el Sol noticias ahora también está en Mastodon
Imagen: Photoholgic - unsplash
La alarma se encendió en la primera austral del año pasado. Los cálculos en Canberra mostraban cifras incómodas: 24 días de reservas de diésel. Veinticuatro días para mover camiones, aviones, cosechadoras, excavadoras y trenes en uno de los países más extensos del planeta. Una economía entera sostenida por un hilo marítimo que, ante cualquier tensión geopolítica en el Indo-Pacífico, podría cortarse sin previo aviso.
Ese número —24 días— está muy por debajo del estándar que recomienda la Agencia Internacional de Energía para garantizar seguridad de abastecimiento energético. Y no es el único dato que incomoda: Australia importa el 91% de los combustibles líquidos que consume cada año, lo que le cuesta más de 50.000 millones de dólares anuales y explica cerca de un tercio de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Un país con uno de los sectores agrícolas más competitivos del mundo, con vastas extensiones de cultivos y una ganadería que abastece mercados globales, atrapado en una dependencia energética que podría resolverse, en buena parte, desde sus propios campos.
Esa paradoja lleva años documentada. Lo hizo Deloitte en el informe Refined Ambitions, encargado por la Clean Energy Finance Corporation (CEFC) —el banco verde estatal australiano—, que proyectó que la agricultura y la ganadería del país podrían abastecer hasta 12.800 millones de litros de combustibles sostenibles hacia 2050, movilizando un mercado de 36.000 millones de dólares y evitando la emisión de 230 millones de toneladas de CO₂ equivalente. Lo hizo también GrainGrowers —la organización que nuclea a los productores de granos y oleaginosas del país y trabaja en política pública, investigación y defensa sectorial— con su informe Reaping the Benefits, que planteó una advertencia concreta: sin procesamiento local de materias primas, Australia seguirá exportando commodities y comprando de vuelta combustible elaborado en otro lado.
El gobierno de Anthony Albanese escuchó. En septiembre de 2025, anunció una inversión de 1.100 millones de dólares australianos —unos 725 millones de dólares— a lo largo de diez años para impulsar una industria nacional de combustibles líquidos bajos en carbono, con foco en biodiésel y combustible sostenible para aviación (SAF, por sus siglas en inglés). Un mes después, abrió una consulta pública para diseñar una Estrategia Nacional de Materias Primas para Bioenergía, convocando a productores, investigadores, gobiernos subnacionales e industria a construir colectivamente la hoja de ruta.
Era un comienzo. Pero para las organizaciones más representativas del agro australiano, no era suficiente.
La Federación Nacional de Agricultores (NFF, por sus siglas en inglés) —el principal organismo que representa a los productores agropecuarios a nivel nacional en Australia, con incidencia directa en política federal— no suele sentarse a la misma mesa que los fabricantes de azúcar para emitir comunicados conjuntos. Tampoco lo hace habitualmente con los cañeros del norte de Queensland. Y GrainGrowers, enfocada en los productores de granos y oleaginosas, opera en un universo productivo distinto al de la industria azucarera.
Sin embargo, por primera vez, la NFF, GrainGrowers, la Asociación de Fabricantes de Azúcar de Australia (Australian Sugar Manufacturers, ASM) y CANEGROWERS —la organización que representa a los productores de caña de azúcar en Queensland y Nueva Gales del Sur— emitieron un documento conjunto exigiendo al gobierno federal un mandato nacional de etanol y biodiésel.
Entre las cuatro organizaciones, representan a más de 150.000 empresas agropecuarias de todo el país. Es una coalición que abarca granos, oleaginosas, legumbres y caña de azúcar —una fotografía transversal del agro australiano que raramente actúa en bloque.
El pedido es concreto. Las organizaciones reclaman la implementación urgente de un mandato nacional de etanol y biodiésel; una trayectoria escalable y previsible para aumentar esa demanda en el tiempo; y la inclusión de los biocombustibles de producción nacional como combustibles elegibles dentro del Cleaner Fuels Program, el programa de inversión pública ya anunciado por el gobierno.
Según las cuatro entidades, un mandato nacional generaría la señal de demanda necesaria para aumentar el uso de la producción nacional existente, desbloquear nuevas inversiones en la industria manufacturera regional y proporcionar a los agricultores y procesadores australianos una vía fiable para convertir los cultivos y subproductos agrícolas en productos de mayor valor.
«Lo que esta situación ha demostrado es cuán vulnerable es Australia ante los shocks globales y cuán rápido las disrupciones en insumos críticos pueden poner en riesgo la producción de alimentos y los negocios regionales», declaró Mike Guerin, director ejecutivo de la NFF. «Simplemente no podemos permitirnos estar en esta posición de nuevo. Los productores ya abastecen materias primas que impulsan industrias de biocombustibles en el exterior. Es lógico e inteligente apoyar una industria doméstica.»
Shona Gawel, directora ejecutiva de GrainGrowers, fue más técnica: «El sorgo y el trigo australianos están bien posicionados para alimentar la producción doméstica de etanol. Usar más etanol es una enorme oportunidad: mejora la seguridad energética, impulsa las economías regionales y diversifica nuestros mercados.»
Desde el sector azucarero, Ash Salardini, director ejecutivo de ASM, señaló que el etanol es una de las pocas soluciones de oferta disponibles hoy para la crisis de combustibles, y que con la infraestructura existente el país podría expandir su producción a más de 3.000 millones de litros de biocombustibles. Y Dan Galligan, de CANEGROWERS, fue directo: «Después de décadas de abogacía, el momento de actuar es ahora. La cosecha de caña está a la vuelta de la esquina. Con un mandato, podríamos hacer mucho más con este recurso renovable.»
Detrás del reclamo hay una arquitectura productiva que ya existe. Australia produce canola y sorgo a escala, cultivos que son materia prima probada para biodiésel y bioetanol respectivamente. La canola, en particular, ya se exporta a la Unión Europea como insumo para la producción de biocombustibles —lo que demuestra su competitividad y su capacidad de cumplir estándares internacionales de sostenibilidad exigentes. El CSIRO —la agencia nacional de ciencia del gobierno australiano— documentó que los biocombustibles obtenidos con canola local tienen emisiones al menos 50% inferiores a las de los combustibles fósiles equivalentes.
