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Drago La Palma criticó el inicio de las obras de la primera desaladora pública para riego agrícola en la Isla, una infraestructura que supondrá una inversión de unos dos millones de euros de dinero público y que fue presentada por el Cabildo como una actuación de emergencia sin haber abordado previamente los problemas estructurales y las pérdidas constantes del sistema hídrico insular.
La portavoz de Drago La Palma, Sara Hernández, recordó que “desde el nacimiento de Drago Canarias en 2022 venimos señalando que el problema del agua en La Palma no se resuelve simplemente produciendo más agua, sino gestionando mejor la que ya tenemos” e hizo hincapié en que “la prioridad no es la desaladora, sino solucionar las pérdidas de agua”.
En ese sentido, Hernández subrayó que el principal problema del agua en la isla no es únicamente la disponibilidad del recurso, sino la falta de control, de datos fiables y de eficiencia en su gestión, y sostiene que “estamos construyendo la casa por el tejado y antes de invertir dinero público en producir más agua deberíamos saber cuánta agua se pierde, dónde se pierde y cómo se está utilizando realmente”.
Por su parte, desde Drago La Palma se recuerda que distintas fuentes públicas apuntan a pérdidas muy elevadas en algunas redes municipales de abastecimiento, en algunos casos por
encima del 50 %, una situación que se considera incompatible con la decisión de invertir millones de euros en nuevas infraestructuras para producir agua.
“El propio diagnóstico técnico de la gestión del agua en la isla señala problemas importantes de pérdidas y de ineficiencia en el sistema”, prosiguió Hernández, y explicó que “si una parte tan importante del agua que ya tenemos se pierde por el camino, añadir nuevas fuentes de agua no resolverá el problema el problema, simplemente lo trasladará”.
Consumo de combustibles fósiles
En el contexto actual, la desalación también plantea ciertas dudas desde el punto de vista energético y económico. Hernández asegura que la oposición a la desaladora “no surge solamente desde una posición política, la literatura científica sobre el llamado nexo agua-energía lleva años advirtiendo de que la desalación es una de las formas de obtención de agua con mayor consumo energético, a lo que hay que sumar los costes de elevar el agua desde el nivel del mar a cotas más elevadas”.
En territorios insulares como Canarias, donde el sistema eléctrico sigue dependiendo en gran medida de combustibles fósiles importados, esto implica vincular directamente el precio y la seguridad del agua a la volatilidad del petróleo y del gas en los mercados internacionales.
Para la portavoz de Drago La Palma, priorizar este tipo de infraestructuras en el actual contexto de inestabilidad energética es una decisión difícil de justificar, y defiende que “de todas las decisiones que estaban en manos del Consejo Insular de Aguas, apostar ahora por meter más agua en el sistema a través de un proceso altamente dependiente de combustibles fósiles puede ser una de las más irresponsables, especialmente cuando la normativa europea nos obliga a avanzar hacia una transición que permita reducir en un 55 % las emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar al menos un 32 % de energías renovables para 2030”.
Recogido en el Plan Hidrológico de La Palma
El propio Plan Hidrológico de La Palma calcula la demanda agraria en función del tipo de cultivo y de sus dotaciones hídricas, lo que demuestra que la planificación del agua debe basarse en datos objetivos sobre necesidades reales.
Sin embargo, en la actualidad se sigue funcionando con un sistema donde muchas veces ni siquiera sabemos con precisión cuánta agua consume cada explotación. Para Drago La Palma, garantizar un uso eficiente del recurso pasa necesariamente por mejorar el control del sistema mediante contadores obligatorios, automatización de los sistemas de reparto y datos claros sobre extracción, distribución y consumo.
En este sentido, Hernández recordó que estas ideas han sido defendidas reiteradamente por la formación en artículos, intervenciones públicas y posicionamientos políticos en los últimos años: “No estamos diciendo nada nuevo, llevamos tiempo insistiendo en que el problema del agua en La Palma no es solo de disponibilidad, sino de gestión, de control y de planificación”.
La organización también recuerda que el propio Plan Hidrológico reconoce problemas en las infraestructuras de transporte y distribución, así como pérdidas de recursos dentro del sistema hidráulico insular: “Cuando el propio Plan admite que parte del agua se pierde o llega a las fincas cuando no es necesaria, resulta difícil entender que la prioridad política vuelva a ser producir más agua en lugar de arreglar primero esas ineficiencias”, planteó la portavoz.
Además, desde Drago La Palma se recuerda que la desaladora que ahora se presenta como obra de emergencia ni siquiera aparece contemplada en el Plan Hidrológico de la isla, que sí recoge la previsión de destinar 100.000 euros a realizar un estudio sobre la necesidad de implantar desaladoras (EDAM).
Por ello, la formación exige que ese estudio sea público antes de continuar con las obras. “Si el propio Plan Hidrológico reconoce que primero hay que estudiar si estas infraestructuras son necesarias, lo mínimo exigible es que ese estudio sea accesible a la ciudadanía antes de seguir adelante con la desaladora”, señaló Hernández.
Desde Drago La Palma también se recuerda que la desaladora está prevista para inyectar agua precisamente en el sistema de la Comunidad de Regantes Breñas-Mazo, donde en invierno se registran excedentes de agua. “Es difícil explicar que se quiera producir agua desalada para un sistema en el que, durante los meses de invierno, hay agua que directamente se tira”, concluyó Hernández.
