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Obviamente si se puede, en los últimos tiempos vemos como funciona la política en el Estado Español y en otros países del entorno iberoamericano, donde el engaño , la mentira, el insulto y cualquier forma de confundir al elector tiene uso y finalidad, en muchos casos la destrucción de la propia democracia tal y como la conocemos hoy día, la destrucción del estado del bienestar que hoy conocemos.
Un ejemplo reciente lo encontramos en la isla de Gran Canaria, donde ha surgido una nueva fuerza política autodenominada "municipalista". A primera vista, podría parecer una iniciativa fresca y descentralizada, pero para el observador sentado en el banco de la plaza del pueblo, lo que se ve es una nueva estructura de poder creada desde un par de ayuntamientos cuyos líderes gozan de cierto respaldo electoral. El problema radica en que dichos individuos que se han unido a este proyecto han llegado a sus cargos mediante coaliciones o en listas de partidos que ahora han abandonado. Sin embargo, no han renunciado a los puestos que ocupan, sino que los retienen mientras se integran en esta nueva opción política.
El problema ético se presenta en que la mayoría de los individuos/as que se han incorporado a esta nueva opción política no han abandonado los cargos para los que salieron electos por unas siglas que han abandonado de forma ruidosa para incorporarse a la nueva opción política creada, siguen en sus puestos… pero pare ellos/as dicho problema no existe
Esta situación plantea preguntas incómodas pero necesarias: ¿se puede confiar en quienes usurpan puestos electos? ¿Es razonable esperar un comportamiento ético de cargos públicos que accedieron al poder bajo unas siglas y ahora pretenden presentarse bajo otras en las próximas elecciones sin haber abandonado los puestos que ocupan en el momento que decidieron incorporarse a la nueva opción política?
La Ley les ampara y los puestos electos son de su propiedad y no del partido o coalición con la que se presentaron pero para el observador imparcial solo son transfugas.
El transfuguismo no es solo una cuestión legal, sino moral. Socava la esencia de la representación democrática, donde los votantes eligen a sus representantes en función de programas y valores concretos. Cuando estos cambian de chaqueta sin renunciar a sus cargos, traicionan la voluntad popular y debilitan el sistema.
Las formas sí son importantes. La política no puede reducirse a un juego de intereses personales o de poder. Exigir ética a quienes nos representan no es una pretensión idealista, sino una condición básica para preservar la democracia. Si permitimos que estas prácticas se normalicen, estaremos avalando la destrucción de los cimientos mismos de nuestra convivencia.
