La racionalidad como argumento para la instauración de una República

En estos tiempos ha reverdecido de forma evidente el espíritu republicano entre la opinión pública española a raíz de los acontecimientos que hemos conocido en relación con personajes fundamentales de la Corona.
Opinión25 de febrero de 2026 Eduardo Montagut
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Teodoro Andreu (1870–1935)

Parece que esos hechos del pasado más o menos reciente y hasta del propio presente han hecho que el republicanismo resucite después de algún tiempo relativamente largo en el que había permanecido como en estado latente y solamente defendido por minorías.

Pues bien, este artículo de opinión no pretende emplear este argumento para defender la República. En todo caso, nos parece cierto que no se puede negar, por mucho que se empeñen los monárquicos en hacerlo, que el supuesto desprestigio de personajes dinásticos termina por afectar a una institución donde es tan importante, a pesar de su escaso poder efectivo, la figura que lo encarna, seguramente más que en una República, donde el jefe del Estado tiene mandatos limitados, y vinculados directa o indirectamente a la voluntad general.

Pero tampoco nos interesa la creencia, muy extendida en los círculos republicanos, sobre la idea de que un régimen republicano ahondaría más en la democracia y/o en los derechos de todo tipo, y muy especialmente de tipo social. Eso era válido en la Historia contemporánea de nuestro país, como lo demostraría el Proyecto Constitucional de 1873 o la Segunda República, comenzando por su Constitución y terminando con la batería de reformas profundas que se llevaron a cabo o se intentaron llevar a cabo, pero hoy no lo creemos porque todo dependería del color del presidente de la República, en caso de un sistema presidencialista, o del Gobierno salido del legislativo, en una República más parlamentaria.

Entonces, ¿por qué instaurar o buscar la instauración de una República? Pues contamos con un breve, pero contundente argumento en un párrafo de una de las intervenciones parlamentarias más brillantes de nuestra democracia, y que seguiremos empleando en estos artículos de opinión de signo republicano. No estamos refiriendo al voto particular socialista, obra del diputado e intelectual, Luis Gómez Llorente, defendida en el Congreso el 11 de mayo de 1978 sobre la postura socialista en relación con el apartado tercero del primer artículo del anteproyecto constitucional referido a la jefatura del Estado.

Así es, en un condensado párrafo explicó la razón por la que los socialistas eran republicanos, esto es, porque no creían en el origen divino del poder, ni compartían la aceptación de carisma alguno que privilegiase a este o a aquel ciudadano simplemente por razones de linaje. El principio dinástico, o el derecho dinástico, añadiríamos nosotros, por sí solo no haría acreedor de poder a nadie sobre los demás ciudadanos. Luego añadió la cuestión concreta de las decisiones de Franco sobre la sucesión de la Jefatura del Estado, pero nos quedamos con lo anterior por su validez atemporal y universal, aunque volveremos sobre ello para aportar más argumentaciones de otro tipo.

En conclusión, defendemos la instauración de una República por un principio vinculado intensamente con la igualdad. Nadie, en función de nada, ni del carisma ni por supuestos principios dinásticos, puede adquirir el derecho a disfrutar de la máxima magistratura de un Estado, que debe ser ocupada, fieles al espíritu ilustrado e intensificado por la democracia y el socialismo, según un principio racional, es decir, por un hombre o una mujer, iguales al resto de hombres y mujeres, y fruto del ejercicio y fiscalización de la voluntad general.

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