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Imagen Tim Hüfner - unsplash
Las prisiones están experimentando una transformación. La función moderna de castigo y rehabilitación abre cada vez más sus portones a dispositivos de control social masivo y, en ciertos contextos marcados por la inseguridad y el miedo, a instrumentos más amplios de dominación política.
Este desplazamiento no es completamente nuevo —recuerda los ergastula romanos o los sistemas de encierro en economías esclavistas—, pero adquiere hoy una escala y legitimidad social inéditas. El delito es una mercancía. Por eso, la obscenidad del poder convive cada vez más con la criminalidad, especialmente con la rentabilidad del delito y de su castigo.
Como planteó Michel Foucault, la modernidad sustituyó el suplicio por la disciplina: la prisión no solo castiga, sino que produce sujetos disciplinados. Sin embargo, en contextos contemporáneos marcados por crisis de legitimidad institucional, inseguridad y fragmentación social, ese modelo disciplinario parece estar mutando hacia formas más directas y masivas de encierro. El encierro es cada vez más societal y no solo carcelario; no se trata ya únicamente del sujeto moderno encerrado en su individualismo, sino de un dispositivo expandido de control. Entre más se expande el miedo social, más aumenta esa deriva de coerción y negocio.
El caso de Nayib Bukele constituye uno de los ejemplos más visibles de este giro. Su modelo es admirado y comienza a ser imitado por no pocos de sus seguidores. ¿En qué se basa su aceptación? Bajo el régimen de excepción iniciado en 2022, El Salvador ha encarcelado a más de 75.000 personas. Este proceso ha sido acompañado por la construcción de megacárceles como el CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), símbolo material de una política, no solo de seguridad sino de Estado, basada en el encierro masivo.
El modelo ha mostrado resultados claros en términos de reducción de homicidios: El Salvador pasó de tasas superiores a 50 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2018 a cifras por debajo de 5 en 2023–2024. Este descenso constituye la base de la legitimidad social del régimen punitivo y ha sido documentado por organismos internacionales. Ese es el principal bastión del índice de aprobación del gobierno entre los salvadoreños.
Pero, desde otra perspectiva, con una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo (superior a 1.000 personas por cada 100.000 habitantes), ese mismo régimen es analizado por organismos internacionales y defensores de derechos humanos como una expresión de fallas estructurales del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones fundamentales. Algo no funciona cuando, para que el país funcione, se requiera de ese alto índice de confinamiento.
Es decir, su “eficacia” presenta tensiones significativas. Diversos informes de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado detenciones arbitrarias, ausencia de debido proceso y condiciones de reclusión que vulneran derechos fundamentales. A ello se suman cuestionamientos sobre la persecución y detención de abogados independientes, defensores de derechos humanos y periodistas críticos. Además, el debilitamiento del sistema judicial y la concentración de poder en el Ejecutivo sugieren que el modelo no solo responde a una política de seguridad, sino también a una reconfiguración del equilibrio institucional. El modelo carcelario se volvió el espejo de lo que antes se resolvía manu militari.
Pero el CECOT no es solo un dispositivo carcelario orientado a reducir la criminalidad; se ha convertido también en un artefacto de branding político. Para el gobierno salvadoreño, funciona simultáneamente como plataforma de negocios, marca personal y recurso de posicionamiento internacional.
Este patrón no es exclusivo de El Salvador. En Estados Unidos, el encarcelamiento masivo —particularmente desde la “guerra contra las drogas”— ha producido el sistema penitenciario más grande del mundo, con más de 1,8 millones de personas privadas de libertad. En este caso, el encierro se articula con un complejo industrial-carcelario en el que participan empresas privadas, generando incentivos económicos para la expansión del sistema.
En los últimos años, además, en ese país el encierro ha sido utilizado como herramienta de gestión migratoria. Políticas de detención de migrantes en Estados Unidos y en países aliados —incluyendo centros de detención en la frontera o acuerdos de externalización migratoria con gobiernos aliados— han convertido la privación de libertad en un mecanismo rutinario para administrar flujos humanos. En estos casos, el encierro no responde a delitos penales, sino a condiciones administrativas, lo que amplía la frontera entre control migratorio y control penal. En esa lógica, el CECOT y las cárceles que éste inspira entre sus vecinos comienzan a perfilarse también como una ampliación funcional de estas estrategias de externalización de la coerción.
En este contexto, la cárcel deja de ser únicamente una institución del sistema penal para convertirse en un dispositivo transversal de gobernanza y mercado. Se articula con discursos de seguridad, miedo e “indeseabilidad social” que legitiman el encierro de poblaciones específicas: jóvenes pobres, migrantes, minorías raciales o sujetos considerados disruptivos. Más que un desplazamiento fuera de sus límites tradicionales, lo que observamos es una intensificación y rearticulación de tecnologías de poder que ya operaban socialmente, ahora reforzadas por lógicas de excepción, securitización y negocios.
Así, más que afirmar que el panóptico ha salido de la cárcel, conviene reconocer —siguiendo a Michel Foucault— que nunca estuvo confinado a ella. La vigilancia, la normalización y la producción de sujetos dóciles han operado históricamente en instituciones como la escuela, el trabajo, la familia o la religión. Lo que caracteriza el momento actual no es su expansión, sino su reconfiguración bajo condiciones de crisis, donde el control ya no se sostiene solo en la internalización disciplinaria, sino que se combina con formas más visibles de coerción, encierro masivo y administración de las emociones. El resultado es que el panóptico ya no se limita al espacio carcelario o la autovigilancia. Opera extramuros, en sociedades atravesadas por el miedo, la inseguridad y la incertidumbre, donde el control no solo se impone desde arriba, sino que es también internalizado como demanda social. En ese terreno, el régimen carcelario no solo encierra cuerpos: organiza consensos y realineamientos políticos.
Entonces, si es la propia sociedad la que produce aquello que luego encierra, no basta con reformar las cárceles. Entre el fracaso del modelo rehabilitador y el avance del encierro como dominación, la pregunta ya no es qué hacer con las prisiones, sino qué sociedad estamos dispuestos a construir para comenzar a dejar de necesitarlas. Cambios sociales impostergables, son la solución a la desigualdad y la crisis de las instituciones. Eso no lo podrá reemplazar ningún modelo carcelario por más sofisticado que este sea.
(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.
