Estado y de la necesidad de la creación de un régimen representativo, aunque sean éstos aspectos revolucionarios evidentes. En sus dos principales obras, Derechos del Hombre (1792) y Justicia agraria (1796), Paine exponía la necesidad de una sociedad democrática, pero con una clara redistribución de la renta por medio de la presión fiscal, y con una atención pública clara a los ancianos. La propiedad debía ser respetada porque era considerada un derecho natural en línea con lo defendido en su momento por Locke, pero la gran propiedad debía estar gravada. El producto de este impuesto serviría para compensar el prejuicio sufrido por los ciudadanos sin tierra. Quienes no tuviesen tierra, al llegar a la mayoría de edad (21 años) se les entregaría un pequeño capital, y a partir de los 50, una renta anual. Estaríamos hablando, realmente, de una renta mínima garantizada, en el primer caso, y de pensiones en el segundo.
Sin lugar a dudas, estas ideas estarían esbozando aspectos del muy futuro Estado del Bienestar, tan desarrollado posteriormente en el ámbito ideológico y práctico anglosajón, al menos en materia de pensiones.
