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En 2025, más de 85 apicultores de Uruguay denunciaron una mortandad masiva de abajas que afectó a 15 000 colmenas. Sin embargo, es posible que hayan muerto muchas más ya que algunos apicultores podrían no haber hablado por temor a sufrir represalias por señalar a los agricultores que controlan sus tierras. Imagen: Sebastián Demov / Sociedad Apícola del Uruguay
MONTEVIDEO – A fines del año pasado, el sector apícola uruguayo se enfrentó a un evento de mortandad masiva que ha reavivado el debate sobre el modelo de producción agrícola.
Lo que comenzó como reportes aislados, se transformó en una crisis que afectó oficialmente a unas 15 000 colmenas y a más de 85 apicultores, aunque Jihmy Fiorelli, presidente de la Sociedad Apícola del Uruguay (SAU), advierte que la cifra real podría ser mucho mayor. “Esa cantidad podría duplicarse, muchos apicultores no quisieron hacer la denuncia por temor a ser expulsados de los campos”, comentó, espacios que suelen alquilar.
Esto se debe a que, en Uruguay, los apicultores instalan sus colmenas en los mismos campos donde se siembra soja, maíz y canola, ya que dependen de la variedad floral y las condiciones de fertilidad del suelo de esos predios para asegurar una producción de miel.
En 2025, había 2200 apicultores registrados en Uruguay y más de 550 000 colmenas, que producían aproximadamente entre 9000 y 12 000 toneladas de miel al año. Hoy, los apicultores están cada vez más preocupados por el uso de “cócteles” de pesticidas por parte de los agricultores, que pueden suponer una amenaza para su sector.
Las colonias de abejas de Uruguay suelen perder alrededor de 30 % de su población cada año, debido al estrés nutricional y a la exposición tanto a pesticidas agrícolas como a otros productos químicos. Sin embargo, varios investigadores señalaron que este último factor constituye un riesgo cada vez más importante.
Estela Santos, entomóloga de la Universidad de la República (Udelar), sostuvo: “Pudimos confirmar que fue intoxicación por productos químicos. No se explica por ninguna enfermedad”.
Si bien la investigación liderada por Santos detectó el insecticida Clorantraniliprole en al menos dos de las 24 muestras analizadas, para la mayoría el estudio descartó la presencia de insecticidas. Esto ha llevado a los científicos a centrar su hipótesis en la mezcla de herbicidas y desecantes que, aplicados simultáneamente, podrían haber generado un efecto tóxico letal no previsto en las etiquetas individuales de cada producto.
Esto también fue señalado por Gustavo Fripp, productor apícola y delegado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) ante la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola (CHDA), quien explicó que para maximizar la rentabilidad en la producción agrícola se suelen preparar mezclas complejas.
“A veces se mezclan seis o siete productos y ahí sí no sabemos cuál es el efecto”, criticó. Santos también destaca que, aunque el uso individual de insumos químicos está regulado, actualmente no existen normativas en Uruguay que exijan evaluaciones de impacto para estas mezclas.
El MGAP ha informado que sus investigaciones sobre el episodio de mortandad de abejas de 2025 no han arrojado resultados concluyentes hasta el momento. No se ha encontrado ninguna molécula química que se repita de forma sistemática en todas las colmenas afectadas. Agustín Giudice, director general de Servicios Agrícolas del ministerio, sostuvo que se inclinan por una explicación multicausal que combina factores nutricionales, sanitarios y de manejo, junto con la exposición a agroquímicos.
La Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) emitió un comunicado en el que, ante el episodio de mortandad, instó a “realizar todas las investigaciones pertinentes”. Además, destacó la importancia de que la producción apícola y agrícola puedan coexistir.
En los últimos diez años, Uruguay ha visto una expansión de la superficie agrícola dedicada a cultivos extensivos, especialmente soja y maíz, que han marcado récords históricos de producción en la última campaña.
Este crecimiento, en tanto, ha ido acompañado por un elevado volumen de insumos químicos. Datos preliminares del MGAP indican que en 2024 se importaron 31 millones de litros de herbicidas.
El paraquat —clasificado como moderadamente peligroso por la Organización Mundial de la Salud (OMS)— fue uno de los más importados después del glifosato.
Giudice defendió la necesidad de estas herramientas para la competitividad del sector. No obstante, este avance tecnológico tiene costos ecológicos que trascienden a las abejas. Según Santos, en Uruguay existen más de 500 especies de insectos benéficos que cumplen roles de polinización y desintegración de materia orgánica, y “nadie los está controlando”.
Fiorelli describió el impacto de las fumigaciones como un “desfasaje ecológico monstruoso” que afecta a avispas, mangangás (grandes abejas nativas de Sudamérica) y mariposas.
Para Santos, uno de los mayores problemas es que Uruguay autoriza productos químicos basándose en la “Dosis Letal 50”, un indicador internacional que mide la toxicidad de una sustancia, es decir, la cantidad necesaria para provocar la muerte de 50 % de los organismos de ensayo en condiciones de laboratorio.
Si bien este parámetro permite comparar niveles de toxicidad entre productos, no siempre se ajusta al ecosistema local debido a diferencias en clima, flora o comportamiento de polinizadores, sostuvo.
Estas diferencias, en opinión de Santos, podrían significar que las normas internacionales sobre productos químicos son insuficientes para evaluar la mortandad localizada: un producto químico importado concreto podría resultar más letal en los campos uruguayos de lo que sugiere su etiqueta. Lamenta que esto aún no haya “logrado captar la atención” de las agencias reguladoras para impulsar una actualización de los protocolos de evaluación de impacto.
También hay implicaciones comerciales. Un estudio reciente reveló que casi 50 % de los ingredientes activos de los plaguicidas autorizados en América Latina no están permitidos en la Unión Europea (UE), por motivos de protección ambiental.
Además, 88 % de los ingredientes activos de los plaguicidas cuyo uso está aprobado en al menos un país latinoamericano, y que están clasificados como de alto riesgo por la OMS, no están permitidos en la UE. En concreto, Uruguay cuenta con 86 ingredientes activos aprobados que están prohibidos en la UE.
A nivel interno, la fiscalización se ve limitada por cambios legales recientes. Fripp señala que la Ley de Urgente Consideración aprobada en el período de gobierno pasado eliminó la obligatoriedad de declarar las fumigaciones de los campos por parte de los productores, volviéndolas únicamente voluntarias.
“Eso llevó a que las declaraciones cayeran abruptamente. Que se retome el camino de la obligatoriedad es uno de los mayores reclamos [de los apicultores]”, señaló.
Si bien expertos y autoridades aseguraron que la coexistencia entre la agricultura intensiva y la apicultura es posible y “va de la mano”, en la práctica la relación parecería ser cada vez más conflictiva.
Los apicultores operan en terrenos agrícolas mediante acuerdos privados, pero estos se han vuelto más frágiles. Según Fripp, mientras algunas gremiales agrícolas sugieren que se les otorgue el uso exclusivo de la superficie para producir sin restricciones de las colmenas, los apicultores dicen depender precisamente de esa misma zona fértil para desarrollar su actividad.
Frente a este escenario, surgen alternativas como el Manejo Integrado de Plagas (MIP) y el uso de bioinsumos.
El MIP es una estrategia de producción que combina distintas herramientas como monitoreo sistemático de cultivos y uso selectivo de productos químicos para reducir la dependencia de plaguicidas. En esa lógica se inscriben también los bioinsumos, productos de origen biológico como extractos vegetales o insectos utilizados para el control de plagas y enfermedades.
Investigaciones internacionales sugieren que el entrenamiento en prácticas agroecológicas puede reducir el envenenamiento por plaguicidas hasta en 73 %.
Sin embargo, la transición hacia esas herramientas en Uruguay enfrenta una barrera económica. Fripp reconoce que si bien los bioinsumos se han comenzado a utilizar en el país, “son más caros y todavía representan una porción muy menor del mercado.”
De todas formas, señaló que estos “no son una solución mágica”, sino que deben integrarse dentro de un esquema más amplio de manejo.
Por ello, Santos insiste en que la convivencia real exige “aprender a ceder espacios, horarios y prácticas” como, por ejemplo, aplicaciones nocturnas de químicos o evitar fumigar durante la floración para proteger a los polinizadores.
Uruguay aprobó recientemente la creación de un impuesto a los plaguicidas que tanto la OMS como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) consideran los más peligrosos para la salud.
Fripp ve en esto como “una señal positiva de parte del gobierno”, pero pide que los fondos recaudados lleguen directamente a los apicultores, quienes generan servicios de polinización gratuitos al Estado uruguayo valuados en hasta 400 millones de dólares anuales, según indicó en base a estimaciones sectoriales manejadas desde 2023 en el ámbito de la CHDA.
Este artículo se publicó originalmente en Dialogue Earth.
