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Las imágenes de este dossier, fotografiadas en 2025 por Pedro Stropasolas y editadas por el departamento de arte del Instituto Tricontinental, retratan a integrantes de la Asociación de Mujeres Watinoma en Burkina Faso.1
A través de estas imágenes, destacamos los esfuerzos colectivos de estas trabajadoras para recuperar y regenerar la tierra, dando testimonio no solo del trabajo cotidiano, sino también de la solidaridad, el conocimiento y la esperanza obstinada que lo sostienen.
Antes de que las tropas francesas invadieran el recodo del río Níger en la década de 1890, las sociedades de África Occidental ya habían desarrollado sistemas para gobernar la tierra, el agua y la movilidad pastoral. En Mali, los manuscritos de Tombuctú producidos entre los siglos XV y XIX vinculaban la legitimidad política con la protección de los medios de subsistencia, combinando el razonamiento jurídico con la observación astronómica para anticipar las lluvias y las inundaciones estacionales.6 El Imperio Macina (1818–1862) formalizó posteriormente este enfoque a través de la dina (un código legal integral que regulaba el uso de la vasta llanura aluvial estacional del río Níger, el Delta Interior del Níger, entre lxs pastorxs fulani, lxs agricultorxs dogon y bambara, y lxs pescadorxs bozo). Este sistema era supervisado por una jerarquía de autoridades, incluidos los jefes pastorales conocidos como jowros, que coordinaban la entrada estacional del ganado, mantenían los corredores ganaderos y mediaban los conflictos por los recursos basándose en los patrones de inundación observados (Benjaminsen y Ba, 2021: 4-26, 73).
Estos manuscritos y sistemas de gobernanza demuestran que la gestión de los recursos y el medio ambiente en Mali era inseparable de la legitimidad política, la obligación social y el trabajo productivo, en lugar de ser tratada como un problema técnico de seguridad. El estrés ambiental era entendido como un fracaso político cuando lxs gobernantes no protegían los medios de subsistencia. Lo que hoy se describe como “conflicto estimulado por el clima” es, en realidad, el resultado de la destrucción sistemática de la capacidad estatal necesaria para gestionar los sistemas regulatorios, primero por el colonialismo francés, luego por la formación del Estado neocolonial y, hoy en día, intensificada por el cambio climático antropogénico que opera dentro de estructuras de desarrollo estancado.
El colonialismo francés desmanteló la capacidad regulatoria de las instituciones existentes mientras conservaba sus funciones extractivas. En Mali, la ley de tierras despojó a los jefes pastorales de su estatus jurídico al tiempo que seguía utilizándolos para controlar el acceso pastoral y recaudar tasas, generando una condición de doble ilegitimidad, al perder tanto la autoridad consuetudinaria como la jurídica. Al reconocer únicamente los títulos de propiedad individuales, la legislación colonial sobre la tierra subordinó los derechos consuetudinarios y pastorales de uso de la tierra, privilegió la agricultura sedentaria y dejó al pastoreo móvil en una situación de precariedad jurídica.
El primer presidente de Mali, Modibo Keïta (1960–1968), desafió este legado. Inspirado en el socialismo del Tercer Mundo, su gobierno se retiró de la Comunidad Francesa,7 abandonó el sistema monetario respaldado por Francia conocido como la zona del franco CFA, nacionalizó industrias clave y promovió un desarrollo dirigido por el Estado orientado a restituir la autoridad sobre la tierra y los recursos, en un contexto de creciente variabilidad ambiental, incluidos los esfuerzos por limitar el poder político de las élites pastorales intermediarias. Esto incluyó el rechazo de los planes respaldados por Francia para externalizar el control de los recursos en las regiones desérticas de Mali, en particular la Organisation commune des régions sahariennes [Organización Común de las Regiones Saharianas – OCRS], un proyecto colonial francés tardío que buscaba mantener el control sobre el territorio y los recursos del Sáhara más allá de las fronteras coloniales, avivando las divisiones entre grupos étnicos.
El gobierno militar de Moussa Traoré (1968–1991), que derrocó a Keïta mediante un golpe de Estado en 1968, revirtió estas medidas y restableció un papel privilegiado para las empresas y las finanzas francesas en el comercio, la banca y la contratación pública durante la década de 1980. Esta restauración de los privilegios comerciales franceses revelaba la función del régimen de Traoré dentro del sistema Françafrique (una matriz informal de mecanismos políticos y económicos de control francés en sus antiguas colonias africanas). Al igual que con otros líderes nacionalistas radicales en el África francófona, el desafío de Keïta al control neocolonial fue abruptamente suprimido.
Bajo el mandato de Traoré, los jefes pastorales fueron paulatinamente rehabilitados, pero dentro de unas estructuras legales y administrativas que habían perdido su función de coordinación precisamente cuando la variabilidad ambiental se intensificaba. Los códigos de propiedad de tierras reconocían únicamente los títulos de propiedad individuales, lo que redujo los derechos consuetudinarios a débiles derechos de uso y transformando a los jefes pastorales de gestores de recursos en agentes de extracción de rentas. A medida que las precipitaciones se volvían cada vez más irregulares tras las sequías de finales de la década de 1960 hasta la de 1980 y la “recuperación” parcial de la década de 1990, que se estancó hacia 1999, el acceso a los corredores de pastoreo y a los pastizales de las llanuras aluviales se volvió más disputado, lo que permitió a lxs políticxs redefinir la entrada del ganado como una fuente de ingresos. Aunque los jefes pastorales seguían siendo responsables de gestionar estos corredores, carecían de autoridad legal sobre ellos y pasaron a depender de los funcionarios del gobierno local que controlaban el acceso y extraían rentas.
El aumento de las tasas de acceso a los pastizales de las llanuras aluviales, impulsado por la necesidad de financiar sobornos a funcionarios locales, recaía de manera desproporcionada sobre lxs pastorxs de las tierras áridas. A diferencia de lxs agropastorxs, no disponían de tierras agrícolas a las que recurrir, y sus rebaños dependían del acceso estacional a los pastizales de las llanuras aluviales del delta. Mientras tanto, agencias estatales como la autoridad de desarrollo arrocero Office riz Mopti (Oficina de Arroz de Mopti) confiscaban pastizales ricos en nutrientes sin ofrecer compensaciones significativas por la pérdida de acceso al pastoreo a las comunidades pastorales a las que en teoría servían, mientras que los tribunales emitían fallos deliberadamente ambiguos en un clima de sobornos generalizados, perpetuando el conflicto para garantizar la extracción continua. Aunque las instituciones de gobernanza pastoral permanecieron formalmente en pie, su capacidad para coordinar la tierra, el agua y la movilidad bajo la creciente presión climática fue desmantelada sistemáticamente (Benjaminsen y Ba, 2021).
Los programas de ajuste estructural (PAE), implementados a partir de 1988 y profundizados durante la década de 1990, agudizaron esta crisis al desmantelar la capacidad del Estado para regular la tierra, el agua y la movilidad precisamente cuando la variabilidad de las precipitaciones se intensificaba. Las condiciones impuestas por el Banco Mundial y el FMI redujeron el personal de extensión veterinaria y agrícola, eliminaron los subsidios a los insumos (con fuertes aumentos en los precios de los fertilizantes), privatizaron el mantenimiento de los puntos de agua e impusieron una devaluación monetaria del 50% en 1994, lo que colapsó la infraestructura rural al tiempo que forzaban una comercialización orientada a la exportación (Banco Mundial, 1996; FMI, 1998; Inter-reseaux, 2020). A medida que desaparecía la capacidad de mediación, se intensificó la competencia por la tierra y se criminalizó la movilidad pastoral, lo que generó una extracción de rentas continua de las economías pastorales. Lxs pastorxs fulani de clase baja fueron desposeídxs sistemáticamente mientras los funcionarios estatales y las élites pastorales acumulaban rentas. La gobernanza pastoral se convirtió en un mecanismo de extracción. El cambio climático intensificó estas condiciones al reducir los pastizales disponibles, aumentar lo que estaba en juego en el control de acceso y forzar migraciones más largas hacia territorios desconocidos donde una extracción depredadora podía imponerse con mayor facilidad (Benjaminsen y Ba, 2019: 1-20).
A medida que el Estado se retiraba de sus funciones de gobernanza, los grupos armados, no movimientos de liberación, sino actores que explotaban el vacío dejado por el colapso institucional, actuaron para dar respuesta a las reivindicaciones materiales que ninguna autoridad política estaba dispuesta a enfrentar. Entre 2015 y 2018, Katiba Macina (el Frente de Liberación de Macina), un grupo yihadista armado formado en 2015 que reclutaba su base principalmente entre pastores fulani marginalizados y que, a partir de 2017, operó bajo la bandera de Jama’at Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (Grupo de Apoyo al Islam y a los musulmanes, JNIM por su sigla en árabe), afiliado a al-Qaeda, abolió todas las tasas de pastoreo. Estas tasas habían sido impuestas por los jefes pastorales para acceder a los pastizales de la llanura aluvial, ricos en nutrientes y habían consumido una parte sustancial de los ingresos en efectivo de lxs pastorxs (Benjaminsen, 2024: 41-69). La abolición de las tasas eliminó una fuente importante de extracción de rentas, aliviando la carga económica y mejorando el acceso a los pastizales para lxs pastorxs de tierras áridas. Para los hogares más pobres, esto significó un alivio material inmediato, con frecuencia, la diferencia entre la viabilidad y la desposesión (Benjaminsen y Ba, 2019).
En este contexto, la división de clases dentro de las comunidades fulani y dogon moldeó los patrones de movilización armada. Entre lxs fulani, los jefes pastorales adinerados y propietarixs de ganado se enfrentaban a lxs pastorxs pobres de tierras áridas. Las comunidades agrícolas dogon se estratificaron de manera similar entre propietarixs de tierra vinculadxs a los programas estatales y agricultorxs sin tierra que enfrentaban inseguridad alimentaria. Las políticas estatales utilizaron estas divisiones de clase como arma. La Oficina de Arroz de Mopti desplazó corredores pastorales y accesos a pastos de manera que favoreciera a lxs agricultorxs adineradxs, generalmente sin compensación significativa para lxs pastorxs. A medida que las fuerzas estatales se retiraban de las zonas rurales después de 2015, las autoridades malienses delegaron la seguridad local a las milicias de cazadores dozo (fraternidades tradicionales reconvertidas en grupos armados) y les proporcionaron entrenamiento, armas y apoyo financiero. La más estructurada de estas milicias, Dan Na Ambassagou, reclutaba principalmente entre la juventud dogon empobrecida, cuya desposesión canalizaron hacia una hostilidad étnica dirigida contra las comunidades fulani, en lugar de contra las élites que despojaban a ambos. Las consecuencias fueron devastadoras. En la masacre de Ogossagou de marzo de 2019, los combatientes de Dan Na Ambassagou asesinaron a aproximadamente 160 civiles fulani, una atrocidad que forzó la renuncia del primer ministro, pero no produjo una rendición de cuentas duradera (Nsaibia, 2025).
Si bien el estrés climático no creó esta división de clases, multiplicó sus efectos: las lluvias erráticas y los pastizales degradados significaban que el acceso oportuno al delta se volvía aún más crítico, transformando las tasas abusivas en barreras existenciales. Fue esta intensificación de la extracción preexistente, no la escasez en sí misma, lo que impulsó a lxs pastorxs a la resistencia armada.
A pesar de imponer códigos sociales coercitivos, incluidas restricciones a la libertad de movimiento de las mujeres y violencia contra quienes disentían, Katiba Macina logró resolver disputas de tierras, regular el acceso a los pastos y hacer cumplir las indemnizaciones por daños a los cultivos, desempeñando así funciones de gobernanza que el Estado neocolonial había abandonado. El impacto económico concreto de la abolición de tasas ayuda a explicar por qué lxs pastorxs de tierras áridas apoyaron a Katiba Macina y, posteriormente, a JNIM en general, ya que esta organización abordaba agravios que ninguna otra fuerza política había enfrentado. Después de que Katiba Macina restableciera tasas menores en 2018, bajo la presión de los jowros, muchos pastorxs de tierras áridas trasladaron su lealtad a Dawlat il Islamia (el Estado Islámico en el Gran Sahara, EIGS), una nueva facción alineada con el Estado Islámico formada a finales de 2019, cuyo llamado a la colectivización de la tierra y al fin de los pagos por el acceso a los pastizales apelaba directamente a lxs fulani de clase baja (Benjaminsen y Ba, 2019; Benjaminsen y Ba, 2021).
La división entre JNIM e EIGS no se debió a diferencias en la doctrina religiosa ni a estrategias de adaptación climática, sino a la cuestión de si las élites fulani podían continuar extrayendo rentas de lxs pastorxs pobres. El llamado del EIGS a la colectivización de la tierra desafió directamente el poder de clase de los jefes pastorales, captando el apoyo de lxs fulani de clase baja que enfrentaban tanto el estrés ambiental como la explotación de clase sistemática. El estrés climático amplificó estas dinámicas al hacer más crítico el acceso a los recursos, pero la lucha en sí misma era una disputa sobre quién fijaría las reglas de movilidad, acceso a los pastos y compensaciones en el delta. La narrativa estatal del “conflicto étnico” ha servido para ocultar estas dinámicas de clase. Al presentar la violencia como un antagonismo primordial entre fulani y dogon, impide la solidaridad entre lxs agricultorxs y pastorxs pobres que enfrentan la explotación a manos de la élite y justifica las operaciones militares como una forma de “contraterrorismo”.
En este contexto, la Alianza de Estados del Sahel (AES), formada en septiembre de 2023 por Mali, Burkina Faso y Níger y formalizada como confederación en julio de 2024, representa un intento de romper con la dependencia neocolonial y recuperar el control de los recursos, abriendo espacio para una adaptación climática integral. Los documentos de planificación de Mali, la Estrategia Nacional para la Emergencia y el Desarrollo Sostenible 2024–2033 y Mali Kura ɲɛtaasira ka bɛn san 2063 ma [Un nuevo Mali: Una visión para 2063], enmarcan explícitamente la soberanía como un requisito previo para la restauración ambiental y promueven políticas como la inversión pública en infraestructura de riego y pastoril, la restauración de los corredores de pastoreo y la priorización de la soberanía alimentaria por sobre la agricultura orientada a la exportación.
Sin embargo, la AES enfrenta profundos retos, como la deuda heredada, su limitada capacidad industrial, el conflicto armado en curso y la presión de Francia y la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO). La dependencia de Mali de inversionistas extranjeros plantea preguntas cruciales sobre si la AES será capaz de alcanzar una soberanía genuina o cederá ante los intereses del imperialismo francés. No obstante, esta alianza se hace eco del reconocimiento de Keïta de que las crisis ambientales no pueden abordarse sin confrontar al imperialismo.
Darfur, del árabe Dār Fūr, significa “patria del pueblo fur”. No obstante, hoy la palabra evoca con frecuencia una sensación de crisis natural permanente. Catalogado como “el primer conflicto del mundo provocado por el cambio climático” por organizaciones humanitarias, funcionarios de la ONU y analistas de política exterior, esta designación oculta tanto como explica (Kamen, 2021). Cuando el entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, declaró en 2007 que “el conflicto de Darfur comenzó como una crisis ecológica, surgida al menos en parte del cambio climático”, realizó un conocido juego de manos: reconoció el estrés ambiental al tiempo que ocultó sistemáticamente la economía política que transformó la sequía en genocidio (2007). La narrativa avanza de manera predecible: a medida que el desierto del Sahara avanza un kilómetro y medio al año y las precipitaciones disminuyen entre un 15% y un 30%, lxs pastorxs árabes y lxs agricultorxs africanos negros compiten por recursos cada vez más escasos y se reavivan antiguos odios étnicos. El clima se convierte en el motor principal. La clase desaparece por completo.
La violencia que estalló en Darfur en 2003 y que posteriormente se extendió a Kordofán y el Nilo Azul no fue ni un brote repentino de conflicto étnico ni una combustión espontánea de la escasez. Fue precipitada por una convergencia estructural en la que la aceleración de las alteraciones climáticas se entrecruzó con una economía política forjada por una prolongada reestructuración neoliberal y la depredación estatal. El conflicto es, en esencia, una guerra de clases ecológica. El Estado ha desmantelado sistemáticamente los medios de vida tradicionales, privatizado los recursos comunales y creado una población desposeída que depende de una economía militarizada, todos ellos factores que han amplificado la precariedad ambiental. El resultado es más que una crisis humanitaria; es la reestructuración violenta de la sociedad para la acumulación de capital.
El deterioro físico del medio ambiente de Sudán es agudo: el 40% de los años registrados (entre 1943 y 2017) en Darfur del Sur fueron clasificados como años de sequía, junto con el avance hacia el sur de la desertificación (PNUMA, 2007; Atiem et al., 2022: 1069). No se trata de una “escasez” neutral: es una consecuencia geográficamente desigual del orden económico mundial, que ha externalizado sus costos ecológicos hacia la periferia. En Sudán, la aceleración del calentamiento antropogénico actúa como un brutal amplificador de las vulnerabilidades existentes.
El estrés ecológico solo se convierte en una catástrofe cuando se encuentra con un sistema político que antepone el lucro a las personas. En Sudán, el punto de inflexión llegó con el golpe de Estado de 1989 y la reestructuración neoliberal bajo Omar al-Bashir, impuesta por los PAE del FMI y el Banco Mundial, que exigían la eliminación de los subsidios agrícolas, la privatización de las tierras comunales y el desmantelamiento de los servicios de apoyo estatal (Bush, 2007). Esta retirada estratégica del Estado destruyó el contrato social en las zonas rurales de Sudán. El régimen de al-Bashir utililizó activamente esta nueva ecología política como arma, transformando la tierra de un recurso comunal en una moneda de clientelismo asignada a las élites afines al régimen que mecanizaron la agricultura, bloquearon los corredores pastorales y despojaron a lxs agricultorxs (de Waal, 2005). Para sofocar la agitación resultante, el Estado subcontrató la violencia a milicias pastoralistas, los Janja’wid (demonios a caballo), otorgándoles carta blanca para apoderarse del ganado, las cosechas y la tierra (Tricontinental y Asamblea Internacional de los Pueblos, 2025). En este proceso, los activos fueron transferidos violentamente de manos comunitarias a privadas, creando una nueva clase de acumuladores militarizados.
La fiebre del oro del siglo XXI, impulsada por los mercados globales, superpuso una frenética lógica extractiva sobre este sistema. Las milicias, en particular las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF por su sigla en inglés), evolucionaron hasta convertirse en empresas capitalistas que controlaban minas y rutas de contrabando. (Craze, 2025). El desplazamiento de la población impulsado por el clima ha creado una reserva de mano de obra desesperada y abierto nuevos territorios para la captura de recursos, monetizando de manera efectiva el desplazamiento humano y ecológico (Romankiewicz y Doevenspeck, 2015: 79-100).
La narrativa de “árabes contra africanos negros” es una poderosa herramienta política que el régimen cultivó y utiliza activamente para contener un conflicto de clases en auge. Esta estrategia etnificó lo que era fundamentalmente una crisis por los medios de producción, sobre todo la tierra fértil y el agua, bajo condiciones de escasez inducida. Ha impedido la conformación de un frente unificado de lxs desposeídxs y ha permitido que los grupos armados recluten siguiendo líneas de identidad fragmentadas, capitalizando la angustia de un pueblo cuya esperanza de una vida digna ha sido aniquilada.
El camino hacia la radicalización sigue un circuito claro de desposesión. Los hombres jóvenes, separados de los medios de vida agrarios o pastorales por impactos ecológicos y económicos combinados, ven su fuerza de trabajo convertida en mercancía en su forma más brutal: como combatientes armados. Por lo tanto, las RSF no son simplemente una milicia. Operan como una empresa gobernante que ofrece salarios, resolución de disputas y protección en zonas donde el Estado solo ofrece abandono o violencia. Unirse a ellas se convierte en una estrategia racional de supervivencia en una economía colapsada, transformando el estrés ecológico en mano de obra militar (Verhoeven, 2011: 679-707).
En este contexto, los actores internacionales son componentes integrales del sistema que configura y explota la crisis, y no salvadores externos. Entre estos actores se encuentran:
La revolución sudanesa de 2019 y los comités de resistencia persistentes (organismos de base barrial que coordinaron el levantamiento y continúan organizando la gobernanza civil en medio de la guerra) representan un profundo desafío a toda esta estructura (Mohamed Sahil, 2021). Sus demandas de democracia, justicia y paz son a la vez antiimperialistas y ecológicas, dado que un proyecto soberano y progresista en Sudán requeriría desmantelar la economía de guerra, renacionalizar y democratizar el control sobre la tierra y la riqueza mineral, y poner en marcha una restauración agroecológica masiva para reconstruir la resiliencia comunitaria. Esto confrontaría directamente los intereses de la élite local militarizada y de sus patrocinadores internacionales, intereses que ambos actores nacionales del conflicto actual (las Fuerzas Armadas de Sudán y las RSF) buscan proteger. Esta guerra es, trágicamente, una batalla entre facciones rivales de esa élite por el botín del sistema, que mantiene a las masas atrapadas en la ecología de la desposesión. Una verdadera resolución no se alcanzará mediante un alto al fuego entre generales que representan a esa élite, sino mediante una transformación revolucionaria de las relaciones político-ecológicas que definen la vida sudanesa.
En todo el Sahel, las condiciones de vida han estado definidas desde siempre por el desierto. Artistas como Tinariwen, una banda tuareg considerada pionera del llamado “blues del desierto”, han cantado sobre el exilio, el despojo y la sed en el norte de Mali. Su canción Tenere maloulat [El desierto blanco] describe una condición familiar para la mayoría de los habitantes en la región: “perdidx en la noche, mi sed, mi deseo de agua me despertó”. Ni metáfora ni constatación de un hecho natural, esta canción engloba las condiciones políticas vividas por los pueblos del Sahel. Cuando quienes habitan el Sahel cantan al agua negada, a la tierra perdida, a la vida relegada a los márgenes, nombran lo que este dossier ha argumentado: la catástrofe climática en el Sahel no se experimenta como un cambio ambiental abstracto, sino como la intensificación de una economía política ya de por sí violenta. La sequía, el calor y las lluvias irregulares se vuelven catastróficos allí donde el imperialismo, la reestructuración neoliberal y la depredación estatal han desmantelado las protecciones colectivas y transformado la tierra, el agua y el trabajo en sitios de extracción. La sed, en el Sahel, es creada por el capitalismo.
Lo que está en juego es una lucha por la soberanía, el poder de clase y la organización social de la propia naturaleza. Cualquier camino hacia adelante debe, por lo tanto, romper con la securitización climática y centrarse, en su lugar, en la soberanía alimentaria, el control democrático sobre la tierra y el agua y la reconstrucción de instituciones públicas y comunitarias capaces de gestionar la variabilidad ambiental. El futuro del Sahel no se asegurará con muros fronterizos, bases militares o mercados, sino enfrentando las estructuras capitalistas e imperialistas que convierten el estrés climático en despojo y guerra. En este sentido, la lucha que se desarrolla en el Sahel no es periférica a la lucha global contra el capitalismo, es uno de sus frentes más intensos.
1El reportaje completo con las fotografías originales, publicado en Brasil de Fato bajo el título “Como Burkina Faso está vencendo o deserto com agroecología” [Cómo Burkina Faso está venciendo el desierto con agroecología], 8 de noviembre de 2025, está disponible en: https://www.brasildefato.com.br/2025/11/08/entenda-como-a-agroecologia-e-um-dos-pilares-da-revolucao-agricola-em-burkina-faso/.
2Para leer un excelente ensayo que critica el uso del marco tribalista para entender la política de Kenia, véase Nyong’o y Karugu, 2023. La crítica clásica es la de Mafeje, 1971.
3La insolación solar se refiere a la cantidad de energía solar recibida por una región, que varía en función de la inclinación del eje de la Tierra y las variaciones orbitales, lo que influye en los patrones de temperatura y precipitación.
4El IPCC AR6 WG1 (2021) concluye que las tasas de calentamiento actuales no tienen precedentes en al menos los últimos 2.000 años. En el Sahel en particular, las sequías que comenzaron a finales de la década de 1960 y persistieron durante la de 1980 constituyeron “el ejemplo más dramático a nivel mundial de variabilidad climática que ha sido medida de manera directa y cuantitativa”. En comparación, el fin del Período Húmedo Africano, el cambio de régimen climático más significativo del Holoceno en la región, tuvo lugar a lo largo de cientos a miles de años, aunque incluyó subperíodos abruptos de décadas (2021a; Hulme, 2001: 19-29; Collins et al., 2017: 1372; Foley et al., 2003: 524-32; Trauth et al., 2024: 3936).
5No obstante, una creencia no científica en la desertificación permanente resulta igualmente inútil (Gangeron et al., 2022: 1-11).
6El Tratado político de al-Maghili (c. 1450–1504) articula principios que vinculan la legitimidad política con la protección de los medios de vida agrícolas y pastorales, así como la prohibición de la apropiación arbitraria de tierras y la monopolización de los pozos. Las benditas virtudes de los oficios y la agricultura (c. 1500–1900) enaltece el trabajo productivo y denuncia el acaparamiento especulativo. El conocimiento del movimiento de los astros (c. 1733) documenta la observación astronómica utilizada para predecir lluvias, inundaciones y patrones de enfermedad (Al-Maghili, s.f; Anónimo, s.f; Al-Tawathi al-Ghalawi, 1733).
7La Comunidad Francesa fue un marco constitucional de corta duración creado por Francia en 1958 durante el proceso de descolonización.
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